ADVIERTEN QUE INICIARÁN JUICIOS

Desde el pasado lunes, Paso Centurión y Sierra de Ríos integran la lista de Áreas Protegidas del Sistema Nacional. Ante esa confirmación, más de cien productores rurales sostienen que sus campos fueron afectados con la decisión firmada por el presidente de la República Tabaré Vázquez, pero no hubo ninguna indemnización.

Los productores cuyos predios fueron afectados se reunieron y advirtieron que iniciarán juicios contra los organismos del Estado que los han perjudicado. El hacendado Ignacio Gigena dijo que en realidad hay más de cien productores dueños de esas 37.000 hectáreas que quedaron dentro del área protegida y a todos se les u201ccongela la producciónu201d.

u201cSi el Estado quiere parque que lo pague, si el Estado quiere reserva que nos pague a los productores, que nos indemnice, porque toda esa extensión escapa al área llamada núcleo, que es lo que realmente deben proteger. Nosotros dijimos que se redujera la zona a 5.000 hectáreas y no a 37.000. Pero no fuimos escuchadosu201d, explicó.

Los productores afirman que la zona declarada como área protegida se compone por campos de prioridad forestal que pierden valor automáticamente. Gustavo Silveira, abogado de algunos de los dueños de esas tierras manifestó a El País que su incorporación al SNAP parece superar lo necesario, pero además no favorece a posibles visitantes .

u201cEstas 37 mil hectáreas van a quedar congeladas sin ningún tipo de producción intensiva en su suelo y eso afecta un paisaje que nadie va a poder apreciar, porque el Estado no ha sido capaz de expropiar algunos de esos campos para que la gente los pueda recorrer, siguen en manos privadas porque son de propiedad privadau201d, sentenció. u201cTodo esto generará perjuicios a los propietarios debido a la prohibición de explotación de sus propias tierrasu201d, agregó Silveira.

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Esta regulación dejaría abierta asimismo una puerta a un proceso contencioso entre los afectados y el Estado, y probablemente el gobierno departamental termine pagando algunas de las consecuencias económicas, u201csin perjuicio de que la responsabilidad superior le corresponde al Poder Ejecutivou201d, señaló el abogado.

La directora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Lucia Bartesaghi, aclaró que la superficie del área total es de 37.251 hectáreas, dividida en dos partes: un área adyacente (11.415 has) y un área protegida (25.836 has). Para ambas zonas se definen distintas medidas de protección.

Bartesaghi sostuvo que u201cen la zona adyacente no se prohíbe lo que son los parques eólicos, y se habilita cierto tipo de emprendimientos forestales, con determinadas condicionesu201d establecidas después del proceso de discusión con los distintos propietarios y de la evaluación de sus reclamos para no afectar los ecosistemas y las especies. La directora Bartesaghi comunicó además que en el área protegida no se puede hacer forestación, no se permiten emprendimientos mineros ni los parques eólicos, como tampoco obras de infraestructura, por ejemplo represas.

Igualmente está prohibida la introducción de especies exóticas e invasoras, pero sin embargo no existe ninguna restricción para la cría de ganado.

La directora del Sistema de Áreas Protegidas comentó que ahora se afirma el convencimiento a nivel del gobierno nacional pero también de la intendencia de Cerro Largo en relación a u201cque se han contemplado las medidas de protección que fueron modificadas para atender el pedido de los productores en la puesta de manifiesto que se hizo en la audiencia públicau201d.