PASADO RECIENTE 

La coalición de gobierno está alineada en torno a la necesidad de dotar de una reparación económica a las víctimas de grupos armados durante las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, no es esperable que logren un acuerdo en este sentido de la noche a la mañana, pues hay matices: en cuánto dinero se le entregará a los damnificados, en si además habría que poner placas recordatorias con los nombres de los fallecidos (o incluso hacer monumentos) y en sí, también, sería necesario echar mano sobre los planes educativos para incluir las historias de estas personas en los programas.

No es la primera vez que este tema se pone sobre la mesa, pero en esta legislatura quien abrió el juego fue Cabildo Abierto, que en diciembre del año pasado presentó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores su proyecto de “Reparación a víctimas de actos cometidos por grupos armados de carácter ideológico en el período comprendido entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976”. El documento de 191 páginas lleva como subtítulo: “El Estado asume la responsabilidad”.

“Es un proyecto que fue estructurado por un grupo de profesionales que me asiste y consta de dos partes. Por un lado, queremos que las víctimas tengan una indemnización, que puede ser por única vez o una pensión. Por otro, queremos que se genere consciencia sobre el daño que a la sociedad le hace abandonar los cauces democráticos de acción política y embarcarse en procesos revolucionarios armados, los que luego generan daños materiales y de vidas. Queremos que se les rinda homenaje a las víctimas”, sostuvo a El País el senador cabildante Guillermo Domenech.

Guido Manini Ríos, sostuvo días atrás a El País que el reclamo es de “estricta justicia”. Y advirtió: “Se da un caso totalmente increíble, el hijo del soldado Gaudencio Núñez, uno de los cuatro que murió asesinado en un jeep en mayo de 1972, está viviendo una gran estrechez económica en Artigas. Vive prácticamente de la ayuda de algún vecino. En cambio, los asesinos de su padre hace años que están cobrando una pensión del Estado”.

Para entender el reclamo de Manini Ríos es necesario repasar la normativa vigente. En 2002 el presidente Jorge Batlle habilitó que se reconociera los años de trabajo de aquellas personas que se hubieran visto obligadas a abandonar el territorio nacional, o hubieran sido presos políticos, durante la dictadura militar. En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se otorgaron pensiones o jubilaciones también a las víctimas del terrorismo de Estado. En 2020, pocos días antes de dejar su último mandato, Vázquez hizo que estas pensiones se trasladaran en un 100% a cónyuges o concubinos, e hijos menores o discapacitados.

Las prestaciones correspondientes a estas víctimas, establece la ley, van de 8,5 BPC mensuales a 11 (de $ 41.395 a $ 53.570), según las circunstancias. Además, se estableció que aquellas personas sin causal jubilatoria cobrarían igual, como mínimo, lo equivalente a 4 BPC, o sea $ 19.480.

En el proyecto de Cabildo Abierto, en tanto, se establecen cifras diferentes para quienes hayan sido víctimas de organizaciones terroristas. Se señala que serían beneficiarios con indemnizaciones víctimas directas o indirectas de “bandas o grupos armados que actuaron con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana” y que también “en el supuesto de fallecimiento (...) sus herederos, cónyuge o concubino” serán los destinatarios de la reparación. Y advierte que en caso de fallecimiento de la víctima, sus familiares cobrarían 500.000 UI ($ 2.494.900) o una pensión especial de 10.000 UI ($ 49.898). En caso de incapacidad permanente las cifras pasarían a ser $ 1.247.450 y $ 29.939, respectivamente. Y de incapacidad parcial, $ 748.470 o $ 19.959. En circunstancias de “menoscabo de un derecho”, lo recibido por la persona sería, por única vez, $ 498.980.?

Carlos Camy, senador nacionalista que forma parte de la Comisión de Constitución, sostuvo a El País que aunque el proyecto cabildante se entregó en diciembre este todavía no se ha revisado. “Está ingresado pero no pudimos tratarlo. Estamos analizando proyectos de tenencia compartida, los cuales nos están llevando mucho tiempo”, explicó. La comisión recibió ya 24 delegaciones por este asunto. En tanto, según supo El País, la próxima semana la comisión hará un orden en su agenda y allí Domenech planteará que, para Cabildo, el resarcimiento a las víctimas de la guerrilla es determinante.

La inquietud expuesta por los cabildantes también fue puesta sobre la mesa el seis de mayo pasado por la diputada colorada Nibia Reisch, que en una exposición escrita que envió a los ministerios de Economía, Trabajo, Defensa e Interior, presenta un reconto histórico de las iniciativas que se han presentado en este sentido para resarcir a las víctimas del terrorismo de Estado, y hace un llamado al Poder Ejecutivo a que envíe un proyecto para también dotar de una “reparación patrimonial” a “familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas, Policiales y civiles fallecidos como consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición” entre los años 1962 y 1976. Esto incluye tanto a fallecidos dentro del territorio nacional, como afuera.

Consultada por El País, Reisch advierte que serían 66 personas las que tendrían el beneficio (34 policías, 18 militares y 14 civiles). Domenech, en cambio, advierte que según sus cálculos serían unas 100.

La legisladora colorada destaca que el 26 de marzo de 2007, con la firma de Vázquez y también del exministro y exvicepresidente, Danilo Astori, se presentó a la Cámara de Senadores un proyecto basado en un reclamo de la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas, el cual había sido recogido en su momento por el diputado colorado Daniel García Pintos. “El plan de Vázquez -dice Reisch-, según una lista que ellos mandaron, era dar un resarcimiento de US$ 150.000 a cada uno”. Esta iniciativa luego no fue acompañada por el Frente Amplio.

Durante la pasada semana, el ministro de Defensa, Javier García, dijo públicamente que era “justo” dar una reparación a las víctimas de la guerrilla. Consultado por El País, señaló: “Coincido con el planteo de cabildo, y con otros planteos similares, en cuanto a que hay que dar una reparación”.

El diputado del Partido Independiente, Ivan Posada, también consultado por El País, sostuvo que creía “justa” la reparación, al tiempo que advirtió que “lo otro que plantea” Cabildo en cuanto, por ejemplo, a los programas educativos, le parece “un exceso absoluto”.

Javier García, ministro de Defensa

“No hay un acuerdo. Lo que hay es un proyecto presentado por Cabildo Abierto. Coincido en el planteo en cuanto a que se precisa una reparación a las víctimas. No sabemos cuántas personas son las que estarían en esta situación. Lo he planteado como un concepto político, esas son cosas que hay que revisar. Es un planteo que no es ofensivo para nadie y que a su vez es justo”.

Nibia Reisch, diputada del Partido Colorado 

“Hoy por hoy se ha reparado solo a una fracción, a los integrantes del MLN. Hay una injusticia. Hay derechos humanos para unos y para otros no. Un proyecto de Vázquez y Astori intentó arreglar esto en 2007, pero no contaron con el apoyo de su propio partido. Luego, en 2008, fue reflotado por Lacalle Herrera, pero tampoco salió adelante. Es algo que hay que solucionar”.

Iván Posada, diputado del Partido Independiente

“Creo que hay aspectos del proyecto de Cabildo Abierto que deben ser considerados. Notoriamente ha habido una fuerte de desbalance y es compartible lo que se establece en cuanto a la reparación económica. Después hay otros planteos que no creo que ayuden, sino más bien que perjudican a que esto salga adelante. Que haya una reparación económica es estudiable, lo demás...”.