La Comisión de Hacienda del Senado dio este jueves el penúltimo paso para cerrar un proceso de casi doce años. Allí se votó en forma unánime un proyecto de ley que consagrará la liquidación y cierre de Gas Sayago S.A., el consorcio conformado durante el gobierno de José Mujica y que tuvo a su cargo la gestión del fallido proceso de construcción de la planta regasificadora.

El proyecto, que ya cuenta con sanción de la Cámara de Diputados, será refrendado por el Senado la próxima semana o, a más tardar, en la primera sesión del mes de agosto. Básicamente lo que se pretende con el cierre es eliminar los costos innecesarios ocasionados por una empresa que, en la práctica, no existe y que UTE y Ancap asuman -en su condición de accionistas del consorcio- lo que les corresponda según su participación. Básicamente, asumir sus deudas en forma proporcional a sus acciones.

Más allá de que el objetivo es transparentar la realidad en los papeles, existe una urgencia práctica para que el cierre se concrete a corto plazo.

Hoy por hoy, que la empresa siga legamente abierta le significa al Estado una erogación de US$ 125 mil por mes. Pero el informe sobre la situación financiera de Gas Sayago, cerrado al 30 de junio y al que accedió El País, indica que solo mantiene "disponibilidades" equivalentes a US$ 52 mil. Por lo tanto, si la empresa sigue abierta, UTE y Ancap deberán poner más plata para afrontar esas salidas.

Es cierto que gran parte de los gastos quedan en las propias arcas públicas. Unos 89 mil van a la Dirección General Impositiva (DGI), por concepto de Impuesto al Patrimonio (IP). Otros US$ 8.900 se van en seguridad y vigilancia, US$ 1.900 en gastos administrativos y US$ 831 en auditorías. Gas Sayago sigue gastando por mes US$ 4.900 en asesorías legales y US$ 20 mil por el arrendamiento de un predio a la Administración Nacional de Puertos (ANP) donde estaba constituido el obrador de la regasificadora.

El cierre legal eliminaría la mayoría de estas erogaciones, pero el Estado aún debería enfrentar -por un tiempo indefinido- el pago de US$ 15 mil mensuales por seguridad, vigilancia y demás. Será hasta que se resuelvan todos los juicios que mantiene en su contra la empresa. Desde que comenzó en 2019 su proceso de liquidación hasta hoy, Gas Sayago le significó al Estado US$ 9.552.000, según el balance oficial.

Entre los activos de Gas Sayago está incluido un crédito contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la construcción de un camino de acceso al proyectado polo logístico de la planta, y los US$ 200 mil en que está cotizado el gasoducto terrestre de 13 kilómetros que llegó a construirse y que está presurizado sin uso, junto a una estación de medición y regulación. Un "activo inactivo", como lo definió la presidenta de UTE, Silvia Emaldi.

De lado de los pasivos, la cifra crece. Allí figuran una serie de facturas retenidas a la constructora brasileña OAS -subcontratista de la obra y en litigio con el Estado- por casi US$ 13 millones. También se incluyen allí unos US$ 3,7 millones por una deuda originada tras el arbitraje realizado con Sener, la consultora que en su momento se contrató cuando se intentó seguir con el proyecto tras el fracaso de la obra original, a la que Gas Sayago nunca le pagó.

Entre los aportes por capitalización que hubo que hacer también se cuentan los US$ 170 mil de indemnización y salarios impagos que se le tuvieron que pagar a la exgerenta general de Gas Sayago, Martha Jara, ya durante esta administración.

La cifra oficial indica que las pérdidas que deja el proyecto son, por ahora, de US$ 213 millones. "El equivalente a 6 mil viviendas tirados a la marchanta", se indignó el presidente de la comisión de Hacienda, Guido Manini Ríos. La cuenta indica que a eso habría que restarle los US$ 100 millones que Gaz de France-Suez, el consorcio franco-belga a cargo de la construcción de la planta, pagó en 2015 al retirarse de la obra durante la pasada administración.

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Pese al cierre, Gas Sayago dejará para adelante la necesidad de seguir efectuando gastos. Entre las previsiones, figura el retiro de los famosos pilotes, que sigen hincados en la Bahía de Montevideo. El "monumento a la inutilidad", tal como lo definió el senador nacionalista Jorge Gandini. "Solo Pablo Atchugarry podría ponerle nombre", ironizó. Allí se irán otros US$ 5,4 millones. Y otros US$ 2,3 millones se irán en el el pago al Ministerio de Transporte por el retiro de arena del Banco Arquímedes.

En realidad, las previsiones oficiales indican que el juicio que entabló OAS alegando daños y perjuicios, al no habársele pago la última factura por avance de obra previo a su retiro, le podrían significar a Uruguay pérdidas por otros US$ 30 millones en caso de una sentencia negativa a sus intereses. Este juicio le impide al Estado, además, sacar todos los materiales que aún permanecen en el obrador.

Gas Sayago fue demandada también por Mar Abierto Ltda, la firma contratada para realizar el traslado de materiales a través de barcazas hacia la obra y a la que el consorcio tampoco le pagó. En este caso, el posible perjuicio sería por US$ 1,7 millones.

Las autoridades no mostraron demasiado optimismo en que estos litigios se resuelvan favorablemente por lo que, al final del día, la cuenta que hacen es que el Estado habrá puesto en el fracasado proyecto unos US$ 253 millones en todo el proceso.

Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Para el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, el fracaso de la planta regasificadora no dejó de representar una buena noticia. Siempre fue polémica, recordó ante la comisión, al referirse a la viabilidad de regasificar unos 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, cuyo destino tenía que ser inevitablemente el mercado argentino. "Un proyecto con ese volumen era inviable" aseguró, al mencionar el "riesgo" que asumió el gobierno de la época de continuar con el proyecto una vez que la opción argentina se cayó.

Paganini recordó que, si la obra se hubiera concretado, el Estado uruguayo tendría que haber asumido el pago de casi US$ 230 millones por el pago al constructor, más allá del servicio de regasificado que lograra facturar.

Por su parte, el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, remarcó que el cierre legal permitirá terminar con la "ficción" que significa que los gastos que sigue generando Gas Sayago sus accionistas deban imputarlos como "inversiones" y no como lo que son: gastos operativos.

En diálogo con El País Durand adelantó que los servicios jurídicos del ente evalúan pedir el desarchivo de la denuncia que se había presentadopor supuestas irregularidades en el proceso de construcción de planta regasificadora. La razón: según Durand, se vincula a la información enviada por Brasil ante una solicitud de la Justicia uruguaya, relacionada con una eventual injerencia de altas autoridades de ese país en su momento en favor de la contratación de OAS.

Según el jerarca, seguramente por un "error involuntario" del fiscal actuante, la información enviada por el vecino país no fue la que se pidió desde Montevideo. "Llegó una información equivocada", dijo. Se trata de un hecho que "llama poderosamente la atención", apuntó. El "error" no fue tenido en cuenta ni en la sentencia de archivo ni en el dictamen, indicó.