El domingo 24 de noviembre los uruguayos definirán si prefieren que gobiernen Yamandú Orsi y Carolina Cosse (del Frente Amplio) o Álvaro Delgado y Valeria Ripoll (del Partido Nacional). Si bien hay varias diferencias en lo que proponen y en las que por estas horas ponen el énfasis, también existen coincidencias o semejanzas, una base programática común que podría permitir tejer acuerdos.

Concuerdan, por ejemplo, en la necesidad de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en aumentar la cantidad de efectivos policiales, aunque difieren en la cantidad, en aumentar las transferencias monetarias para bajar la pobreza infantil, en definir el futuro de la eventual represa de Casupá, en extender los concursos como forma de ingreso al Estado, y en desarrollar un plan nacional de riego, entre otras medidas.

En el programa Compromiso país: Gobernar entre todos, la coalición republicana —formada por el Partido Nacional (PC), el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), el Partido Independiente (PI) y el Partido Constitucional Ambientalista (PCA)— plantea la “transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un Servicio Descentralizado que se vincularía con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, el que se propone “crear”. La coalición logró este acuerdo a pesar de que la creación de esta cartera no cuenta con el apoyo de CA ni de dos senadores electos por el PC, Pedro Bordaberry y Gustavo Zubía.

Por su parte, el Frente Amplio (FA) tiene dos documentos con contenido programático: Bases programáticas, aprobado por el Plenario en julio de 2023, y Prioridades para gobernar Uruguay, presentado por Orsi en Colonia en setiembre. El segundo documento contiene 48 propuestas en tres ejes: crecimiento económico, seguridad y cuidados. En el capítulo sobre seguridad, el FA propone la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al que le atribuye “la responsabilidad del funcionamiento del sistema penitenciario nacional, tanto en la ejecución de las penas privativas de libertad como de las penas alternativas, con la finalidad de la inserción social”.

La seguridad es la principal preocupación de los uruguayos, según todas las encuestas, y una de las propuestas de quienes compiten por la Presidencia de la República es aumentar la cantidad de efectivos policiales, de drones y de cámaras de videovigilancia.

La coalición plantea el “incremento de al menos 1.500 funcionarios policiales, con especial énfasis en las comisarías de zonas críticas y la Guardia Republicana ampliando sus efectivos y sus bases operativas”, mientras que el FA, “la creación de 2.000 nuevos cargos policiales durante el período 2025-2030 para reforzar la capacidad operativa de la Policía”.

Además, la coalición impulsa el “fortalecimiento tecnológico con ampliación de videovigilancia y la dronización de la vigilancia tanto urbana como rural”. En esa línea, el FA prioriza “dar un nuevo impulso a la instalación de cámaras y dispositivos de videovigilancia, llegando a las 20.000”, e incorporaría “tecnología de registro de matrículas de autos, motos, patrullaje virtual de drones y sistemas de identificación facial”.

Ambos candidatos pretenden mejorar la coordinación de las dependencias que combaten el narcotráfico. La coalición plantea “la creación del Grupo Especial Conjunto Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, el cual estará integrado por funcionarios de todas las dependencias estatales con vinculación en la tarea investigativa adaptando el Modelo Antimafia multifuerzas utilizado por Italia”, mientras que el FAbusca “desarrollar un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, el que se encargaría de “analizar la situación del país en perspectiva interinstitucional”, y se compromete a crear “una Fuerza Especial de Tareas con equipos de investigación criminal de alta dedicación operativa para cada una de las zonas asignadas”.

Los dos programas proponen además mejorar la atención de la salud mental de las personas y particularmente de los funcionarios policiales.

Para combatir la pobreza infantil, ambos proyectos apelan a incrementar las transferencias monetarias a hogares en situación de vulnerabilidad socio económica extrema a través del Bono Crianza. Delgado propone “una triplicación del monto pasando a cobrar $6.900” por mujer embarazada o niño de hasta tres años, y Orsi se compromete a “aumentar un 50% el monto de la Tarjeta Uruguay Social y del Bono Crianza”.

A su vez, coalicionistas y frentistas recurren a las becas como incentivos para estimular el egreso en educación media. La coalición menciona “becas vinculadas a logros académicos y prácticas laborales remuneradas”, y el FA proyecta “multiplicar por cinco la cantidad de Becas Butiá para estudiantes de enseñanza media de centros educativos públicos (de 14.700 beneficiarios a 70.000), incrementando el monto de $10.000 a $25.000 al año”.

La convergencia programática también se da en el uso del agua. La coalición propone “desarrollar un Plan Nacional de Riego con el objetivo de alcanzar 100.000 hectáreas en 2030”, para lo que “será primordial trabajar en los costos energéticos, el marco jurídico pro inversión y una coordinación eficaz y eficiente de los procesos”, y el FA también habla de “desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego”, que incluirá “la orientación de los beneficios tributarios hacia el riego (priorizando el multipredial), promoción de instrumentos de financiamiento para inversiones en riego (plazos más largos, mayores plazos de gracia, amortización variable, sistema de garantías), diseño de instrumentos de mitigación del riesgo de precios (coberturas) y definición precisa y ágil de la evaluación de proyectos y autorizaciones”.

Una de las crisis que marcó este período de gobierno fue la hídrica y en ese sentido ambos programas aluden —con diferencias notorias— a la eventual construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida, una iniciativa del segundo gobierno de Tabaré Vázquez que no se ha concretado. Mientras que los coalicionistas proponen “reformular el Proyecto Casupá explorando alternativas de financiamiento”, el FA plantea la “implementación efectiva del Plan Nacional de Agua y construcción de Casupá”, lo que permitiría “sentar las bases para una transformación profunda con base en la seguridad hídrica en los tres aspectos principales: abastecimiento garantizado de agua en calidad y cantidad para la población, necesidad de agua para la producción y la protección del recurso natural”.

En inserción internacional, la coalición expresa su voluntad de “fortalecer Uruguay XXI, agencia especializada para atraer y acompañar inversiones y promover servicios, exportaciones y turismo”, y anuncia que se “incorporará al sector privado”, mientras que el FA considera prioritario “revitalizar Uruguay XXI” e “incorporar al sector privado a su Consejo de Dirección”.

Por otra parte, en el capítulo sobre “transparencia y ética pública”, la coalición se compromete a “impulsar la realización de concursos transparentes para el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos como norma”, lo que “se promoverá tanto a escala nacional como departamental, respetando las autonomías constitucionalmente consagradas”. En ese sentido, el FA estima prioritario “limitar al máximo las designaciones directas en todas las dependencias del Estado”, considera que “es inadmisible que continúe el exceso de designaciones directas en distintos organismos del estado, especialmente en algunas intendencias”, y anuncia que si llega al gobierno “se promoverán los concursos abiertos como la forma de selección más adecuada y una barrera al clientelismo, tal como se hizo con los organismos nacionales durante los anteriores gobiernos del FA”.