Varios dirigentes nacionales del Frente Amplio estuvieron en los últimos días en Rivera, como parte de la actividad que la coalición de izquierdas viene desarrollando en varios puntos del país hacia las elecciones departamentales de mayo. Entre ellos se destacaba la figura del exsenador Charles Carrera. En su caso, concurrió a respaldar la actividad de su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), del cual sigue siendo uno de sus máximos referentes a pesar de la causa judicial que lo involucra y que, espera, llegue a una pronta definición.

Carrera es investigado por la asistencia que ordenó dar, entre 2013 y 2017, desde su cargo de director general del Ministerio del Interior, a Víctor Hernández, un civil que a fines de 2012 quedó parapléjico en La Paloma a raíz de una bala perdida que lo impactó y que, se presumió en su momento, salió de una casa en la que se desarrollaba una fiesta con policías.

Lo que la fiscalía investiga -y que fue objeto de una comisión investigadora parlamentaria- es la asistencia que Hernández recibió en el Hospital Policial y la ayuda económica que se le brindó durante esos años a través de tickets de alimentación en forma presuntamente irregular, al carecer de la condición de funcionario policial. La investigación se originó a raíz de una denuncia que en 2022 presentó el ministerio comandado por ese entonces por Luis Alberto Heber. La causa está a cargo de la fiscal Silvia Porteiro y, hasta ahora, no ha tenido avances significativos. La situación procesal de exsenador sigue, por lo tanto, sin definición.

“Estos tres años de larga espera me han generado un daño muy grande”, afirmó Carrera, en una carta pública difundida la semana pasada. “Lo único que quiere es limpiar su nombre. Es lo único que tiene”, le dijo a El País un dirigente muy cercano al exsenador. El objetivo, y el reclamo, es que la causa llegue a corto plazo a una definición. Y los caminos que se abren son dos: o Porteiro lo formaliza por abuso de funciones, o decide el archivo de la causa. Según pudo saber El País, tanto el exsenador como su defensa están convencidos de que existe un cúmulo de pruebas para que lo que se determine sea lo segundo.

Foto: Estefanía Leal/El País.

El “daño” al que se refiere Carrera es, en parte, político. El exsenador recordó que en setiembre del año pasado, en plena campaña electoral, la fiscal Porteiro solicitó su desafuero para indagarlo. Esto derivó en su renuncia a la banca que ocupaba en el Senado y a ser candidato, otra vez a senador, en las elecciones de octubre. Según Carrera, la fiscal había afirmado que tomaría una definición antes del 18 de noviembre de 2024, cosa que no ocurrió.

Carrera presentó el pasado 23 de diciembre un pedido formal para que la fiscal resolviera el caso. Según afirma, la respuesta fue que aún no se tenía decidido si se avanzaría con la investigación o se resolvería el archivo del caso. El 25 de febrero el exsenador volvió a declarar. Allí presentó nuevas pruebas. Entre ellas, una serie de informes jurídicos que, en líneas generales, “coinciden” en que las acciones que desarrolló con respecto a Hernández “fueron de carácter humanitario, de buena fe y avaladas por el marco presupuestal de aquel momento”.

Dichos informes corresponden a varios profesionales, catedráticos y especialistas en derecho. Allí se cuentan Gonzalo Fernández, Carlos Delpiazzo, Jorge Barrera, José Korzeniak, Germán Aller, Miguel Pezzutti y Álvaro Richino. Algunos de estos informes fueron difundidos la semana pasada públicamente por el MPP; el viernes, en tanto, fueron presenta- dos a la Presidencia del Frente Amplio.

También presentó un informe del economista Michael Borchardt, que indicó que el accionar que se le adjudica a Carrera no supuso un daño patrimonial al Estado. El economista señaló que esto se debe al “ahorro” que tuvo ASSE por no haber asumido la atención de Hernández para la que, indicó, ese organismo no tenía las condiciones.

Foto: Estefania Leal

Carrera busca además responsabilidades a nivel del ministerio en el que alguna vez se desempeñó. El exsenador atribuyó en los últimos días el origen de su situación a su rol como denunciante en la “entrega” de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo a Katoen Natie hasta 2081 por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou. La suya, afirmó, fue una “causa armada” por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior del pasado gobierno.

Por lo tanto, la semana pasada Carrera presentó un escrito ante esa cartera, liderada ahora por Carlos Negro. La intención, según le dijo a El País su abogado, Juan Manuel González, es que la cartera indague sobre la actuación de determinados funcionarios, que aportaron información “falsa” o “incompleta” con la que se formuló la denuncia. El objetivo es que el ministerio indague si se trató de un error o de una acción con finalidades políticas.

Foto: Estefanía Leal

En octubre pasado, el exsenador Jorge Gandini, principal impulsor de una comisión investigadora que indagó los actos de Carrera, dio por seguro que este será imputado. “Lo van a meter preso”, afirmó. Gandini agregó que Carrera “nunca va a poder demostrar que fue por un acto humanitario” que se le dio atención a Hernández.

Gandini precisó que el pedido de Porteiro solo se refiere a este caso, y presentó en sala un cálculo del costo de US$ 300.000 que tuvo para el Estado la asistencia irregular que se otorgó en el Policial a Carrera, a su exesposa, a la exdiputada Susana Pereyra y a otros integrantes del MPP. Gandini habló allí de un “modus operandi” para beneficiar a ese sector.