COMISIONES EN EL PARLAMENTO

Desde la coalición pondrán en marcha en el Parlamento dos investigadoras sobre la gestión del Frente Amplio. Por un lado, se instala hoy la comisión preinvestigadora que revisará la actuación de Secundaria por la justificación irregular de horas a Fenapes. Y, en unas semanas, se presentará formalmente otra referida a Gas Sayago, que fue solicitada ayer por Cabildo Abierto y generó ruido en los socios blancos y colorados.

Sorpresa y malestar fue lo que se originó a nivel del oficialismo respecto al anuncio, en conferencia de prensa, de parte de Cabildo Abierto. El diputado Sebastián Cal fue el encargado de comunicar, a las tres de la tarde en el edificio anexo del Palacio Legislativo, la conformación de una investigadora por Gas Sayago. Blancos y colorados se enteraron “por la prensa” y recibieron el planteo recién dos horas después por parte del legislador, según confirmaron a El País fuentes de ambas bancadas partidarias.

Cal explicó a El País que el tema fue decidido “dentro de Cabildo”, donde se venía estudiando desde hace un tiempo y ayer -tras la conferencia- se informó a los socios de la coalición. “Entendemos que es un hecho que no se puede dejar pasar y hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque estamos hablando de entre US$ 200 millones y US$ 250 millones con el intento de regasificadora”, señaló.

Se trata de un relanzamiento de la investigadora que funcionó en el período anterior, que ahora cuenta con información aportada por el director de UTE en representación de Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz. “Los uruguayos hemos naturalizado el despilfarro de millones de dólares, pero es algo que se tiene que terminar”, opinó Cal. Señaló que la investigadora se constituirá con un fin “ejemplarizante”, como “mensaje” para todos los que ocupan cargos de gestión.

Cal dijo que “hay elementos probatorios nuevos” que saldrán a la luz cuando se conozca la auditoría de gestión que está en curso. El diputado sostuvo que la pérdida que representó Gas Sayago para el Estado se puede asimilar en la actualidad a 110.000 jornales solidarios.

A su vez, consideró que el caso de la regasificadora no es comparable al de Pluna: “Acá no quedó otra cosa que un caño de 12 kilómetros enterrado, lleno de hidrógeno, y 71 pilotes que no son más que un monumento a la mala gestión”, graficó.

Consultado acerca de cuál es el objeto de la investigadora, en un caso que ya tiene derivaciones judiciales, Cal contestó: “Acá hay que decirle a la gente, hasta el último centavo, en qué se gastó la plata”. Con el mismo razonamiento, prosiguió: “Acá hay que decirle a la gente ‘ustedes, pueblo, le pagaron los masajes a este, al otro y al otro. Y al otro le pagaron viajes por US$ 150.000’”.

Según el diputado, Cabildo está dispuesto a trabajar dentro de la coalición de forma “coordinada” en este tema. En ese sentido, expresó su deseo de que la oposición respalde su planteo. Consultado sobre los plazos de presentación, dijo que ya tiene la fundamentación escrita y cuando se completen “una serie de elementos” (de la auditoría) redactará la solicitud.

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani se reunió ayer con el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti, para elevar formalmente la denuncia que dará lugar, a partir de hoy, a la comisión preinvestigadora por las horas sindicales de Fenapes.

Hoy, a la hora 11:30, Schipani será recibido en el ámbito integrado por los diputados Ope Pasquet (Partido Colorado), Nancy Núñez (Partido Nacional) y Felipe Carballo (Frente Amplio). El objeto de la investigación pasa por la justificación de licencias irregularesa los integrantes de Fenapes, por parte del Consejo de Educación Secundaria entre 2015 y 2019.

Abarca tanto el caso del profesor de historia Marcel Slamovitz, a quien se le justificaron 140 horas en 2017, como a “una larga lista” de dirigentes entregada por Fenapes a Secundaria, según se desprende de las actas de la época a las que accedió El País. “Se cumplen los requisitos que marca la ley, que son la existencia de hechos irregulares o ilícitos”, afirmó Schipani tras presentar la solicitud de la investigadora en Diputados.

