Clima laboral hostil, violencia y cruce de denuncias: los detalles de la investigación a Casablanca por acoso

Luego de que las dos secretarías de derechos humanos dependientes de Presidencia estuvieran envueltas en polémicas, el gobierno encontró una salida política e institucional que permitió apaciguar los ánimos y mejorar sustantivamente el ambiente laboral en la ahora unificada Secretaría de Derechos Humanos, liderada por Iliana Da Silva.

En el proceso, fueron removidas de sus cargos como directoras Alejandra Casablanca —quien estaba al frente de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y debió afrontar denuncias por acoso laboral— y Collette Spinetti, quien encabezaba la Secretaría de Derechos Humanos y fue cesada en julio.

En el caso de Casablanca — la exdirectora de TV Ciudad mantiene un vínculo como asesora—, la acusación se dio en noviembre de 2025 por ejercer violencia y acoso laboral contra cuatro funcionarias y el abogado Juan Pablo Dos Santos, quien en junio de ese año había sido transferido a la Junta Nacional de Drogas. A partir de ese momento, se desató una serie de acusaciones cruzadas entre los funcionarios que ya integraban el equipo de la dependencia y quienes, durante ese período, se incorporaron por decisión de Casablanca. El segundo grupo también incluyó a personal que ya trabajaba allí y que asumió mayores responsabilidades.

Tras la llegada de la exjerarca, el equipo debió adaptarse a lineamientos de trabajo muy diferentes de los que venía siguiendo —se cambió el régimen de teletrabajo, por ejemplo—, así como a modificaciones en los roles internos de la Secretaría. Ese acoplamiento nunca ocurrió y se desencadenaron conflictos internos que derivaron en denuncias cruzadas, traslados y una convivencia insostenible.

Según pudo reconstruir El País —el expediente de la investigación es reservado—, el y las denunciantes coincidieron en señalar algunos episodios concretos. Entre ellos, mencionaron el uso de términos descalificativos para referirse a integrantes del Movimiento de Participación Popular y al expresidente José Mujica el día de su fallecimiento —fue interpretado de mal gusto durante la investigación, incluso, se preguntó a los comparecientes si Casablanca había utilizado el término “rata” para referirse al exmandatario.

También fueron señaladas alusiones consideradas “fuera de lugar” respecto de familiares menores de edad y de lo que podría haberles ocurrido durante la dictadura, en particular la posibilidad de que hubieran sido “secuestradas, violadas y asesinadas”.

Los testimonios, sin embargo, no fueron coincidentes. Mientras algunos testigos negaron que esos episodios hubieran ocurrido, otros señalaron la incomodidad que les provocaron esas situaciones.

En otro relato, se ejemplificó sobre los cambios de ánimo de la exdirectora, sobre “situaciones violentas, absurdas, de descalificación y desanimo”, “gritos que salían desde la oficina de la jerarca”, en un clima laboral que era “hostil”. Otra testigo afirmó haber percibido “destrato” tanto hacia ella como hacia otras funcionarias denunciantes, entre ellas una que había llegado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente por pedido expreso de Casablanca y que ocupaba un cargo de confianza política. Esta última también fue una de las denunciantes.

En tanto, los testigos presentados por la exdirectora negaron las acusaciones y lo relatado, al tiempo que, en algunos casos, señalaron prácticas de algunas de las denunciantes para incentivar retirarse antes de horario, mantener charlas a escondidas sobre otros compañeros de trabajo, con acusaciones de que se estaba grabando las conversaciones, comentarios despectivos sobre la forma de vestir o aplicación de “ley de hielo” para aislar a otros funcionarios. Prácticas que, sostuvieron, venían de antes.

Frente a las acusaciones formuladas previamente por las denunciantes contra Casablanca, los que comparecieron a pedido de la exdirectora respondieron de forma sistemática que “no” y negaron que muchos episodios hubieran ocurrido.

“¿Usted presenció a Casablanca decirle a Dos Santos ‘me paso por el culo tu título porque yo creo en la universidad de la vida’?”; “¿Decirle que se creía más importante porque tenía pito?”; “¿Qué tenía de peor de los dos mundos?”, en referencia a su ascendencia católica y judía, fueron algunas de las preguntas planteadas directamente por la representante legal de la exdirectora, Marina Morelli.

Para uno de los testigos citados por la exjerarca, algunas de las funcionarias que habían presentado las acusaciones “generaban conflictos interpersonales mediante el chisme sistemático, a partir de un enemigo que se convertía en cartón ligador”. “Esparcían comentarios entre todos de uno contra otros para sembrar el miedo y desunión. Generando rivalidades”, acotó uno de los comparecientes, en una línea similar a lo expresado por otros sobre el hostil clima laboral que se vivía.

