El mensaje de campaña electoral de Luis Lacalle Pou había inquietado a UPM. “Voy a renegociar todo lo que se pueda renegociar”, dijo en enero de 2019 en referencia al acuerdo del Estado uruguayo con la empresa finlandesa. De hecho, una de las primeras visitas que el mandatario recibió luego de confirmarse su triunfo electoral fue el CEO de UPM, Jussi Pesonen. El entonces presidente electo le dejó en claro que durante su mandato se respetaría el contrato firmado, aunque buscaría hacerle algunas mejoras. La preocupación para el sector forestal y papelero pasó a ubicarse en otro bando político.

El partido debutante en el Parlamento aseguró que manejaría su propia agenda de proyectos, respetando el “Compromiso por el País” firmado de cara al balotaje de 2019. Allí no se incluía nada referido a la actividad forestal, y el partido de Guido Manini Ríos decidió impulsar un proyecto de ley para restringir el área en la que se puede forestar. Mientras los blancos se enfocaban en el enredo de la gestión de la pandemia, en 2020 Cabildo Abierto logró una alianza en Diputados para aprobar el proyecto. Las negociaciones se abrieron a la interna de la coalición, pero el senador Manini Ríos les informó a sus socios que él seguiría hasta el final con la intención de aprobar la norma.

Durante el primer año de mandato el Frente Amplio encontró en Cabildo Abierto el principal nicho para criticar al gobierno. Sin embargo, sus legisladores vieron la oportunidad de asociarse con el partido de Manini, prestarle los votos y generar así un diferendo a la interna de la coalición. El senador Alejandro Sánchez dijo ayer a Radio Sarandí que no se trata de una “alianza” con Cabildo sino de un “acuerdo puntual”. “La discusión es si vamos a permitir que siga avanzando un modelo forestal que está básicamente orientado al sector de celulosa y vamos a seguir habilitando que ese modelo siga creciendo, incluso en áreas que hoy se utilizan para producir alimentos”, remarcó Sánchez.

Si bien el Frente Amplio tomó posición como partido de apoyar el proyecto de Cabildo, también se generaron diferencias dentro de la coalición de izquierda. El astorismo -que se encargó de liderar el equipo económico durante los tres mandatos del Frente- marcó sus reparos. Desde que se inició la legislatura su líder, el senador Danilo Astori, no ha ingresado a sala por temas sanitarios. En su lugar participa José Carlos Mahía. El exministro de Economía sostiene que el proyecto de Cabildo no es bueno, pero acata la posición del Frente Amplio. De todos modos, en las últimas horas -y producto del decreto que el Poder Ejecutivo presentó, el cual restringe la actividad forestal-, Astori declaró a El País que se debería volver a discutir el tema, en el entendido de que con esa norma presentada por el gobierno no sería necesaria la aprobación de una ley. “Con respecto al proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre forestación, estoy de acuerdo con Danilo, no es un proyecto conveniente”, escribió ayer en Twitter el exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri. A pesar de eso, el Frente seguirá con su estrategia de levantar la mano para que se sancione hoy el proyecto en el Senado.

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que en el tema forestal el Partido Colorado tenía que defender la “política de Estado” como fuera. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, tomó las negociaciones con Cabildo y junto con el presidente Lacalle Pou lograron redactar un decreto para limitar la actividad forestal. El texto fue presentado el lunes. Pero la iniciativa no conformó a Cabildo y el senador Guillermo Domenech anunció que seguirían adelante con el proyecto de ley. “Es una cuestión de principios”, dijo,

El malestar de los blancos con sus Cabildo es grande. Les molesta que desde adentro de la colación se exponga al presidente a vetar una ley. Por eso hoy defenderán su posición criticando el proyecto forestal, aunque sin atacar a los cabildantes. Es que los blancos saben que tienen que cuidar la interna oficialista y evitar enojos mayores de cara al referéndum contra los 135 artículos de la LUC, donde el gobierno se juega mucho políticamente.

El 29 de diciembre de 2020, El País informó que el presidente Lacalle Pou había tomado la decisión de vetar la ley en caso de que esta prosperara en el Parlamento. El mandatario utilizó el mismo argumento que Cabildo: si el tema no estaba en el Compromiso por el País, no podía ser objeto de ruptura interna. A su juicio, no es una iniciativa conveniente. El presidente abrió las negociaciones con Manini Ríos para intentar buscar una alternativa, pero siempre manejando el veto como posibilidad. Ayer Lacalle ratificó su postura.

La Sociedad de Productores Forestales emitió un comunicado ayer en el que señalan que el decreto del Ejecutivo “significa nuevas exigencias para el sector”. Las asumen, dicen, “si son de utilidad para dar más garantías a la sociedad”. “Consideramos que es momento que se unifiquen las exigencias de gestión sostenible a todas las actividades productivas”, dice el texto. En cuanto al proyecto que hoy votará el Senado, volvieron a plantear su crítica: “Consideramos absolutamente negativo para el sector forestal, para el sector agropecuario, para el país en su conjunto, y especialmente para pequeños productores agropecuarios, el proyecto de ley que establece prohibiciones y otras limitaciones al sector”.