El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer el cese de la emergencia hídrica que se había declarado el 19 de junio producto de la histórica sequía. Para enfrentarla el gobierno aplicó medidas de asistencia a la población vulnerable del área metropolitana y realizó una obra de trasvase de agua que implicó una inversión millonaria.

El gobierno estimó “oportuno y conveniente” dejar sin efecto el decreto 177/023 tras considerar que las últimas lluvias en Montevideo y zonas aledañas “permitieron que los cursos y las principales reservas de agua utilizadas para abastecer a la población hayan recuperado parte de su caudal”. El decreto 253/023, con fecha de ayer, indicó que lo dispuesto “rige a partir del tercer día siguiente a su publicación”.

Tomando en cuenta el agua en la cuenca del Santa Lucía, en la reserva de Paso Severino y en el trasvase del río San José, se ve “con cierta tranquilidad” que “la calidad del agua es muy buena” y que de cara a los próximos días hay “muy buen abastecimiento de agua”, dijo Lacalle Pou.

La situación de emergencia hídrica implicó una inversión estatal de unos US$ 70 millones, agregó. La cifra fue para garantizar el acceso de dos litros de agua embotellada por día a más de 500.000 personas, l a obra de trasvase del río San José a la cuenca del Santa Lucía, y la renuncia fiscal para el acceso general al agua mineral.

“¿Si se hizo todo lo bien que se pudo? Siempre quedan cosas por mejorar, pero (de) lo que estaba al alcance nuestro hicimos todo lo posible”, enfatizó el presidente. “El gobierno ha prestado asistencia durante dos meses a más de 500.000 uruguayos”, entre ellos, 80.000 jubilados, aseguró.

El mandatario además planteó que tiene “mucho para agradecer” en relación al trabajo técnico de OSE, y resaltó la obra del trasvase, realizada por OSE y seis constructoras en “tiempo récord”.

Vinculado con la construcción del trasvase para garantizar hasta 200.000 metros cúbicos (m3) de agua bruta por día para el área metropolitana, Lacalle Pou también agradeció la labor de las embajadas uruguayas en Brasil y Argentina que “facilitaron” la llegada de los caños que no se fabrican en el país.

Por otra parte, Lacalle Pou sostuvo que “no se prevé ningún cambio” en el directorio de OSE, luego de que circulara la posibilidad de que finalizada la crisis hídrica su presidente, Raúl Montero, fuera apartado por cierto malestar en el Poder Ejecutivo con su labor.

Foto: Juan Manuel Ramos

“Ante una sequía y emergencia hídrica sin precedentes que azotó a Montevideo y a la zona metropolitana, el gobierno actuó a tiempo y logró no solo mantener el suministro de agua potable a la población durante el período más crítico de la emergencia, sino que realizó obras para el futuro del país”, comenzó indicando el informe de Presidencia tras el anuncio de Lacalle Pou.

Con la reserva de Paso Severino “en sus niveles más bajos y hasta incluso cerca de agotarse”, y con el río Santa Lucía “con escasa posibilidad de aportar agua dulce”, el gobierno destacó que pudo, “mediante un trabajo de ingeniería por parte de OSE para administrar las pocas reservas y con el aporte de ciertas precipitaciones, mantener durante más de un mes, de manera consecutiva, niveles de sodio y cloruro por debajo de la norma UNIT”, el límite que rige desde 2011.

Para graficar la situación, mientras Paso Severino contaba con 2.887.394 m3 al 20 de junio, ayer las reservas llegaron a 38.955.396 m3, de una capacidad total de 67.000.000 m3, según reportes oficiales. La principal reserva de agua dulce para Montevideo y zonas aledañas llegó al mínimo histórico el 5 de julio (1.117.482 m3).

Cuando comenzó la emergencia hídrica, el sodio estaba por encima del límite que fijó el Ministerio de Salud Pública (MSP) el 4 de mayo, de 440 miligramos por litro (mg/l). Esto generó malestar en la población por su gusto salobre poco agradable, que además afectó múltiples calefones, entre otros efectos. No obstante, ayer este parámetro no superó los 30 mg/l en las tres líneas de bombeo, lo que se ubica dentro de los niveles mínimos históricos.

El informe hizo un racconto cronológico de medidas, como la entrega paulatina de agua mineral. Primero fue para algunos grupos de riesgo, y luego a más población vulnerable.

Presidencia también destacó obras sanitarias que prevé iniciar este año para evitar un escenario similar en el futuro. El informe comenzó con una línea de tiempo antes de la etapa más crítica de la mayor sequía en Uruguay desde que se tienen registros. En noviembre pasado, OSE aprobó el Proyecto Arazatí, anunciado por Lacalle Pou, que implica una nueva planta potabilizadora, que toma agua del Río de la Plata, considerada una “fuente inagotable”.

En este sentido, el directorio de OSE adjudicó ayer -previa revisión del Tribunal de Cuentas (TCR)- el proyecto al Consorcio Aguas de Montevideo. “La solución más grande al problema del abastecimiento público de agua potable y a la seguridad del sistema metropolitano que comprende al 60% de la población del país”, señaló el informe, que habla de una inversión de “US$ 200 millones”.

Además, Lacalle Pou dijo ayer que se está “en vías de la licitación del saneamiento” para 61 localidades del interior con una inversión de US$ 284 millones. Sumadas ambas obras implican “la inversión más grande de los últimos 150 años en esa área”, sostuvo el presidente.

El agua que sale de la canilla en el área metropolitana ya se ubica en niveles históricos, con baja concentración de sodio, incluso debajo de algunas aguas embotelladas locales e importadas. Sin embargo, desde que los niveles de sodio comenzaron a subir en esta zona del país a comienzos de mayo, para muchos montevideanos y canarios comprar el agua embotellada supuso un cambio de hábito.

El gusto salobre del agua de la canilla alejó a consumidores y eso, en parte, se refleja en una baja del consumo diario en la zona, que hoy se ubica en 524.742 m3.

Lo cierto es que quienes siguen comprando agua mineral para beber y cocinar, notarán un cambio de precios. A horas de la emergencia hídrica, el Parlamento aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para quitar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al agua embotellada.

Así como el gobierno decretó la eliminación del Imesi. Las dos redacciones fijaron que estarían vigentes “hasta la fecha de finalización de la declaración de emergencia hídrica”, que se anunció ayer.

Esto implicará que mientras un bidón de 6,25 litros se venía comprando en almacenes y supermercados a unos $ 90, ahora volverá a su precio previo a la emergencia hídrica, de alrededor de $ 130.

Daniel Fernández, presidente del centro de almaceneros (Cambadu), dijo a El País que “la venta explotó” con la rebaja “y pasó a venderse dos o tres veces más de lo que se vendía”. Al inicio, las ventas aumentaron 300%, y en los últimos días la suba era de 20% frente a la etapa previa, acotó.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) brinda desde mayo el monto equivalente a dos litros de agua mineral por día. Primero se dio a grupos de riesgo, y luego a otra población vulnerable que hoy suma medio millón de personas. La última prestación fue el 11 de agosto, que va hasta el 11 de setiembre, y no se renovará, confirmó El País. En la emergencia hídrica, se entregaron más de 66 millones de litros a un costo de US$ 25 millones, dijo a El País el ministro Martín Lema. Además, la Intendencia de Montevideo brinda desde mayo agua mineral a población vulnerable.