RUMBO A UNA NUEVA CARTERA

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Es un tema que siempre ha rondado la agenda pública pero que no termina de instalarse: la necesidad de un Ministerio de Justicia. Sucede que el solo nombre genera en algunos cierto recelo, debido a que una secretaría llamada así funcionó durante la dictadura militar (1973-1985). Pero esto podría verse ahora superado.

Días atrás el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, se refirió al tema luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou. Y ahora el asunto volvió al tapete, pues esta semana, en dos instancias parlamentarias del Senado, legisladores de la coalición de gobierno y del Frente Amplio volvieron a tener intercambios al respecto, y a priori hay un principio de acuerdo entre ambos bloques políticos sobre la necesidad de contar con un ministerio que se haga cargo de los aspectos administrativos del Poder Judicial.

“Algunos están más convencidos y otros tienen más dudas”, dijo sobre el tema a El País la senadora frenteamplista Lucía Topolansky, que dialogó al respecto con varios legisladores oficialistas durante la última sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos.

“Avanzamos mucho con Topolansky”, dijo por su parte la senadora blanca Graciela Bianchi el martes pasado, en la Comisión de Constitución y Legislación, donde el tema también fue abordado. “El país se debe una discusión en este sentido”, agregó.

Las “dudas” que hay en la coalición de izquierda, y en particular en la dirigente del MPP, son acerca de si un organismo de este tipo puede afectar la “independencia” del Poder Judicial.

“Si veo que la afecta un milímetro, desde ya diría que no, pero si esa duda queda despejada, tal vez sí, porque puede agilizar la parte administrativa, aunque no necesariamente es la única forma” de lograr eso, aseguró Topolansky, y anticipó: “Hay que sentarse y poner cabeza, porque también se necesitaría plata”.

Para Petit, en tanto, no es otra cosa que una buena noticia que el tema finalmente “se instale en la agenda” y que tenga además el “consenso” de gran parte del sistema político.

“Sería un gran salto para la sociedad, porque es un vacío que ojalá se pueda atender”, señaló el comisionado parlamentario en diálogo con El País. Y añadió que en esta iniciativa reside una “clave” para solucionar por partida doble un problema de dimensiones importantes. Por un lado, aseguró que se optimizaría “la relación” entre los poderes Ejecutivo y Judicial -y también el Legislativo-; por el otro, advirtió que sería especialmente positivo para todo el sistema carcelario, una visión que comparte con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Un Ministerio de Justicia permitiría -según cree Petit- que las cárceles dejen de ser un “sistema mendicante, pobre y sin recursos”. “No tenerlo todavía es una herida que nos dejó la dictadura”, lamentó.

En cuanto a la posibilidad de que este organismo afecte la independencia de la Justicia, al dar lugar a eventuales intromisiones del Poder Ejecutivo en el trabajo de los magistrados, para el comisionado esto es algo que puede descartarse de plano: “En ninguna parte del mundo democrático los ministerios de Justicia influyen un ápice en la dependencia de los jueces y los fiscales. Y existen en Suecia, España, Estados Unidos, Argentina… En todos los sistemas democráticos hay un ministerio de Justicia”, recalcó.

El tema fue discutido el martes pasado en la comisión de Constitución a propósito de la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de resolver el traslado de 20 juzgados de Paz del interior del país, una decisión que fue anulada tras varias críticas, ya que muchas localidades se quedaban sin sede de referencia.

No obstante, esa situación develó los problemas presupuestales del máximo órgano del Poder Judicial, y la carga del trabajo administrativo que tienen hoy los ministros.

“Dejando totalmente de lado prejuicios históricos, siempre entendí necesaria la existencia de un órgano que descomprimiera ese trabajo a veces muy sobrecargado que tiene la SCJ, que no solo tiene que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino también ocuparse de toda la supervisión administrativa”, dijo por ejemplo la senadora nacionalista Carmen Asiaín, que celebró el “beneplácito” de otro dirigente del MPP, el senado Charles Carrera, que también se manifestó de acuerdo con que se abra la discusión.

Otro de los que se mostró a favor, según se advierte en la versión taquigráfica de la sesión, fue el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, quien solo puso como objeción que la creación de este nuevo órgano “no signifique ningún retaceo de las competencias administrativas ni jurisdiccionales de la Corte”. De todas formas, concuerdan todos, es difícil que haya resultados concretos en esta legislatura.