EL AÑO LEGISLATIVO
La Ley de Urgente Consideración establece planes de acción del gobierno y el Frente Amplio pide informes sobre su cumplimiento.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) será uno de los temas en debate este año, no solo por la campaña de firmas del Pit-Cnt, la Intersocial y el Frente Amplio para llegar al referéndum que busca derogar 135 artículos, sino porque se han establecido plazos de ejecución de las nuevas normas, y la coalición deberá trabajar duro para cumplirlos.
Al mismo tiempo que recolecta firmas, la bancada opositora se propuso controlar el cumplimiento de lo que marca la LUC, y sus diputados han presentado al menos dos pedidos de informes al Poder Ejecutivo por sus efectos. En uno consultan sobre la creación del Instituto Nacional de la Granja, que no se ha concretado a pesar de que los plazos previstos se cumplieron. En el otro preguntan sobre la institucionalidad de la regla fiscal, instrumento creado a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para “mejorar la credibilidad fiscal”.
La ley 19.889, mejor conocida como LUC, fue aprobada el 9 de julio del 2020, tiene 476 artículos y algunos de ellos marcaron un calendario para que el Ejecutivo implemente las normas. En ese marco y dentro de los plazos estipulados por la LUC, el gobierno presentó a los legisladores un plan para bajar los costos de producción de los combustibles y alcanzar el precio de paridad de importación.
Por esta razón, el Ministerio de Industria, Energía y Minería enviará al Parlamento en las próximas semanas un proyecto de ley para eliminar la mezcla de biodiésel en el gasoil. Este es uno de los debates más importantes derivados de la LUC, ya que los planes de la cartera generan dudas y cuestionamientos en Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Frente Amplio.
Otros asuntos preocupan en particular a la oposición. El diputado Gustavo Olmos, de Marea Frenteamplista, cursó los dos pedidos de informes al Ejecutivo sobre tareas pendientes. “Estamos haciendo un seguimiento. La LUC estableció una serie de cosas que deberían ser objeto de otras iniciativas legislativas o de estudio”, dijo Olmos a El País. “Algunas han avanzado. También se han solicitado prórrogas, como por ejemplo para el trabajo de la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Hay otras, con plazo o sin, en las que no se ha avanzado, como la creación del Instituto Nacional de la Granja”, agregó el diputado que integra el sector liderado por el senador Mario Bergara.
El artículo 373 de la LUC creó el instituto, mientras que el 374 encarga al Poder Ejecutivo la remisión de un proyecto de ley en un plazo de 180 días (desde la aprobación de la ley) “que establezca los cometidos, el alcance, la integración de su órgano directivo, el financiamiento y la forma de actuación del Instituto Nacional de la Granja”. El proyecto debía ser enviado “al cabo de un proceso de consulta con las organizaciones representativas de los sectores que componen la cadena respectiva”. Olmos advierte que el plazo de 180 días se venció, por lo que pidió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una respuesta sobre los avances en este sentido.
Regla fiscal.
El otro pedido de informes lo presentó Olmos ante el MEF junto al diputado Sebastián Valdomir, del MPP. “Los artículos 207 y 212 (de la LUC) refieren a la regla fiscal y en particular el artículo 210 crea la institucionalidad fiscal”, dice el pedido de informes. Esa norma establece que “con la finalidad de fortalecer la institucionalidad fiscal, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del MEF, designará un Comité de Expertos cuya función principal será proveer los insumos para realizar los cálculos del balance estructural”. Además, agrega que “también designará un Consejo Fiscal Asesor, de carácter técnico, honorario e independiente, a los efectos de asesorar al MEF” en la materia. La oposición indaga sobre la conformación del Comité y el Consejo, sobre los que no ha tenido novedades, y pregunta por la implementación de la regla fiscal.
Olmos asegura que “esto demuestra que la LUC incorporó cosas que el gobierno no consideraba tan urgentes” y que por eso “se están dando en otros plazos”.
El seguimiento de las vacunas
El diputado Gustavo Olmos envió a fines de enero una carta a Pfizer en la que pregunta sobre el contrato firmado con Uruguay. Desde el laboratorio productor de vacunas contra la COVID-19 le respondieron el 1° de febrero que “las negociaciones en curso con el gobierno y el contrato se encuentran amparadas por un acuerdo de confidencialidad”.
Mañana lunes habrá Consejo de Ministros, instancia en la que el presidente Luis Lacalle Pou conversará con los cinco jerarcas citados por el Frente Amplio al Parlamento entre miércoles y jueves: Arbeleche, Daniel Salinas, Omar Paganini, Francisco Bustillo y Pablo Bartol.
En tanto, el martes, los 17 senadores y los 56 diputados que integran la coalición fueron convocados para reunirse en el Anexo del Palacio Legislativo con la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, para definir la agenda de prioridades del oficialismo de este año.
El coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, Gustavo Penadés, confirmó que el proyecto que elimina la mezcla de biodiésel en el gasoil será una de las prioridades legislativas de 2021. Con respecto a las críticas de la oposición por las demoras en la implementación de artículos de la LUC, Penadés dijo a El País que “una vez más se confunde el sentido de la urgencia con lo que la Constitución establece para la LUC”. El senador aseguró que Arbeleche “ha sido clara” en cuanto a la implementación de la regla fiscal y además responderá en la Comisión Permanente las dudas de la oposición.