PRESIDENTE DE NICARAGUA

De la mano del entonces intendente de Montevideo y ahora coordinador del Frente Amplio Ricardo Ehrlich, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió en el 2008 la llave de la ciudad y fue declarado ciudadano ilustre. Ayer, desde el Partido Colorado, se reclamó a la jefa comunal Carolina Cosse dejar sin efecto aquella resolución.

El punto se trató ayer en el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo, donde se resolvió cursar una nota a Cosse, que fue firmada por el presidente de turno, Jorge Alves, y el secretario general y diputado, Felipe Schipani.

“En el 2008 la Intendencia de Montevideo le entregó las llaves de la ciudad a Daniel Ortega. No dudamos que en dicho momento fuera merecedor de tal reconocimiento, lo que parece claro es que hoy no lo es”, aseguraron los colorados en la carta a la que accedió El País.

En ese marco, se sostiene que al ser la entrega de llaves una resolución del intendente, como cualquier acto administrativo es “perfectamente revocable”.

Como argumentación se sostiene que sería un “claro compromiso” con la defensa de la democracia y los derechos humanos que deje sin efecto esa resolución de Ehrlich.

“Supondría un gran mensaje de aliento para todos los nicaragüenses presos y perseguidos por Ortega. Se trataría en definitiva de una reafirmación democrática de nuestra intendencia en defensa de la libertad”, aseguran. En ese marco agregan a Cosse: “Confiamos en su sensibilidad republicana”.

Ortega asumió el pasado lunes 10 de la presidencia de Nicaragua, tras las elecciones celebradas el 7 de noviembre de 2021. Según los colorados, la instancia electoral careció de garantías democráticas, de acuerdo a la visión tanto de organismos internacionales como de organizaciones de derechos humanos.

Como ejemplo se menciona a la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien constató “afectaciones a las libertades fundamentales en el marco del proceso electoral”. Asimismo, advirtió sobre una serie de hechos como la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos, la detención arbitraria de siete personas precandidatas a la presidencia, la de más de 30 líderes sociales y políticos, junto a la descalificación de una candidata a vicepresidenta.

En el informe también se mencionan “restricciones arbitrarias” contra la libertad de asociación de la sociedad civil, como las impuestas por la ley de agentes extranjeros o la cancelación de la personalidad jurídica de 45 organizaciones civiles durante 2021 y la prohibición de manifestaciones públicas, en particular de personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno.

Además, se recuerda el pronunciamiento de organizaciones “de intachable prestigio internacional” como Human Rights Watch, que opinó que Ortega asumirá su quinto mandato en Nicaragua “a fuerza de represión, censura y miedo”. Por su parte el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos concluyó, en sesión del 29 de noviembre de 2021, que Nicaragua estaba “incumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana”.

En la nota de los colorados a Cosse se informa que al día de hoy se registran 170 presos políticos en Nicaragua, de los cuales 36 son los más importantes referentes opositores del país y están encerrados en “El Chipote”, una prisión donde, según las denuncias de familiares que han conseguido visitarlos muy esporádicamente, “están sufriendo desnutrición y malos tratos”.