Redacción El País
La ley de medios aprobada este jueves por el Parlamento con los votos de la coalición de gobierno, una iniciativa del Poder Ejecutivo que recibió cambios propuestos por legisladores, tiene 96 artículos. El penúltimo es clave: deroga la Ley 19.307, del 29 de diciembre de 2014, “así como demás disposiciones modificativas, concordantes, reglamentarias y toda norma que se oponga a las disposiciones de la presente ley”. Así cae ley de medios vigente, impulsada por el gobierno de José Mujica y aprobada con votos frenteamplistas, y su decreto reglamentario, firmado por el gabinete de Tabaré Vázquez en junio de 2019.

El candidato del Partido Nacional a la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo este jueves que la que estaba vigente “es la ley de medios del Frente Amplio, que era casi kirchnerista, casi una copia de la ley de medios de Cristina Fernández de Kirchner, donde se creaba un Consejo de Comunicación Audiovisual que es el que controlaba a los canales, que era como un revólver, martillaba a los medios de comunicación y a la opinión de los periodistas; podía evaluar tus contenidos, sancionarte, sacarte la frecuencia, incluso cerrarte el medio o multarte”.

Ante planteos de este tipo, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos aseguró a En Perspectiva de Radio Mundo que “en todos los gobiernos del Frente Amplio no hubo un solo medio o periodista que haya sido perseguido o castigado”. Además, defendió que el gobierno intervenga para incentivar ciertos contenidos audiovisuales, como planteaba la derogada ley de 2014.

Por su parte, Delgado sostuvo que no está de acuerdo “con regular contenidos”, sino “con la libertad”, y respondió a la prensa que no le gustan “algunas oraciones” del artículo que vetó el presidente Luis Lacalle Pou.

La nueva ley de medios da un plazo de 180 días al Poder Ejecutivo para reglamentarla.

La ley aprobada este jueves trata sobre las habilitaciones y las limitaciones a la titularidad de las licencias de radio y televisión (abierta y por abonados), un asunto que generó negociaciones dentro de la coalición.

“Una persona física o jurídica privada o grupo económico no puede ser titular total o parcial de más de cinco licencias en la zona metropolitana y seis para el resto del país para prestar servicios, indistintamente en cualquiera de las bandas de radiodifusión (AM y FM) y de una licencia en televisión abierta”, expresa el artículo 16, que agrega que una persona o grupo no puede ser titular de más de seis licencias en todo el territorio nacional.

Estos artículos habilitan que un grupo concentre más cantidad de licencias que lo que estipulaba la ley de 2014, que establecía que “una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad (…) de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias —AM, FM, televisión—, en todo el territorio nacional”.

Además, el límite que se marcó en 2014 para servicios de televisión para abonados era de tres licencias en Montevideo y seis a nivel nacional, mientras que la ley aprobada el jueves estipuló “un tope de ocho licencias”. A su vez, habilita a los cableoperadores (operadores de televisión por abonados por cable) a prestar servicios de Internet (artículo 49).

Por otra parte, la nueva ley crea el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional (Sipraten), cuyo directorio estará integrado por un presidente, un vicepresidente y un vocal, quienes durarán seis años en el ejercicio de sus cargos, lapso que supera el actual e incluso el de un período de gobierno, que es de cinco años (artículo 76).

La oposición no dio sus votos para votar esta ley, cuestionó en particular el artículo 72 (que recibirá el veto del presidente) y criticó también otras normas. “Con los cambios promovidos en esta nueva ley se genera mayor concentración de la propiedad de los medios; se habilita la extranjerización; se golpea a Antel; y se cristaliza la situación actual de privilegios extendiendo automáticamente por 15 años más la duración de las licencias vigentes”, expresó el Frente Amplio este jueves en una declaración.

La ley también es cuestionada por el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (CEICo-FIC) y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República de la Facultad de Información y Comunicación (ADUR-FIC), que expresaron su “firme oposición” a “las medidas que favorecen a los dueños de los grandes medios de comunicación con disposiciones que determinan el no pago por el uso de los recursos del Estado y las renovaciones automáticas de las autorizaciones y licencias”.

Los gremios manifestaron además en una declaración pública su oposición, entre otros puntos, “a las medidas que afectan a Antel, empresa pública y estatal, que implican ceder la línea del negocio de datos fijos y el acceso a Internet a sus competidores, al tiempo que pone al servicio de sus competidores la inversión realizada en despliegue de tecnología”.