AGENDA LEGISLATIVA
El Partido Nacional y el Colorado resolvieron en las últimas horas que no acelerarán esta discusión, sino por el contrario, que el debate quedará para el año que viene.
Había empezado como algo que, al menos en las formas, era prioritario. Los senadores de la coalición gobernante que integran la comisión de Constitución habían resuelto en octubre que el proyecto presentado por Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años subiera al primer lugar de la lista de los asuntos a tratar en ese ámbito.
Eso nunca implicó -lo aclararon varios integrantes del oficialismo en su momento- que los partidos de la coalición se inclinaran a favor de la iniciativa, aunque dentro del Partido Nacional -por ejemplo- algunos miraran con cierta “sintonía” el planteo de Cabildo, pero otros directamente con rechazo.
El tema se trató y desde hace semanas la comisión ha recibido a un conjunto de delegaciones de la sociedad civil y diversas organizaciones sociales, además de juristas de renombre y otros referentes, y en muchos casos -no todos- lo que predominó fue el cuestionamiento. Señalaron en definitiva que la iniciativa apunta a favorecer -aunque no solo- a los procesados por delitos cometidos durante la dictadura militar, puesto que su caso no figura entre las excepciones que dejarían por fuera del beneficio planteado. Y que a grandes rasgos, el fundamento humanitario en que se basa el proyecto solo resolvería la situación de unos 100 presos, por lo que no movería la aguja de la crisis penitenciaria.
Por estas y otras razones, entonces, en el Partido Nacional y el Colorado resolvieron en las últimas horas que no acelerarán esta discusión, sino por el contrario, que el debate quedará para el año que viene.
En la colectividad colorada fueron directos: su Comité Ejecutivo Nacional comunicó este lunes que este asunto y el proyecto que busca reformar la ley forestal -otro de los asuntos que dividen por estos días al oficialismo- “deben discutirse luego del referéndum” por los 135 artículos de LUC.
Entre los blancos no hubo un pronunciamiento formal, porque quienes trataron el tema fueron los senadores en la reunión semanal de bancada que se hacen los lunes. Pero coincidieron en postergar el debate para el reinicio de la actividad parlamentaria el 15 de febrero, algo que en el partido liderado por Manini Ríos querían evitar, ya que su planteo tiene por objetivo “proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de COVID-19” en las cárceles.
“Teníamos interés en resolver este tema lo antes posible, porque ya ha sido estudiado, recogido opiniones a favor y en contra, y creemos que los partidos deberían tomar posición”, lamentó en ese sentido el senador cabildante Guillermo Domenech. “Evidentemente -agregó-, nosotros no compartimos esta dilatoria; creíamos que el tema estaba maduro y que merecía el apoyo de esta coalición”.
Blancos piden visitas.
El senador nacionalista Jorge Gandini -uno de los primeros en mostrar públicamente sus reparos con este proyecto- dijo a El País que hoy “no están dadas las condiciones para aprobar” el planteo de Cabildo, y que la bancada de los blancos va a solicitar “recibir delegaciones” a partir del año próximo, en paralelo al trabajo que hace la comisión de Constitución.
“Estamos viendo qué opiniones recabar; a mí me interesa recibir al comisionado parlamentario para las cárceles”, dijo como ejemplo. Juan Miguel Petit, de hecho, ya dio su opinión en comisión a fines de noviembre, y fue muy crítico “Que la prisión domiciliaria tenga que ser dada por el juez sin más trámite, de manera preceptiva, a partir de cierta edad, rompe la arquitectura del Código de Proceso Penal”, dijo al respecto, y agregó: “Puede conducir además a resultados muy extraños e inquietantes si no se analiza uno a uno”.
A ese tema también se refirió la senadora nacionalista Carmen Asiaín -integrante de la comisión-, quien dijo a El País que dentro del Partido Nacional hay quienes, de aprobarse eventualmente este proyecto, “le harían varias modificaciones, como que el beneficio no se aplique de forma automática” sino que se evalúe caso a caso, y “quizás excluir algunos delitos” más que los ya previstos entre las excepciones del texto presentado por Cabildo.