Redacción El País
La Cámara de Senadores abordará hoy a partir de las 10 horas la renuncia presentada por el senador Charles Carrera del Frente Amplio. La fiscal Silvia Porteiro solicitó la semana pasada su desafuero porque entiende que cometió irregularidades al disponer, cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, que se atendiera en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un baleado en La Paloma en el año 2012. Carrera renunció a su banca y, si bien figura en las listas del Movimiento de Participación Popular como tercer candidato a la cámara alta en las elecciones nacionales de este mes, ya anunció que en caso de ser electo no asumirá su escaño. No está claro si hoy estará presente en la sesión.

Carrera señaló que una vez finalizada la campaña electoral volverá a ejercer su profesión de abogado. Además, adelantó que renunciará al subsidio que le correspondería por ser exsenador.

“Soy doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar) y cuento con estudios avanzados en Derecho Financiero. Mi intención es volver a ejercer mi profesión luego del período electoral”, escribió Carrera en su cuenta de X. Agregó que de momento va a “militar para que el Frente Amplio gane las elecciones y Yamandú Orsi se convierta en el futuro presidente de todos los uruguayos”.

Durante tres años, tanto la víctima como su hermano, Daniel, utilizaron las instalaciones del Hospital Policial. A juicio de Porteiro no tenían derecho a a recibir esa atención por no ser policías o cónyuges de uniformados. Porteiro cree que Carrera podría haber incurrido en abuso de funciones.

El hecho trascendió a través de la grabación de una charla -difundida por el programa Santo y Seña en Canal 4- en la que el senador les pedía a la madre y el hermano de la víctima silencio sobre el tema. También allí se revelaba que Hernández venía recibiendo, de forma irregular, ayuda económica (a través de tickets para alimentación) y asistencia en el Hospital Policial.

Hernández y su familia iniciaron en 2016 una demanda por daños y perjuicios contra el Ministerio del Interior y otros organismos del Estado exigiendo una indemnización de $ 29.000.000. Fue desestimada.