FIN DE DISPUTA INTERNA

La foto fue la que suele ser en estos casos: los senadores de la coalición de gobierno brindaron todos juntos una conferencia de prensa para decir que ahora sí llegaron a un acuerdo en el tema que más discutieron en las últimas semanas: cómo conseguir recursos para regularizar asentamientos sin afectar los fondos del Instituto Nacional de Colonización.

El tema tuvo un sinfín de idas y vueltas, una serie de propuestas y contrapropuestas, y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como el principal impulsor y defensor de la idea base, la que finalmente terminó acordándose ayer a la tarde: se creará un fideicomiso con la recaudación de dos impuestos que hoy abastecen a ese organismo, aunque en las últimas horas el oficialismo encontró ciertos mecanismos de compensación económica para que Colonización no se quede sin dinero como para seguir comprando tierras, una eventualidad a la que se oponían todos los senadores de Cabildo Abierto, algunos del Partido Colorado y Sergio Botana, Carlos Camy y Jorge Gandini, los tres legisladores blancos que se declararon en rebeldía.

“La bancada es portadora de buenas noticias”, dijo Gandini ante los micrófonos, antes de resumir en pocas palabras el esquema financiero que sustenta el acuerdo. “El mismo monto que hoy se destina a través de los impuestos a Colonización será sustituido por la reasignación presupuestal de partidas que hoy no son utilizadas en el Presupuesto (Nacional)” y que equivalen a US$ 15 millones anuales. Pero además su acordó destinar otros US$ 27 millones -que ya recaudó el instituto en ejercicios anteriores y que aún estaban en Rentas Generales- como un directo “apoyo a los colonos”. Ese dinero, explicó el dirigente de Por la Patria, subvencionará el pago de intereses de créditos tomados por colonos, algo habitual en ellos cuando buscan invertir en tecnología y maquinaria para mejorar la productividad de sus tierras.

“Celebro el acuerdo, porque logramos los recursos para los asentamientos, mantenemos los de Colonización y damos también a los colonos”, dijo a El País el senador Botana, partícipe de todas las reuniones del oficialismo al respecto. “Y celebro la posibilidad de solucionar este problema a los pobres de la campaña y a los pobres de la capital”, agregó sobre una dicotomía que se llevó gran parte de este debate, y que había sido especial preocupación del senador Guido Manini Ríos. Por eso es que las escasas frases que pronunció el líder de los cabildantes se centraron en la resolución de ese binomio.

Manini calificó a la fórmula como una “muy buena solución” porque toma en cuenta su planteo de “atender la problemática de los asentamientos”, en donde viven cerca de 200.000 uruguayos, pero al mismo tiempo no descuidar el rol del Instituto de Colonización, “que cumple una función fundamental de radicar gente de campo”.

El lunes por la mañana, en la residencia de Suárez y Reyes, tuvo lugar el primer capítulo del tramo final de la resolución de este conflicto que tuvo en jaque a la coalición desde que llegó a la Cámara Alta el proyecto de Rendición de Cuentas, en los primeros días de setiembre. El presidente recibió a los tres legisladores blancos en rebeldía, pero ese día el encuentro terminó sin resultados. Hubo un segundo tiempo el martes, en el Ministerio de Economía, con los mismos que participaron en la reunión de Suárez, pero sin el presidente. Y ahí sí, entre los senadores, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, acordaron una primera fórmula que al menos contó con el visto bueno de los legisladores blancos.

Era martes de tarde, y tras esta instancia, desde la Presidencia de la República avisaron a referentes del Partido Colorado y de Cabildo la solución que habían encontrado. Enseguida mostraron acuerdo con el apoyo a los colonos en la eliminación de las tasas de interés. Sin embargo, el aumento en el presupuesto de Colonización les pareció poco a ambas partes.

El plan proponía US$ 7 millones en 2022, US$ 12 millones en 2023 y US$ 15 millones en 2024. La discordancia estaba con el monto estipulado para el año que viene, que tanto a colorados como a cabildantes se les hacía poco.

Por eso fue que desde la mañana de ayer comenzaron a negociar la posibilidad de llevar estos US$ 7 millones a US$ 15 millones. El planteo se lo hicieron ambos partidos a la Torre Ejecutiva y desde allí se comunicaron con el Ministerio de Economía para que analizaran qué se podría hacer. Se terminó aceptando llevar el monto a US$ 15 millones anuales.

Más allá de la disposición de votarlo, el plan también cayó mal en algunos actores del Partido Colorado, sobre todos los vinculados a Batllistas -el ala conducida por su secretario general, el expresidente Julio María Sanguinetti-. La molestia radica en que cuando se votó en Diputados pasar recursos de Colonización al fideicomiso de vivienda la única fuerza política que presentó reparos fueron los colorados, “allí los blancos y Cabildo Abierto no dijeron nada, pero ahora parece que son solo ellos los que se preocupan por Colonización”, dijo una fuente del sector. Y agregó: “Cabildo ya sabemos cómo se mueve, pero el problema no son los blancos, son estos tres rebeldes”, en referencia a los senadores Jorge Gandini, Sergio Botana y Carlos Camy.

En Ciudadanos esto también generó cierta molestia, pero sostienen que todo el conflicto sirvió para mostrar que “los colorados son los que realmente están espalda con espalda con el Poder Ejecutivo”, dijo una fuente del grupo fundado por el excanciller Ernesto Talvi.

Pese a todo esto, en paralelo a este plano, los senadores de la coalición negociaban ayer en el Parlamento, en una jornada de varias horas, los últimos detalles del mecanismo financiero para sustentar el Fideicomiso Integración Social y Urbana. “Hay acuerdo por asentamientos, y con moña”, dijo a El País un legislador ayer sobre las 18.30. Había ya humo blanco.

¿En qué consiste el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo?

Es una vieja obsesión del hoy presidente Luis Lacalle Pou, que ya en la campaña de 2014 hablaba de llevar los asentamientos a cero. Es por eso que el Poder Ejecutivo planteó dentro de la Rendición de Cuentas la creación de un fideicomiso que sirva para financiar un plan que permita erradicarlos. La iniciativa lo que busca es nutrir esa herramienta con la recaudación del adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, de momento destinado al Instituto Nacional de Colonización, y la sobretasa del Impuesto al Patrimonio, que es destinada a Rentas Generales.

Con este fideicomiso en el Poder Ejecutivo la idea es generar unos US$ 120 millones para realizar obras que permitan finalmente llevar adelante un realojo de los asentamientos.

La ministra Irene Moreira ha declarado que la herramienta “ayudará a profundizar y ampliar los programas” ejecutados por la cartera. La jerarca también ha dicho que según la estimación del ministerio, en Uruguay hay entre 600 y 650 asentamientos, unos 320 de ellos en Montevideo, y que el realojo de cada uno se calcula entre US$ 2,5 millones y US$ 4 millones. Aunque Moreira elogió la herramienta, desde Cabildo Abierto, su fuerza política y la de su esposo, Guido Manini Ríos, han planteado (hasta ayer) reparos sobre la fuente de financiación.

Tanto el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, como el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, han afirmado que los recursos para el funcionamiento de Colonización estaban asegurados. Sin embargo, el acuerdo de ayer implica que tendrán un poco más de dinero.