PROYECTO

Fue una entrevista en la que el presidente Luis Lacalle Poudebió responder sobre una infinidad de temas, en inglés y exigido, porque las notas que se hacen en el programa Hard Talk de BBC se caracterizan por el tono confrontativo del periodista Stephen Sackur.

Y así, uno de las tantas preguntas que tuvo que contestar refirió a una ley que fue buque insignia de la administración del expresidente José Mujica (2010-2015) pero que su gobierno -que en ese momento fue crítico desde la oposición- no ha modificado: la norma que regularizó el mercado cannábico y dio al Estado el rol del control en la producción y distribución de la sustancia a través de farmacias autorizadas.

Sin embargo, lo que respondió sorprendió a más de un dirigente del oficialismo, porque o no estaban al tanto de que el primer mandatario tenía esto entre manos o que la postura que tuvo como senador cuando se discutió la ley en 2013 se tradujera ahora en alguna propuesta en concreto. “Estamos tratando de cambiar algunas cosas (de esa ley). No creo en que los estados cultiven y vendan marihuana. Creo en las personas, los clubes de cannabis o lo que sea que tengamos, que producen su propia marihuana y pueden tener sus propios círculos de consumo de marihuana y no el Estado”, dijo Lacalle en la entrevista, en la que también afirmó que el Estado debe “poner algo de dinero” todos los años “porque la producción no es sostenible”.

Pero más allá de la sorpresa entre legisladores de la coalición de gobierno -y al margen de cierta imprecisión de Lacalle al describir la ley, algo cuestionado por actores de la oposición-, lo cierto es que el planteo solo recogió apoyos e incluso expectativas.

“Yo sigo teniendo las mismas reservas que entonces en cuanto a que el Estado indirectamente produzca marihuana a través de licencias”, dijo a El País el diputado Iván Posada, integrante del Partido Independiente, grupo al que pertenece Daniel Radío, titular de la Secretaría Nacional de Drogas y quien ha tenido hasta el momento una política de consolidación del consumo legal de cannabis, algo que generó rispideces dentro del oficialismo, especialmente en filas de Cabildo Abierto.

No obstante, Posada remarcó que está afín a “analizar” esa parte de la normativa, tal como manifestaron representantes de todo el espectro del oficialismo.

“Me parece que la ley se ha aplicado un tiempo suficiente como para hacer una evaluación y análisis”, sostuvo en ese sentido el senador blanco Jorge Gandini, por poner otro ejemplo. “Obviamente que la regularización de la venta de marihuana y su cultivo no ha cambiado para nada el volumen del mercado ilegal, por lo que desde ese punto de vista no ha incidido”, siguió el líder de Por la Patria, en referencia a uno de los argumentos que defendieron en su momento los promotores de la norma.

Entre los colorados el ánimo es similar e incluso lo manifiestan casi que con las mismas palabras. “No se ha hecho un estudio de cómo ha sido la implementación ni de los resultados que dio”, aseguró el diputado Conrado Rodríguez, que también sostiene que el objetivo de quitarle mercado al narcotráfico es otra de las metas que quedaron por el camino.

Por eso es que entiende “que el rol del Estado como productor y distribuidor es discutible” y que es “algo que ahora se puede reformar”. En idéntica sintonía se encuentra el también colorado Felipe Schipani: “Estoy de acuerdo en que hay que hacer cambios”, declaró.

Daniel Peña, representante del Partido de la Gente, es otra de las voces que ve con buenos ojos lo que insinuó el primer mandatario, pues está “afín” a cambiar la forma como interviene el Estado en este asunto. “Porque lo único que debería hacer el Estado, como con cualquier otro producto -afirmó-, es marcar las condiciones de comercialización y controlar que se cumplan”.

Y luego queda Cabildo Abierto, el partido del oficialismo tal vez más crítico con la ley, ya que en su programa de gobierno propusieron incluso derogar toda la normativa y permitir “únicamente” el consumo con fines medicinales.

“Así que a nosotros nos encuentra de aliados”, dijo, convencido, el diputado Álvaro Perrone, para quien “la ley no funcionó porque es muy poca la marihuana que se vende y el Instituto de Regulación y Control de Cannabis necesita de un presupuesto bárbaro”. “Se iba a financiar de la venta de la sustancia y lo que se comercializa no alcanza ni para cubrir los costos”, siguió Perrone, y recordó que para esta Rendición de Cuentas su partido planteará que la venta del producto comience a gravarse con IVA: “Si el presidente dice que quiere cambiar la ley, la primera modificación que proponemos es esa”.

El presidente de los cabildante, Guillermo Domenech, aseguró asimismo que no duda de que su partido va a “apoyar cualquier acción” que de alguna forma restrinja el consumo de esta droga.

Sin embargo, en este caso pasa algo más. Y es una particular decepción con la gestión de Radío, porque entienden que ha contribuido a que se “invisibilice” el daño que conlleva el consumo de esta droga.

“Nos preocupa que no se haya realizado ninguna campaña de bien público sobre los peligros del consumo de este tipo de sustancia, que además se ha extendido mucho entre los jóvenes, y nadie les advierte sobre los efectos nocivos”, lamentó el senador. “Nosotros teníamos grandes expectativas en su liderazgo, pero debo confesar que hoy la Secretaría Nacional de drogas es un órgano casi anodino si se lo compara con lo que fue durante los gobiernos del Frente Amplio”, siguió Domenech.

Ante la consulta de si plantearán la remoción de Radío -con quien El País intentó sin éxito el contacto- Domenech respondió que no porque hasta ahora han mantenido la esperanza de una modificación en la conducción del organismo, pese a que siguen sin apreciar “ningún cambio favorable”.

Iván Posada

Diputado del Partido Independiente

“Es algo a analizar. Sigo teniendo las mismas reservas que cuando se votó la ley respecto al hecho de que el Estado produzca marihuana indirectamente a través de licencias”.

Jorge Gandini

Senador del Partido Nacional

“Ha pasado un tiempo suficiente como para hacer una evaluación y análisis de la ley. Obviamente que la regularización de la venta y el cultivo no cambió el volumen del mercado ilegal”.

Daniel Peña

Diputado del Partido de la Gente

“Lo único que debería hacer el Estado, como con cualquier otro producto, es marcar las condiciones de comercialización y controlar que se cumplan. No debería diferenciarse”.

Conrado Rodríguez

Diputado del Partido Colorado

“No se ha hecho un estudio sobre cómo ha sido la implementación de la ley y sus resultados. La finalidad de combatir el narcotráfico no se cumplió”.

Álvaro Perrone

Diputado de Cabildo Abierto

“En nuestro programa planteamos la derogación de la ley, así que a nosotros nos va a encontrar de aliados. Es una norma que no funcionó y es muy poco lo que se vende”.