Acusaciones cruzadas

En el caso de la denuncia presentada contra Casablanca por cuatro funcionarias —que fueron trasladadas de inmediato a otras dependencias, como establece el protocolo de actuación—, se hizo referencia a “situaciones de abuso por paranoia constante”, presión indebida sobre sus dependientes, conversaciones intimidatorias, violencia verbal, intromisión en la vida privada y la generación de un clima de espionaje entre compañeros, lo que, según la denuncia, “constituye un claro abuso de poder”.

Se mencionan, además, comentarios despectivos, cambios extremos de carácter por parte de la exjerarca, que, en situaciones conflictivas, podían ir de los gritos al llanto. “Limita el trabajo porque piensa que hacemos ‘cosas’ en su contra”, fue un punto mencionado.

En su descargo, Casablanca calificó de “humanamente miserable” la actitud de las denunciantes por divulgar información a través de los medios de comunicación, a lo que definió como una forma de “linchamiento público”. También las acusó de “banalizar” una temática como la violencia en el ámbito laboral. A su vez, sostuvo que las denuncias fueron elaboradas con inteligencia artificial y cuestionó la “ausencia absoluta de hechos concretos” en sus contenidos.

“Ambas denuncias tienen la estructura típica y estándar de prompts sobre trabajo, salud mental o violencia laboral”, argumentó la defensa en un extenso escrito. En uno de los casos, además, se hace referencia explícita a la “pérdida de confianza profesional” con respecto a Dos Santos, el primero en radicar denuncia por acoso.

La exdirectora de la Secretaría hizo en contrapartida denuncias por falsificación de firma —o haber sido inducida de forma a engañosa a firmar un documento vinculado a partidas compensatorias que le habían sido quitadas al abogado— y la destrucción de documentación por parte de otras funcionarias antes de ser trasladadas.

Además, marcó que tres denunciantes, según otros funcionarios, habían ejercido “un poder informal durante años —en referencia al anterior período—, imponiendo miedo, sembrando rumores, amenazando y enfrentando a compañeros entre sí”.

“La ausencia de los hoy denunciantes en la oficina, no solo mostró una evidente mejora del clima de trabajo, también posibilitó que las personas compartieran experiencias que hasta ahora habían sido silenciadas. Las cinco personas se embarcaron en una campaña de daño, difamación y desprestigio, construyendo una semblanza siniestra de Alejandra Casablanca que no se sostiene bajo el escrutinio de la evidencia y la verdad”, contratacó.

A tal punto llegaron en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente los problemas de relacionamiento que el Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo (SPST), que intervino e interrogó a denunciantes y testigos de ambas partes, concluyó que existía un “clima laboral de violencia general naturalizada”.

“Se identifica un clima hostil con naturalización de conductas violentas que se tornan habituales y están presentes en los vínculos que establecen los integrantes del equipo. Esta forma de vincularse favorece repercusiones negativas a nivel psicofísico. El estado público que adquirió el presente proceso, repercutió en forma general en todo el equipo de trabajo, lo que agudizó la fragmentación ya existente, incrementándose el malestar y la desconfianza mutua”, advirtió SPST. El organismo, que ya había intervenido en 2021 y 2023 por problemas de relacionamiento y había identificado “lucha de poder por parte de algunos de los integrantes en la toma de decisiones diarias”, recomendó directamente como solución renovar integralmente el equipo debido a la fuerte fragmentación existente.

“Sus integrantes se posicionan rígidamente dificultando arribar a acuerdos y alcanzar objetivos comunes. No se visualizan posibilidades de recomposición”, agregaba el informe final.

Tras recoger los distintos testimonios, para la SPST resultó imposible arribar a una conclusión concreta, más allá de constatar la existencia del clima de violencia generalizada, debido a las versiones totalmente contrapuestas entre las personas interrogadas.

Se apuntó que parte de los testigos eran además denunciantes con una posición “subjetiva” y podían estar influidos por una “percepción sesgada del conflicto”, al tiempo que los demás comparecientes aportados por la defensa eran funcionarios que dependían jerárquicamente de Casablanca. “En consecuencia, se entiende que la relación de subordinación existente entre la denunciada y los testigos ofrecidos introduce una asimetría de poder que podría incidir en la espontaneidad de sus declaraciones”, se aclaró.

En julio, el presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó un decreto para unificar las dos secretarías de Derechos Humanos y clausuró las actuaciones vinculadas a las denuncias contra Casablanca. La exjerarca fue nombrada asesora de Da Silva, sin personal a su cargo.