DECISIÓN

Cesaron a la directora de la Dirección General del Registro de Estado Civil, Adriana Martínez Areso. En su lugar, se designó a Zulyana González López, asesora del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.

Martínez, que había asumido en marzo del 2020 con la nueva administración de gobierno, presentó su renuncia “por razones de índole particular”, indica una resolución firmada por el ministro y por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La noticia fue divulgada por El Observador y fuentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) revelaron a El País que el cese se debió a “una situación de desgaste (...) Había acumulado situaciones de desgaste con sus propios funcionarios y usuarios”, también con los intendentes por las deudas generadas, señalaron.

Semanas atrás, salió a la luz que el MEC, de quien depende el Registro Civil, no pagó a intendencias por la realización de casamientos y otros trámites que caen en la órbita del organismo.

A partir del 1° de enero de este año, intendentes, alcaldes y funcionarios de los 18 departamentos del interior -salvo en los municipios canarios de Ciudad de la Costa y Las Piedras- quedaron habilitados para casar, hacer actas de defunción e inscribir nacimientos y reconocimientos de hijos.
Según informó El País a inicios de setiembre, el Registro Civil no había concretado las transferencias correspondientes a los trámites realizados a las intendencias. Fuentes del organismo aseguraron que se debía a temas logísticos.

Por ejemplo, el intendente de Salto, Andrés Lima, señaló en su momento que con 105 matrimonios y 20 certificados brindados en su departamento, se estimaba que la deuda superaba los $ 300.000. En tanto, su par de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que la deuda hacia su comuna ascendía a unos $ 415.600.

Las fuentes del MEC indicaron que se está evaluando dónde reubicar a Martínez, en un puesto dentro de la cartera.