PRESUPUESTO

Martín Pereira, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), dijo este miércoles a El País que la decisión del Poder Ejecutivo de modificar el régimen de licencia por enfermedad para los funcionarios públicos incluido en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional es una señal "totalmente negativa" y va a hacer que los trabajadores "vayan a trabajar enfermos". Ahora, el asunto será considerado en el Parlamento, luego de que el articulado ingresara el lunes pasado. 

El dirigente sindical aseguró que "rechazan" el artículo 28 del proyecto de ley presupuestal, donde se fija este nuevo régimen, porque de esta manera se "busca recaudar y no beneficiar a los trabajadores".

Consultado sobre si esperaban esta propuesta, Pereira señaló que se habían manejado por parte del Poder Ejecutivo "algunas fórmulas que no eran estas", en referencia a lo que se terminó plasmando en el artículo 28. Entre las opciones, el dirigente contó que se les había informado que "iba a haber algún descuento, pero que se iba a tener consideración en los primeros días de certificación y esto no fue planteado arriba de la mesa".

Con esta iniciativa todos los funcionarios presupuestados o contratados -con excepción de los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales- no tendrán derecho a percibir retribución por un período de hasta tres días de licencia por enfermedad. A partir del cuarto día cobrarán el 70% del sueldo por todo concepto, excluidos los beneficios sociales y antigüedad.

En ese sentido, COFE entiende que "deben haber controles de quién certifica y cuáles son las certificaciones", y que "quitar el 30% del salario y tres días de descuento realmente va a hacer que los trabajadores vayan a trabajar enfermos".

"Cuando ellos hablan de 'abusos', nosotros entendemos que sí hubo algunos, pero no hay controles por parte del Estado de quién emite el certificado, de que se cruce en el BPS si tiene un trabajo público y privado", así como "muchos más controles para realmente saber cuáles son las certificaciones en cada organismo", indicó Pereira.

Una fuente del gobierno explicó a El País que con esta medida buscan que los funcionarios “vayan a trabajar” y que el descuento sea un incentivo para que pidan licencia médica los que de verdad la precisan.

Al respecto, Pereira consideró que "incentivo no hay" y que "te descuenten el salario difícil que se vea" así, agregó. También señaló que en un contexto donde la pandemia del COVID-19 "aún no está controlada", y que a pesar de que esto regiría desde el 1° de enero de 2021, manifestó: "Si alguien tiene que aislarse porque tuvo un contacto o posible contacto dentro del trabajo, ¿va a querer aislarse o no? Porque va a perder tres días y el 30% del salario".

Para el dirigente sindical "lo que se busca es una señal pública en contra del funcionario público, que eso rinde más cuando tenés todos los medios que lo reproducen como algo bueno y que intentan poner al trabajador público contra el trabajador privado, o contra el trabajador que está desocupado o en el seguro de paro".

Consideró que está medida "viene más por generar empatía con la población que buscar una solución realmente a los servicios que brindamos los trabajadores del Estado".

COFE ahora analiza el texto junto al equipo de abogados del sindicato y técnicos del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (Inesur), para ver los aspectos "a cambiar dentro del Parlamento y un análisis jurídico de todos los puntos y el alcance".

Además, Pereira apuntó al gobierno por considerar que en el Presupuesto presentado "salud, educación, vivienda tienen menos presupuesto que la Armada y que el Ministerio del Interior. Eso es una preocupación que tenemos y que el gasto social realmente se ve resentido".