Tras una sesión parlamentaria que se extendió por nueve horas, las diferencias entre el oficialismo y la oposición, tanto por las contrataciones a ITHG como por los traslados que paga el prestador público, lejos de disiparse, persisten.

La cita en régimen de Comisión General de la ministra de Salud Pública, Karina Rando, y el presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, fue convocada por el oficialismo y mezcló varios asuntos.

Los legisladores debatieron sobre la gestión actual de SAME 105, la emergencia de ASSE, y se la comparó con la del último gobierno del Frente Amplio, así como los costos de los traslados de ambulancias en el mismo período.

Mientras desde ASSE destacaron que en 2015 SAME 105 pagaba, en promedio, $ 79.186 por cada traslado, esta cifra descendió a $ 10.416, en 2023, bajo esta administración.

Desde el Frente Amplio, el diputado Nicolás Viera denunció que se trató de “números maquillados” por el gobierno, y remarcó que ASSE “está pagando 170% más” por los traslados de SAME 105.

También apuntó al “incremento” en los traslados de SAME 105, que cuenta con 38 móviles y contrata otros. En 2019, eran 12.269; bajaron a 10.688 en 2020; escalaron a 22.229 en 2021; treparon a 64.509 en 2022 y siguieron la tendencia en 2023: 71.184.

Para el oficialismo, en este período no solo se gastó menos por traslado, sino que se llega “en tiempo y forma”, destacó Cipriani en la extensa sesión.

Las autoridades reiteraron gran parte de lo expuesto en la Comisión de Salud de Diputados, en diciembre pasado. Destacaron que hay más ambulancias, con más personal, y que se mejoró la performance.

Rando valoró la gestión actual de SAME 105, encabezada por José Antonio Rodríguez. Entre varios puntos, remarcó el descenso “realmente abrumador” de los traslados y tiempos de espera asociados. Para graficarlo, planteó que los tiempos de asignación de traslados pasaron de “159 minutos a 11 minutos”.

Si bien la ministra de Salud Pública destacó que SAME 105 “implementó procedimientos transparentes de contratación”, este aspecto fue el que generó más cruces entre el oficialismo y la oposición.

Sobre todo por las compras de traslados que se iniciaron en junio de 2021, en pandemia, a ITHG Proveedores Marítimos S.A.S., firma que no tenía la habilitación del MSP y se presentaba con otro rubro comercial.

“Todo se está haciendo en base a una empresa fantasma, que nadie conocía, que no cumplía con la normativa acorde para brindar servicios de traslados, y todo esto ha sido avalado por las autoridades sin que nadie ejecutara ningún tipo de control”, apuntó Viera.

Aludiendo a Cipriani, quien reiteró que ITHG le permitió cubrir la demanda cuando no podía contratar a emergencias móviles, lanzó: “Lo dice con total naturalidad como si fuera un éxito, pero el proceso está plagado de irregularidades”.

Y a continuación, desafió: “Seguramente no seamos nosotros que tendremos que opinar en el fondo, seguramente tenga que ser la Justicia, lo valoraremos”. De esta forma, el Frente Amplio estudia denunciar el caso ante la Justicia.

Cipriani descartó que el proceso fuera “escandaloso”, como lo catalogó Viera, y que además estuvo amparado por el Tocaf, norma que regula las compras estatales.

“La contratación, como se realizó, pensamos que cumple el artículo 33 del Tocaf, y es de sentido y criterio común. No había unidades de ambulancia, hasta reconocido por la cámara de empresas móviles”, agregó.

El jerarca también descartó que el desarrollo de SAME 105 “gire en torno” a ITHG, que concentra “26%, 28%” de lo que paga ASSE por traslados. “No es que se le paga solo a la empresa ITHG”, dijo Cipriani.

De todos modos, Viera calificó de “alarmante” el proceso administrativo para contratar a ITHG. Cipriani afirmó que el 24 de mayo de 2021, la firma “presentó una nota” en SAME 105 “ofreciendo servicios de ambulancias y traslados”. Esto fue trasladado un día después a la gerencia general y el directorio.

El 27 de mayo, tres días después de la oferta, y “a pedido de la gerencia” de ASSE, se pidió precios a SEMM, SUAT, UCM y una firma del interior, acotó.

Cipriani indicó que el 2 de junio de 2021 se “envió un correo” a ITHG señalando que al otro día comenzaban a trabajar con “móviles a la orden”, una modalidad que busca aterrizar mediante un convenio marco, tras las fallidas tres licitaciones.

Cuando ITHG empezó a trabajar para ASSE, agregó Viera, “no estaba habilitado” en el Registro Único de Proveedores del Estado, un requisito para contratar con el Estado.

El Tribunal de Cuentas observó todas las compras a ITHG, que ascienden a $ 1.221 millones, a diciembre de 2023. Para Cipriani “siempre fueron la regla” que se los observe.