Redacción El País
Desde que comenzó a regir el nuevo reglamento para las certificaciones médicas de los funcionarios públicos, cayó un 30% la cantidad de días que solicitan y también se redujo la cantidad de empleados que las piden.
Así lo reveló una comparativa que hizo la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) para los meses de abril de 2024 y 2023. Es que a partir del 1° de abril comenzó a regir la normativa para los funcionarios de la Presidencia de la República, y en esa oficina las certificaciones pasaron de 1.804 en 2023 a 1.256 en 2024, cayendo un 30%. También pasaron de 191 a 142 los funcionarios certificados, lo que implica una disminución de 26%, según supo El País.
El promedio de días de certificación sobre el total de vínculos contractuales pasó de 0,93 a 0,56.
"Las certificaciones médicas que se solicitaron y que entraron en consideración se abatieron notoriamente", dijo a El País Ariel Sánchez, director de la ONSC.
Y señaló que la aplicación del nuevo régimen "es progresiva" y comenzó únicamente en Presidencia, y que el próximo paso es en ministerios con menos de 1.000 funcionarios como el de Relaciones Exteriores, Industria, Turismo y Salud Pública, entre otros.
La idea, explicó Sánchez, es "ir subiendo el nivel de complejidad que tiene el contralor de las licencias".
El jerarca dijo que "había un convencimiento de que había desvíos en materia de las licencias que se otorgaban" y que "los números hoy permiten advertir" que era así.
De todas formas, resaltó que hay "una serie de enfermedades que no están alcanzadas" por el nuevo régimen, como las oncológicas o los padecimientos posteriores a una intervención quirúrgica.
¿Qué implica el cambio en el régimen de certificaciones médicas?
Hasta ahora a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario cuando tenían una certificación médica. A partir del nuevo sistema, tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año, los que se podrán solicitar de manera alternada o consecutiva.
Luego de eso, desde el décimo día tendrán derecho al subsidio, que podrá ser el 75% o 100% de su remuneración —para lo que se tienen en cuenta diferentes variables.
Un punto importante, que ha sido criticado por la agrupación de sindicatos de funcionarios públicos (COFE), es que para el cálculo del subsidio se excluirán beneficios sociales, antigüedad, viáticos, horas extras y partidas por transporte que recibe el funcionario.
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