LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Uruguay atraviesa el peor momento de la emergencia sanitaria. La palabra “récord” parece perder sentido de tanto que se repite, cada día, tras el anuncio de los datos oficiales. La ocupación de CTI por pacientes con COVID-19 alcanzó el domingo el nivel rojo y la incidencia de casos positivos lleva semanas en la zona de mayor riesgo que establece la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿el sistema sanitario está al borde del colapso?

El grupo de científicos que asesora al gobierno (el GACH) analizó ayer el escenario epidemiológico en una reunión en la que solo participaron sus referentes: Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini. Los expertos están intentando despojarse de las voces más apocalípticas y de las más negacionistas para, en base a la evidencia disponible, sacar sus propias conclusiones. Las mismas serán comunicadas “a la brevedad”.

Ocurre que la respuesta a una simple pregunta no es tan lineal como una cuenta matemática. Si se considera la cantidad de nuevos casos semanales confirmados por cada 100.000 habitantes, Uruguay está en la zona de más riesgo: a partir de 150 se llega a ese máximo nivel de transmisión comunitaria y el país supera, en el promedio de dos semanas, los 320.

Pero si se considera el número de muertes semanales con COVID-19, Uruguay todavía no ingresó en ese máximo estadio de transmisión comunitaria. Según los cálculos del matemático Ernesto Mordecki, a lo largo de un período de dos semanas la media fue de 2,53 muertes cada 100.000 pobladores, cuando la OMS establece que se deben superar las cinco para llegar a la zona de más riesgo.

Incluso si se dejan de lado los parámetros más estadísticos, hay consideraciones que no están del todo claras: ¿ personal de salud suficiente?, ¿cuántos son los cuarentenados?

Las respuestas a estas preguntas podrían definir si “la capacidad de respuesta está seriamente comprometida”. ¿Qué cambia? En el documento que el GACH publicó el 7 de febrero con una serie de recomendaciones se hacía la salvedad que, ante una transmisión muy intensa y con riesgo de colapso sanitario, se podrían emplear al menos cinco medidas que el gobierno todavía no aplicó (previo a la cuarentena).

Si la capacidad de respuesta está seriamente comprometida, podría considerarse, según el GACH, el cierre de bares y restaurantes (solo se les habilitaría la entrega a domicilio). Podría pensarse la limitación del tiempo de atención al público en comercios no esenciales, fijar un límite de aforo en el transporte a la interna de cada departamento (ya existe para los ómnibus interdepartamentales), la recomendación de no salir del departamento, el toque de queda sanitario (por ejemplo, en horas nocturnas salvo para los trabajadores de áreas esenciales) y, en el peor de los casos, “considerar la recomendación de quedarse en casa en forma extensiva”.

El Sindicato Médico del Uruguay había pedido “la reducción extrema de la movilidad”, la que podría interpretarse como un reclamo de cuarentena generalizada. Sin embargo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reafirmó que “el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria porque no cree que en un Estado policíaco”.

Los científicos que asesoran al gobierno habían planteado algunas otras medidas que todavía no rigen en Uruguay y, según el documento que ellos elaboraron, podrían darse sin necesidad de alcanzar el colapso de la respuesta sanitaria: reducir las reuniones sociales solo a convivientes, la suspensión de los torneos deportivos profesionales (se han suspendido los amateurs) y el cierre de toda oficina de atención al público no esencial (ya se han cerrado de la Administración Central y algunas intendencias).

Mientras, en el Ministerio de Salud Pública ya piensan medidas referentes al nuevo escenario epidemiológico. Por estas horas la cartera estudia la posibilidad de sustituir los test de PCR por los de antígenos para el diagnóstico del COVID-19. La razón es que aumentó la prevalencia del virus en la comunidad; entonces, mejor el valor predictivo de este tipo de pruebas cuyos resultados se conocen en 40 minutos.

Los test de antígenos, que requieren de un hisopado para la toma de la muestra y funcionan luego similar a los test rápidos de embarazo, detectan con una sensibilidad parecida a la del PCR los casos sintomáticos y de alta carga viral. Eso serviría para descomprimir el sistema y que pasen a PCR solo los resultados negativos o los asintomáticos.

El cambio de la estrategia vendría acompañado de una modificación en la vigilancia epidemiológica. Según fuentes del MSP, la cartera lleva un retraso de unas 2.000 llamadas para hacer el seguimiento de contactos. Por más que funciona el rastreo tecnológico, el aumento de casos de estas últimas semanas ha generado un efecto embudo. Entonces podrían priorizarse los brotes más grandes (en cárceles, residenciales o frigoríficos, por ejemplo) y el monitoreo de los casos sintomáticos más graves.

Esta semana se espera un nuevo Consejo de Ministros para evaluar la situación.