Desde las 10 de la mañana la Cámara de Diputados debate sobre el proyecto de ley de reforma jubilatoria, que será aprobado en general con los votos de la coalición de gobierno y tendrá la oposición del Frente Amplio. Pasadas las 19.30 horas, llegó a la sala el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para presenciar el debate durante unos cinco minutos. El mandatario estaba en el Palacio Legislativo porque participó de un evento que se realizó en la antesala de la Cámara de Diputados en recuerdo del genocidio armenio.

El mandatario ingresó al recinto, donde también estaba presente el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. La iniciativa de reforma del sistema previsional es una propuesta del Poder Ejecutivo y ha sido presentada y defendida por el mandatario en reiteradas ocasiones.

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El informe en mayoría, presentado por el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, recuerda que la reforma de la seguridad social constituye la concreción de un compromiso político asumido por la coalición durante la pasada campaña electoral. También que una reforma de este tipo fue considerada necesaria por parte de todo el sistema político para garantizar la sostenibilidad del sistema.

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"Nadie puede negar que esta reforma no es necesaria", afirmó Jisdonian. Por un lado, por un complicado contexto demográfico. Con una tasa de natalidad que disminuye y el aumento en la esperanza de vida, disminuye cada vez más la relación entre activos y pasivos, lo que, a su vez, repercute en que el gasto público asociado a financiar el sistema irá continuamente al alza. "Todos sabemos que el gasto público en pasividades en Uruguay es excesivamente alto, y la situación tiende a empeorar con el paso del tiempo", aseguró.

Así, "si no se hace nada", los recursos destinados al Banco de Previsión Social (BPS) pasarán de 8,4% del PBI a 9,6% en 2050, advierte el informe. Diez años después se incrementará en otros dos puntos. Y cuando se acelera el nivel del gasto se empieza a reducir la población en edad de trabajar, agrega. En el caso de que no hubiera reforma, los egresos previsionales llegarán a 13 puntos de PBI en 2080. Si la reforma se concreta, tres puntos menos, sostuvo Jisdonian.

Uno de los "esfuerzos" que exige esta reforma, sostiene el informe en mayoría, es la elevación en la edad retiro. Se destaca allí que la opción fue no ir por el lado de incrementar las tasas de contribución ni los impuestos. "Entendemos que ponerle más carga al salario es bastante contrario a una política que quiere lograr fomentar el empleo", se afirma. La intención es "cubrir el actual déficit si contener un tendencia en el gasto".

Con una edad promedio de retiro que hoy está en los 60 años, a partir de esta ley quedará fijada en 61 años para los nacidos en 1973, aumentando en forma escalonada un año para finalizar en los 65 años para los nacidos a partir de 1977. La causal anticipada por retiro prevé 30 años trabajados a la fecha de vigencia de la ley, o 40 o más años de servicios computables para los nacidos a partir de 1973.

La coalición destacó los "avances en términos de equidad" que representa el nuevo suplemento solidario. Se trata de un monto adicional no contributivo de hasta $ 14 mil. Cuando menor sea la jubilación, mayor será este monto. También que las madres con hijos con discapacidad severa podrán triplicar los años que se les reconozcan como trabajados.

El informe se preocupa a remarcar el "espíritu democrático" en que el proyecto de ley ha sido tratado, evidenciado en las modificaciones que la iniciativa tuvo entre el 29 de marzo y el 19 de abril, a partir de los cambios reclamados por Cabildo Abierto y, luego, por el Partido Colorado.

"Se ha dicho que esta solamente una reforma de pasividades, y esto claramente no es así", asegura. Según la coalición, la ley también colaborará con "la infancia, la educación, los cuidados, las mujeres, las discapacidades, la vejez y la libertad del trabajo". Esta reforma, indica el texto, "asegurará a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos y nietos, el acceso a una pensión o a una jubilación, pero lo hará en condiciones más justas y dignas".

Para el oficialismo con la aprobación de esta ley el país demostrará una vez más su capacidad para dar certezas y generar más confianza en el funcionamiento de sus instituciones que todo Estado serio y responsable debe hacer.

El extenso articulado del proyecto será discutido este martes, en medio de una jornada marcada por movilizaciones y un paro nacional al que convocarán varios sindicatos del transporte, la banca, la salud y el Estado en rechazo a la reforma. El PIT-CNT define este lunes si convoca a una paralización general.