RECURSO ANTE LA SUPREMA CORTE

El gobierno autorizó a cinco cableoperadoras a vender el servicio de transmisión de datos por cable (internet). Se trata de una opción que, hasta ahora, solo tenía Antel, por lo que implica la ruptura de un monopolio.

Las empresas beneficiadas fueron Nuevo Siglo (Riselco S.A.), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral S.A.), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Praiamar y Korfield. Estas dos últimas son prestadoras de servicio en Colonia y Pando.

Las empresas de cable venían pidiendo prestar el servicio de internet desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010). En ese entonces, no existía ningún impedimento legal para que lo hicieran. Luego, en 2014, el artículo 56 de la Ley de Medios les prohibió de manera expresa ofrecer el servicio. Tras esto, varias firmas presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que se declarara inconstitucional la normativa. Las que ayer fueron autorizadas recibieron sentencias favorables.

La abogada de Korfield, Praiamar y Canelones Cable Visión Color -empresa que también espera obtener la autorización para brindar internet a la brevedad-, Cristina Olaso, explicó a El País que este tipo de sentencias “no tienen efectos generales y absolutos”, por lo que “la declaración de inconstitucionalidad abarca solamente a las que obtienen tal declaración”. Es decir, solo aplica a aquellas que efectivamente presentan el recurso y no se extiende a sus pares, aunque estén en igualdad de condiciones.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, dijo a El País que la noticia de que estas empresas quedaran habilitadas les generó, por un lado, “una alegría bárbara”. Pero, por el otro, una “desazón, porque la enorme mayoría de las compañías del interior” siguen a la espera “sin tener en claro cómo sigue el panorama”.

Ya se sabía que el gobierno quería darle la posibilidad a las empresas de cable de vender el servicio de internet. Pero, para que eso suceda masivamente y no se dependa del reclamo que cada una haga, debe desaparecer el artículo 56 de la Ley de Medios. Para ello, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que se encuentra a estudio en el Parlamento desde 2020. Hace dos semanas, incluso, la CUTA compareció ante la Comisión de Industria de Diputados y obtuvo por parte de los partidos el “compromiso de resolver el problema”.

No obstante, según dijo el subsecretario de Industria, Walter Verri, a El País, se analizan otras dos alternativas. Una de las opciones es la “derogación total” de la Ley de Medios (N° 19.307). Consultado sobre si esto podría hacerse en la Rendición de Cuentas, respondió: “Es posible. Es una instancia en la cual podría hacerse”. La otra opción es “aprobar una ley que modifique solo el artículo” 56.

Por su parte, Melo comentó: “Rogamos imperiosamente que tomen una decisión. Lo venimos reclamando hace tiempo. Hace 15 años (...) Vemos como el resto de las compañías de las telecomunicaciones evolucionan hacia el video”, por ejemplo, Antel con su plataforma Vera TV, y “nosotros seguimos sin poder vender internet”.

El hecho de que más empresas puedan ofrecer el servicio implica que Antel empieza a tener competencia en un mercado donde estaba solo. Frente a esta situación, Verri entiende que “no hay ninguna razón para pensar que esto va a afectar” a la empresa de telecomunicaciones. Es más, cree que “seguramente va a competir de la mejor manera y ser líder de este segmento”.

Al mismo tiempo, señaló que la posibilidad de que haya más jugadores en el mercado “va en dirección de la libertad de la gente de poder optar, como ocurrió con la portabilidad numérica. En ese caso también se generaron fantasmas de que (la medida) iba contra Antel y terminó favoreciéndola”.

También destacó que la empresa tiene “desarrollada una infraestructura mucho más amplia que cualquiera”. Consultado por el precio de los servicios, respondió que Antel “ha demostrado ser muy eficiente, y con la telefonía celular demostró también poder acompañar con ofertas la competencia y seguir siendo el líder”.

Por su parte, Melo señaló que la “competencia siempre es más beneficiosa para el usuario”. Puso como ejemplo el mercado de los seguros que, “si bien no todos están en competencia, los que sí (están) han mejorado su calidad y precio”.

“Cuando hay competencia, inexorablemente, los precios bajan, porque las empresas tienen que ser eficientes en sus costos, lo que les permite bajar sus precios. Ese es el beneficio final que deben buscar los políticos para la gente”, añadió.

Consultado sobre si van a ser competitivos en precio con Antel, respondió: “Hasta no tener la licencia no podemos elaborar ningún modelo de negocio”. Una de las opciones que tienen es “profundizar un acuerdo” que tienen con Antel “desde hace bastante tiempo”, si es que a las dos partes le conviene. La otra es que los “cables estén dispuestos a invertir para desarrollar y desplegar sus propias redes”.

En 2007 las empresas de cable empezaron a reclamar poder dar también el servicio de internet.

En 2014, con la Ley de Medios del gobierno de José Mujica, esto les fue prohibido a razón de preservar el monopolio de Antel. A través del artículo 56 de dicha norma es que se establece que quienes “presten servicios de comunicación audiovisual” no podrán, a su vez, “prestar servicios de telecomunicaciones”.

Entre 2016 y 2017 varios cableoperadores obtuvieron sentencias en donde la Suprema Corte de Justicia dijo que era inconstitucional prohibirle a los cables brindar servicio de internet.

En abril de 2020 ingresó al Parlamento el proyecto sustitutivo de Ley de Medios, una de las prioridades del primer año de gobierno de la coalición liderada por Lacalle Pou. Pero la pandemia, y luego la discusión por la LUC, hicieron que esto se demorara.

En el día de ayer, y por decreto, el gobierno anunció que habilitaba a cinco empresas a vender internet.