Redacción El País
La comisión especial que en Diputados analiza el “financiamiento de la democracia” logró alcanzar ayer un acuerdo para aprobar, en general, la nueva ley de financiamiento de partidos políticos. También consiguió un avance significativo, al sancionar 11 de los 35 artículos que integran el texto, con la perspectiva de dejarlo enteramente aprobado hoy, para que sea ratificado luego el martes 28 en el Plenario de la cámara baja.

Hoy la coalición buscará el consenso para despejar las últimas diferencias que impiden un acuerdo total. Sobre todo a partir de una serie de planteos efectuados por el Partido Nacional, el último en haber incorporado propuestas. La principal pasa por la “compensación” que recibirán los canales de televisión al ser obligados a ceder minutos gratis para que los partidos realicen propaganda durante la campaña electoral.

Al respecto, los diputados manejan dos fórmulas: “facultar” al Poder Ejecutivo a otorgar esa compensación o dejarla establecida ya en la ley.

La razón es que hay distintas visiones sobre si se trata de una prerrogativa exclusiva del gobierno. Los legisladores no manejan datos certeros sobre cuánto cuesta hoy un minuto en televisión, pero sí saben que los medios aplican distintas tarifas.

El diputado frenteamplista Mariano Tucci señaló que su fuerza política es partidaria de limitar esas eventuales compensaciones a los medios del interior.

Por otra parte, hay ambiente en eliminar la prohibición total de que el Estado realice publicidad en épocas electorales. El diputado colorado Conrado Rodríguez propone allí exceptuar de esa norma a los organismos públicos que estén en competencia con el sector privado.

Los blancos también reclaman elevar el tope previsto para las donaciones que los candidatos puedan efectuar a sus propias campañas. En el caso de presidente y vice, pasarían de un millón a dos millones de unidades indexadas (hoy unos $ 11,6 millones). El Frente Amplio, por su parte, apoya conservar la propuesta original.

Los nacionalistas exigen además eliminar uno de los literales del artículo que incluye las sanciones ante eventuales incumplimientos a la ley. Específicamente, el que habilita al retiro inmediato de las licencias a los medios que efectúen “donaciones encubiertas” a los partidos políticos. Los blancos dicen que esto constituiría una “venezuelización” del sistema nacional de comunicaciones.

Por otra parte, los blancos interpretan que la Corte Electoral es el organismo que debería concentrar la potestad sancionatoria a los medios. Un aspecto en el que el resto de los socios de la coalición discrepa.

La cercana aprobación allanará el destino de un proyecto que está a punto de cumplir cuatro años de discusión. Aún más, si se considera que se partió de un proyecto presentado por el Frente Amplio a inicios de 2020 y que tomó como base la iniciativa que la propia coalición de izquierda intentó que prosperara, sin éxito, en la pasada legislatura.

El texto que ahora está en discusión fue elaborado por el colorado Rodríguez en conjunto con su colega Iván Posada (Partido Independiente). Ambos legisladores consensuaron luego el nuevo proyecto con los diputados del Frente Amplio. En términos generales, la nueva versión recibió el apoyo de Cabildo Abierto, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y el Partido de la Gente.

La voluntad de los legisladores es que la Cámara de Representantes otorgue sanción la próxima semana y que el proyecto pase en forma inmediata al Senado. De haber allí un rápido trámite, teniendo en cuenta el acuerdo ya discutido en la cámara baja, la ley podría aplicarse en este ciclo electoral.