"Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras o no van o están quietas. Voy a decir una para que no diga que es al voleo: (Rocco) Morabito. ¿Hace cuánto que se escapó por la puerta de la cárcel y todavía no sabemos nada?”.

El reclamo no es nuevo, porque ha estado en la conversación pública impulsado por la coalición de gobierno en más de una oportunidad, pero esta vez el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, decidió expresarlo con una claridad inusual. La queja oficialista es que algunos casos que investiga la Fiscalía tienen resultados concretos -con las consecuencias políticas que eso genera en esta sociedad y con este nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que es público y hace visible los procesos judiciales y las partes claves de las investigaciones- y otros no, o se demoran, o se diluyen sus efectos mediáticos, o el actual oficialismo no puede cobrarle cuentas a la actual oposición, como el mandatario sugirió que ocurre, por ejemplo, con la causa que indaga qué ocurrió en el invierno de 2019, cuando el famoso mafioso se fue caminando de Cárcel Central y Eduardo Bonomi puso su cargo a disposición.

La respuesta de Lacalle Pou fue en un contexto determinado, y en un momento en que la agenda estaba puntualmente detenida en la renuncia de Pablo Iturralde como presidente del directorio del Partido Nacional, luego de que se conociera una conversación que había tenido con Gustavo Penadés en marzo de 2023, cuando el exsenador recién había sido denunciado por abuso sexual por Romina Papasso, y en ese intercambio se insinuaba que el entonces presidente nacionalista buscaba incidir en la designación de la fiscal que asumiría en este caso.

Esto llevó a inmediatas criticas del Frente Amplio, y a una respuesta de Lacalle Pou, que también incluyó: “Yo no quiero que todas (las causas) vayan lentas. Lo mejor, para que la gente tenga Justicia, es que vayan lo más rápido posible”. El juicio, en tiempos electorales, hoy no es necesariamente unánime dentro del Partido Nacional. De hecho, y por poner un caso, el precandidato a presidente Jorge Gandini dijo en entrevista con El País que no tenía hoy “la misma opinión” que la del mandatario y otros “colegas” blancos.

Foto: Darwin Borrelli

“Hay muchos buenos fiscales y la Fiscalía tiene problemas intrínsecos a la gestión que le hemos encomendado y al marco que le hemos dado. Y además vamos aprendiendo con la práctica: nos pidieron US$ 80 millones para instrumentar el cambio que legalmente establecimos. Le dijimos que no y les dimos US$ 10 millones. Eso quiere decir menos fiscales de los necesarios, menos capacitación, menos asistentes, menos adjuntos, menos administrativos, menos fiscalías”, dijo Gandini. Y agregó: “Después, hay tendencias (políticas), sí, pero tampoco dramatizo eso”.

Sin embargo, es extendida la opinión en el oficialismo de que no solo la causa de Morabito no ha registrado avances; hay otras, como la que indaga las irregularidades cometidas en el Hospital Policial que tampoco ha tenido novedades, o varias denuncias que ha presentado el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Martín Lema -contra la coordinadora de ollas por mal manejo de los alimento o por maltratos en el Sistema de Cuidados identificados al asumir- que tuvieron igual destino: escaso o nulos avances. Mientras que en otras -favorables a la oposición- como el caso Marset o Penadés, si bien están en trámites, la opinión pública ya ha conocido o detalles de la causa o hacia dónde apunta la indagatoria.

La fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero actualmente tiene una agenda de trabajo completa, “casi sin respiro”, señalaron allegados a la jerarca. En estos días, el Ministerio Público está próximo a instalar la cuarta Fiscalía de Homicidios con conversión de recursos propios, una resolución tomada este año por Juan Gómez -de licencia médica- a principios de año, para canalizar la alta demanda de investigación de asesinatos que tiene el organismo.

Pero la demanda es alta en todas las Fiscalías, aunque este problema ha estado presente prácticamente desde noviembre de 2017, que fue cuando entró en vigencia el nuevo CPP.

Actualmente, las Fiscalías de Flagrancia tienen un promedio de 700 casos en lista de espera, según indicaron a El País fuentes del Departamento de Políticas Públicas de este servicio descentralizado. Y en las Fiscalías de Delitos Económicos, por poner otro caso, el número varía según las oficinas, pero en la que está a cargo de Alejandro Machado, por ejemplo, la cifra suele estar por arriba de 1.600, y esto hace que causas de peso político no puedan ser todo lo priorizadas como querría su equipo. Esto, a juzgar por el presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, es excesivo y no tiene otra solución que el apoyo con recursos.

Para buena parte de los socios de la coalición hoy incide mucho la politización de los funcionarios -lo que Rosa niega. También ven como un problema que la Fiscalía esté en manos de una sola persona, cuando podría ser dirigida por un triunvirato -iniciativa que se debate en el Parlamento.

Foto: Estefanía Leal