El lunes pasado se conoció la noticia de que los senadores estadounidenses Robert Menéndez, Tim Kaine y Bill Hagerty presentaron un proyecto de ley ante el Congreso de Washington. Por un lado, los legisladores de ambos partidos propusieron la eliminación del requisito de Visa para comerciantes e inversionistas uruguayos. Por otro, la eliminación de aranceles de todos los productos uruguayos que no tengan limitación de cuotas. De concretarse, el beneficio arancelario abarcaría casi toda la oferta exportable de Uruguay hacia EE.UU. excepto los limitados por cuotas.

Este anuncio se tomó como algo positivo por el gobierno y por actores empresariales. Sin embargo, algunos expertos marcaron ciertos reparos sobre la viabilidad.

Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, dijo a El País que ve el acuerdo como una “excelente oportunidad para los exportadores uruguayos y para el Uruguay”. Por su parte, Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores de Uruguay, señaló que es “una muy buena señal de EE.UU.”. A su entender, además del posible impacto económico, esta acción ayudaría para que Uruguay se posicione como un actor “confiable” en el mundo. “Uruguay tiene que jugar todos los partidos y todas las señales ayudan a mover a las contrapartes”, aseguró.

Aunque la medida tendría un impacto positivo en el país, varios expertos alertaron por el instrumento elegido por los senadores estadounidenses para que esto suceda. La propuesta en concreto es que Uruguay sea elegible para preferencias comerciales en virtud de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe. Esto rige para un conjunto de países de esa región cuyos ingresos per cápita corresponde a naciones en desarrollo, un status al que Uruguay ya no pertenece.

Marcos Soto, director de UCU Business School, explicó que no encuentra que sea un instrumento “viable” en el marco de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que permiten que un país pueda exonerar de aranceles a otro sin exonerar a todos (cláusula de nación más favorecida). “El único instrumento para sortear esto sería el sistema generalizado de preferencias (SGP) pero Uruguay al ser considerado país de renta alta per cápita no puede acceder”, dijo.

Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales y al frente de la Cátedra Mercosur-ASEAN de la Universidad Católica, coincide y calificó este paso como una “jugada arriesgada”. “Es razonable ser cautos porque los senadores te quieren poner con países que están en un nivel de desarrollo por debajo. Por eso la decisión no tiene que ser solo de EE.UU. sino también de Uruguay. Incluso, esto podría ser reclamado o ser tomado por países de la región con una visión crítica. No es tan fácil. Y si lo acepta, dice sí a formar parte de un régimen que está pensado para países de un desarrollo distinto, con una estructura distinta. Uruguay debería al menos cuestionarse si corresponde o no. Por lo menos discutir cómo, porque no es aceptar a cualquier costo. Hay que ver si es viable desde el punto de vista político, jurídico y de imagen de cómo Uruguay quiere ser visto. En definitiva, como país estaría dando una señal”, indicó.

Incluso, a su entender, este camino no es el mejor para exonerar los aranceles. “No es el mejor desde el punto de vista político, desde el económico y tampoco desde el punto de vista de imagen”, resumió.

En la misma línea se pronunció Marcel Vaillant, economista, docente e investigador del Departamento de Economía (FCS-UdelaR) y especializado en Comercio Internacional. A su entender, la iniciativa es “extraña y rara”. “Es un permiso especial. Lo del Caribe es para países vulnerables, vale hasta 2025 y EE.UU. está obligado a hacer informes anuales de esto. Entonces, si Uruguay ingresa debe decirlo el año que viene y saltará que el país no tiene esas características”, alertó. O, en caso que sea aceptado, la situación podría llamar la atención dentro de dos años, cuando EE.UU. deba renovar este programa en la OMC, agregó.

De suceder esto, sostuvo, podría llegar a “erosionar” la imagen que tiene Uruguay hacia el mundo. “Si sucede, podría impactar en la reputación del país en Ginebra. Creo que hacer esto no le sirve a Uruguay, se erosionaría su imagen de país de serio. Por esto lo veo con baja probabilidad de que suceda. Otro problema es si esta señal es creíble y por lo tanto, ver qué empresas están dispuestas a subirse”, razonó.

Incluso, para Vaillant este camino no va en la dirección de abrir el mercado de retroalimentación y “acceso con credibilidad a EE.UU.”. A su entender, “la fortaleza de los países radica en la certidumbre política y comercial. Hay que generar condiciones de certidumbre, y esto no entra en ese camino”, sostuvo.

Vaillant incluso fue un poco más allá y cuestionó si una herramienta de apertura comercial unilateral es la mejor. “Para la apertura de comercio no sirve, siempre lo mejor es exportar pero también importar. También hay que ver la utilidad. Es frágil, hay un problema de estrategia y diagnóstico. El camino del acceso pasa por camino del crecimiento de acuerdos bilaterales, y Uruguay y EE.UU. tienen todo adelantado para hacerlo”, cerró.