“Se cortaron solos”, dijo a El País una fuente de la bancada de la coalición, cuando se enteró por los medios que Cabildo había comunicado una investigadora. Si bien por la mañana habían mantenido contactos desde el Partido Nacional con el grupo de Manini Ríos, nada sabían del anuncio.

Ayer por la tarde, dos horas después de la conferencia de prensa de Cal, hubo una reunión de coordinación de bancada ampliada de la coalición donde se analizó el tema. Acordaron mejorar aspectos de relacionamiento para que esto no vuelva a suceder.

El diputado y coordinador de bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo a El País que ayer se recibió el planteo de Cal, “que no aportó ningún elemento nuevo”. De modo que el Partido Nacional esperará a conocer la auditoría que se viene desarrollando sobre Gas Sayago y tiene carácter reservado.

“Cuando se pongan en conocimiento por parte de las autoridades de UTE y se difundan todos los elementos, definiremos”, advirtió Goñi sobre el apoyo a la investigadora.

El diputado reconoció que su bancada se enteró del tema “por la prensa”, lo cual admitió que generó “sorpresa”. “Dos horas después el diputado fue a plantear el asunto en la coordinación ampliada que hacemos una vez por mes y cuyo objeto era analizar la preinvestigadora que comienza su trabajo mañana (por hoy)”, señaló Goñi.

Consultado sobre el funcionamiento de la coalición, indicó que ahora que los diputados están inmunizados en su mayoría, “se tendrán más reuniones que antes, para que no pase este tipo de cosas”.

La bancada del Frente Amplio analizará hoy tanto la posición a adoptar respecto a la investigadora solicitada por Schipani, como la que pedirá Cabildo Abierto respecto a Gas Sayago. Carballo dijo a El País que solicitó informes jurídicos sobre los contenidos de la denuncia de Schipani, “a los efectos de tener una primera lectura del tema”.

“Nos genera muchas dudas que este tema sea para tratar en el ámbito parlamentario, por varias cosas que tienen que ver con el perfil de la denuncia”, afirmó Carballo respecto a lainvestigación por horas sindicales. Dijo que esperarán los documentos que presentará Schipani hoy.

Consultado acerca de la investigadora anunciada por Cabildo, Carballo calificó de “preocupante” que en medio de la actual situación sanitaria se estén discutiendo “estas cosas”.

“No son los temas centrales y no tienen que ver con la problemática de la gente. El tema central son las 50 personas por día que se están muriendo y la situación económica es terrible”, afirmó Carballo. Aseguró que con estas investigadoras “hay una intención clara de correr la mirada hacia la gestión del Frente Amplio”.

El Partido Colorado reclamó una auditoría de gestión a nivel del Instituto Nacional de Colonización, luego de considerarla “imprescindible por la magnitud del patrimonio público comprendido”, del orden de 600.000 hectáreas. El pedido surge luego de un informe exhaustivo de los directores del organismo Guido Machado y José Amy ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ayer.

En la reunión, ambos directores indicaron que propusieron medidas para que el instituto -que nació en 1948 por iniciativa batllista- “responda mejor a sus fines”. En ese marco, plantearon realizar una evaluación del cumplimiento de los programas productivos tomados como fundamento para la adjudicación de tierras, ya que existe una deuda del orden de US$ 20 millones de los colonos (con el instituto) por préstamos concedidos.

Los directores en representación del Partido Colorado en Colonización propusieron “dar un giro en la relación con los colonos a fin de mejorar la productividad”. También son partidarios de ajustar los criterios de adjudicación para la tierra remanente, por lo que ya se están reuniendo con los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, e Interior, Luis Alberto Heber.

Durante los gobiernos del Frente Amplio, el Instituto de Colonización estuvo en manos del Movimiento de Participación Popular. De acuerdo a los balances de la administración anterior, el instituto tenía en su poder 610.304 hectáreas de tierras, 62% de ellas de propiedad estatal, que fueron entregadas en arrendamiento a familias dedicadas a la producción agropecuaria.

En los últimos 15 años de gobierno frentista se invirtieron más de US$ 300 millones y se desarrollan 3.647 emprendimientos económicos por parte de 5.583 colonos, según lo informado en el reporte de 2019.