Redacción El País
Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto, está “preocupado” y “molesto” porque el proyecto de ley que busca prevenir y reprimir la ciberdelincuencia -votado por mayoría en la Cámara de Diputados en julio y presentado por él en 2021- no ha tenido avances en el Senado.

“Ha habido un estancamiento que me llama poderosamente la atención. Realmente el accionar de los legisladores de la coalición ha ido en un sentido totalmente opuesto a los objetivos que marcaba el gobierno en temas de tecnología y de relacionamiento internacional”, dijo el diputado a El País.

Cal remarcó que “son miles y miles de uruguayos afectados por distintos tipos de ciberdelitos”, y agregó que pensó que el Parlamento tomaría “conciencia” de la importancia de aprobar la norma contra los ataques antes de que se empiece a poner en jaque al propio Estado.

El diputado cabildante dijo que se contactó con autoridades del gobierno y también con senadores de toda la coalición, pero no ha obtenido hasta ahora la respuesta deseada.

“Tampoco se ha manifestado mi partido, que no lo ha solicitado como prioritario en la agenda de la coalición de gobierno. Lamentablemente sigo solo con este tema. Ojalá no se llegue a un momento como el que tuvo que vivir Costa Rica, donde el propio presidente tuvo que declarar el estado de guerra contra un enemigo invisible”, subrayó Cal.

Sin embargo, el senador colorado Adrián Peña, quien preside la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, negó que la demora se deba al poco interés en el asunto. Según explicó, en dicha comisión “hay muchísimos proyectos” y actualmente está enfrascada en la discusión de la iniciativa que busca tipificar el delito de “enriquecimiento ilícito” y de la que pretende regular el ingreso de funcionarios a las Intendencias. Asimismo, según Peña, en los últimos meses tuvieron que estudiar asuntos complejos, como el juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el desafuero y la posterior destitución del exsenador nacionalista Gustavo Penadés.

“La bancada de Cabildo Abierto, el partido de Cal, nunca lo planteó. Igualmente a mí me interesa que se trate”, subrayó Peña.

Los bancos privados entienden que es clave la aprobación de esta ley, que ven como el primer paso para prevenir y reprimir el ciberdelito (ver recuadro).

La abogada y escribana Graciana Abelenda, quien cursa en España una Maestría en Ciberseguridad y es la autora del proyecto de ley, explicó las claves de la propuesta. “En Uruguay había una necesidad tangible y actual, que hoy se agravó, relativa a contar con un cuerpo normativo que tipifique los ciberdelitos”, indicó la especialista, consultada por El País.

Al margen de que por medios electrónicos se concretan estafas, el universo de potenciales delitos es cada vez mayor: “En los bancos se traduce a maniobras de phishing, mientras que en la vida cotidiana va desde un niño al que le piden fotos sin ropa hasta una abuela o tía a la que la contactan y la enamoran para pedirle dinero. También puede ser un chico al que le hacen ciber-bullying”.

Asimismo, en el ciberespacio los ciudadanos están más expuestos que ante un robo convencional. “Sos potenciales víctimas de un delincuente que puede estar en cualquier parte del mundo”, señaló Abelenda.

En paralelo, el Código Penal de principios de siglo XX cuenta con tipificaciones que muchas veces no hacen frente a las denuncias de este siglo.

“Las herramientas con las que contás hoy implican estirar los tipos penales. La estafa que previó el legislador claramente no se cometía a través de medios electrónicos”, agregó la autora del proyecto de ley presentado por Cal, quien subrayó: “El Derecho Penal tiene como característica que no podés hacer una interpretación analógica, sino que tenés que remitirte a lo que dice el texto. Por eso, en muchas situaciones quedan sueltos los delincuentes”.

Así es que el ciberdelito se convirtió en el tercer crimen más redituable del mundo, según Abelenda.

“Comparándolo con el narcotráfico, es más rápido, más fácil y no requiere especialización. Además, como no hay tipificación y no hay cooperación internacional, probablemente quedes impune”, señaló.

Es por esto que el proyecto de ley tiene cuatro ejes. El primero es, como su nombre lo indica, la tipificación de los ciberdelitos en el Código Penal. El segundo pone sobre la mesa la necesidad de masificar la educación financiera y sobre ciberseguridad.

En tercer lugar, permite a instituciones de intermediación financiera bancaria frenar transacciones no consentidas. “Actualmente una vez que el cliente cae, casi todos los bancos tienen líneas de reporte 24/7 y recibimos el reclamo del cliente e intentamos gestionarlo. En algunos casos podemos (actuar), pero en la mayoría nos vemos atados de pies y manos, en tanto no podemos bloquear cuentas por tiempo indeterminado”, ejemplificó la abogada.

Asimismo, el proyecto de ley propone la creación de un registro de ciberdelincuentes, para que los bancos e instituciones financieras sepan quiénes cometieron estos delitos en otra institución. El secreto bancario impide que entre instituciones intercambien esta información.

Por último, se prevé la adhesión de Uruguay al Acuerdo de Budapest, para cooperar entre los países miembros del tratado y que los crímenes no queden impunes.

Según Abelenda, por la diferencia cambiaria y los límites en las transacciones, se ha incrementado la cantidad de estafas hechas desde Argentina, país que forma parte del acuerdo.