Redacción El País
Con los votos de la coalición de gobierno, el Senado pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos una serie de hechos con “apariencia delictiva” cometidos por el actual senador frenteamplista Charles Carrera y por la diputada de la misma fuerza política Susana Pereyra. La cámara alta aprobará el informe final de la Comisión Investigadora que indagó las denuncias de irregularidades en el Hospital Policial.

Antes del inicio de sesión, el Frente Amplio entregó una nota fundamentando por qué no ingresó a sala durante la votación. "La conformación de la mencionada Comisión ha sido totalmente extemporánea, habida cuenta que la fiscalía ya se encontraba analizando los hechos denunciados al momento de su integración", apunta el escrito al que tuvo acceso El País.

"Su actuación ha estado signada por la acción proselitista y la intención de presionar indebidamente al sistema judicial", agrega el Frente Amplio.

Sobre Carrera recae la acusación de autorizar cuando era director general del Ministerio del Interior que se atendiera allí en forma ilegal Víctor Hernández, un civil que en diciembre de 2012 resultó parapléjico en La Paloma al ser herido por una bala perdida que, se dijo, partió de una casa vecina en la que se desarrollaba una fiesta con policías. A Carrera también se lo acusa por haberle facilitado por más tres años un pago mensual en tickets de alimentación a partir de un fondo que debía ser destinado exclusivamente a policías. Para eso, dice la acusación, el jerarca hizo pasar a Hernández como “oficial subayudante”.

El informe, al que accedió El País, subraya que Carrera, al pretender obligar a funcionarios del ministerio a pagarle los tickets a Hernández, podría ser incriminado por el delito de concusión en grado de tentativa, ante la negativa de algunos de esos funcionarios. A su vez, al abonarlos directamente, a Carrera le puede caber el delito de fraude y abuso de funciones.

Según los datos que elevó al Parlamento la Dirección Técnica del Hospital Policial en mayo de 2022, la atención recibida por Hernández le significó al Estado un perjuicio de $ 9,5 millones.

La diputada Pereyra, en tanto, es pasible de ser acusada de usar un documento público falso cuando, entre 2010 y 2017 y siendo su fallecido esposo, Eduardo Bonomi, ministro del Interior, se atendió en forma irregular en el Hospital Policial ostentando un grado policial que no tenía.

“Su dolo es muy claro e intenso, ya que además de tener conocimiento de la ilicitud de su conducta, fue advertida de dicha situación por los jerarcas del hospital e hizo caso omiso”, según se señala en la documentación.

Al respecto, el Senado elevará un informe a la Cámara de Representantes, notificándola del “uso de documento público falso” por parte de Pereyra, con el fin de atenderse “de manera ilícita”.