Los diputados Conrado Rodríguez (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) presentaron un proyecto de ley interpretativo de la última reforma de la seguridad social. Su objetivo es que, ante el próximo asesoramiento que el Banco de Previsión Social (BPS) se apresta a dar a los "cuarentones" sobre si les conviene continuar en el sistema mixto o acogerse a la opción de desafiliarse de la AFAP, se “interpreten de debida forma” dos artículos de la ley vigente desde 1996, que establecen una “bonificación” en el cálculo de la prestación jubilatoria.

La ley aprobada durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti conformó el sistema mixto, por el cual conviven el pilar intergeneracional —administrado por el BPS— y el de ahorro, por franjas de ingresos —a cargo de una AFAP. Allí se estableció que a partir de los $ 5.000 de ingreso —unos $ 85.607 de ahora, según se calcula en el proyecto de los diputados— los trabajadores comenzaban a contribuir con aportes personales a una AFAP.

Sin embargo, los artículos 8 y 28 de esa ley preveían la posibilidad de que el afiliado pudiese aportar a una administradora privada por voluntad propia, aunque no llegara a cobrar el mínimo establecido. A cambio, vería multiplicadas por 1,5 las asignaciones computables mensuales de sus aportes. Se subrayaba que, además, de esta manera podría ahorrar un capital que le serviría de base para generar una renta vitalicia a través del régimen de ahorro individual obligatorio. Para los diputados del Partido Colorado e Independiente esto supone un “derecho adquirido” para quienes optaron por acogerse a esta opción.

Sin embargo, Rodríguez y Posada plantean que la vigente reforma impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou estableció una diferenciación entre quienes están en esta situación. Así, si bien la ley aprobada en mayo 2023 reconoce esta distribución de aportes a aquellas personas que se afiliaron al BPS antes del 1° de diciembre de ese año, una ley complementaria, de noviembre del mismo año, solo les reconoce ese derecho hasta la finalización del período de convergencia, previsto para el 1° de enero de 2043.

Esta situación, se advierte, perjudicaría a las personas que hoy tienen entre 41 y 46 años que, de no configurar causal anticipada o contar con servicios bonificados, recién configurarían causal jubilatoria cuando cumplan 65 años, ya luego del 1° de enero de 2043, con lo que no accederían a la bonificación a pesar de haber optado en su momento por el reparto previsto.

"Para que esto no ocurra hay que realizar una correcta interpretación de la norma y sus contextos, respetando los derechos adquiridos", señalan Rodríguez y Posada. De lo contrario, se concluye, se estarían violentando principios jurídicos, en particular la retroactividad de la ley civil.

Según los legisladores, "racionalmente nadie hubiera realizado la opción por el artículo 8, que le permitiría ahorrar sin estar obligado a hacerlo, si no fuera por el beneficio especial del cálculo especial del salario básico jubilatorio".

Lo que plantea el proyecto es que se "interprete" la ley vigente para que, a los que en su momento hicieron la opción con un supuesto anterior a lo previsto en la reforma de 2023, se les asegure la bonificación establecida.

En la exposición de motivos del proyecto, al que accedió El País, los legisladores afirman que "no tiene ningún fundamento razonables o justo que, desde ahora y terminado el período de convergencia, a quienes puedan configurar allí causal jubilatoria se les aplique un cálculo del salario básico jubilatorio diferente y de resultado menor, y por lo tanto se les liquide una prestación bastante menor a la que les hubiera correspondido un día antes". Esto, afiman, además de inequidades entre franjas etarias por diferencias de "meses o días", violenta la opción del afiliado y la seguridad jurídica que, apunta, la actual reforma intentó mantener en otras disposiciones.

Rodríguez y Posada señalan, por otra parte, que si este elemento no es tenido en cuenta en el asesoramiento que vaya a brindar a partir de ahora el BPS, podría dar lugar a un "consentimiento no debidamente informado", dado que la persona hará una opción que no considerará la estimación más beneficiosa de su ingreso jubilatorio.

La propuesta interpretativa llega en un momento especial, con la actual legislatura en retirada y una próxima a instalarse el 15 de febrero. De todas maneras, la intención de los legisladores es "poner el tema arriba de la mesa" para que los afiliados cuenten con toda la información disponible.

Rodríguez y Posada —que dejará su banca el mes que viene— descuentan que el apoyo del Frente Amplio a esta iniciativa será vital para su futuro.

La izquierda, que contará con mayoría absoluta en el Senado y que quedó muy cerca en Diputados, tiene entre sus prioridades una nueva reforma en el sistema de seguridad social. Será a través de un "diálogo social" al que se pretende convocar a todos los actores políticos, sociales y económicos involucrados, y cuyas conclusiones deberán cristalizarse en nuevas leyes.

El gobierno electo de Yamandó Orsi pretende un sistema basado en tres pilares: solidario, de reparto intergeneracional y de ahorro "no lucrativo". Entre otros aspectos, se propone revisar el mecanismo de financiación del sistema, en particular las "inequidades" en los aportes.

El BPS pondrá en línea a partir del 10 de febrero el asesoramiento para que las personas de entre 40 y 49 años de edad puedan revocar, eventualmente, la opción de aporte voluntario que hicieron en aplicación del artículo 8 de la ley de seguridad social aprobada en 1995.

Los últimos datos publicados por los representantes de los trabajadores en el directorio de la entidad indican que cerca de 100 mil personas, incorporadas al sistema mixto, se inscribieron en su momento para la consulta.