Redacción El País
Peculado, abuso de funciones y falsificación de documento público. Esos tres delitos que habría cometido el actual senador frenteamplista Charles Carrera cuando fue director general del Ministerio del Interior, entre 2010 y 2017, según las conclusiones a las que llegaron ayer sus colegas de la coalición oficialista que integran la comisión investigadora que indagó sobre supuestas irregularidades en esa cartera durante ese período.

En la última sesión, realizada ayer, se culminó con la redacción de un informe en el que se detallan una serie de señalamientos hacia el legislador opositor, vinculados a la “ayuda” otorgada a un civil y su posterior y polémica atención médica en el Hospital Policial.

El informe, a cuyos detalles accedió El País, fue elaborado por la senadora nacionalista Graciela Bianchi y comienza haciendo referencia al detonante de la investigación y sus derivaciones: la situación de Víctor Hernández, víctima de un balazo que lo dejó parapléjico a fines de 2012 en La Paloma. La bala que lo impactó, se afirmó, partió de una casa vecina, donde se desarrollaba una fiesta con policías.

La investigación judicial sobre ese evento prescribió a fines del año pasado.

El documento de los legisladores -contenido en un pendrive con miles de fojas- refiere además al “uso irregular” supuestamente dispuesto por Carrera en beneficio de Hernández y su hermano en el Hospital Policial por casi tres años y medio. También su “ingresó ilegítimo a ese centro, como “agentes policiales” y la “prestación dineraria” que recibieron, en forma de tickets de alimentación, durante ese tiempo, lo que totalizó cerca de US$ 300.000 según el Ministerio del Interior.

Los senadores oficialistas incluyen un extenso capítulo sobre la normativa presuntamente violentada por su actual colega frentista. Desde el ámbito penal al ético, pasando por normas anticorrupción y de contabilidad financiera.

Más allá de su trámite parlamentario, la documentación reunida por los senadores tiene un destino ya definido. Luego de su aprobación en la cámara será enviada a Fiscalía, que deberá anexarla a la denuncia ya presentada por el Ministerio del Interior.

El informe será enviado asimismo a la Junta de Transparencia y Ética Pública y también a la Cámara de Representantes, debido a que otra de las involucradas en las irregularidades denunciadas es la diputada frenteamplista Susana Pereyra. En su caso, por haber recibido en forma “irregular” atención en el Policial en 20 oportunidades entre 2010 y 2017, mientras su fallecido esposo, Eduardo Bonomi, era ministro. Otra de las implicadas, por la misma causa, es la exesposa de Carrera, Andrea Epifanio. La mujer, según la documentación, recibió atención en forma irregular por un valor de más de $ 500.000 durante el período en que Carrera fue director general. Al igual que los demás casos, los civiles pudieron utilizar las instalaciones del Hospital Policial mediante el otorgamiento, fuera de la ley, de un grado policial.

Con todo, la decisión de incluir en el informe la posible comisión de delitos concretos no convence del todo a Cabildo Abierto. En diálogo con El País el senador Guillermo Domenech dijo “discrepar con algunos términos” y aseguró que analiza la documentación para sugerir algunas modificaciones en las próximas horas. En su opinión un informe de este tipo “no puede hacer imputaciones definitivas”.

A fines de junio los senadores de la comisión se reunieron con el fiscal general, Juan Gómez. Allí le señalaron que la denuncia que había presentado el Ministerio del Interior sobre el caso no había registrado novedades. La semana pasada la senadora Graciela Bianchi informó a sus colegas que, a un año y medio, el expediente sigue sin registrar mayores movimientos.