DIVISIÓN EN EL SOCIO DE LA COALICIÓN

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En Cabildo Abierto celebran la diversidad de ideas y de que en una misma bancada parlamentaria convivan legisladores con posturas ideológicas o filosóficas distintas. Sin embargo, y más en un partido joven, los cruces a veces son inevitable, y eso es lo que ahora está ocurriendo con el debate sobre la posibilidad de crear una comisión parlamentaria para monitorear los eventuales efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19.

Esto, de hecho, generó una indudable “polémica interna” dentro de la colectividad liderada por el senador Guido Manini Ríos -que aún no tiene postura formal al respecto- como no hay casi antecedentes, según reconocieron varios dirigentes cabildantes consultados por El País.

Se trata de un diferendo que, más allá de la resolución formal que adopte el partido, en su trasfondo parece insalvable porque se suscita entre dirigentes políticos que no creen en la vacunación contra el COVID-19 y otros que, incluso, proyectan intensificar los controles sanitarios en el Palacio Legislativo (ver aparte). En lo único en que hay consenso, se apuran en aclarar todos, es que no está en duda la gestión que lleva adelante el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hombre de confianza de Manini, que además goza de buena popularidad, tal como señalan las encuestas.

La discusión comenzó a procesarse cuando el jueves pasado el diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), irrumpió en la reunión de bancada de Diputados de Cabildo para comentar su iniciativa de crear un ámbito para dar seguimiento a, por ejemplo, el caso de personas supuestamente “imantadas” por el efecto de las vacunas. Esto es algo que Vega intentó demostrar ya a fines de julio al llevar al Parlamento a dos mujeres a las que se les pegaban metales, aunque ellas mismas admitieron luego que ni siquiera se habían vacunado.

No obstante, la propuesta de Vega -quien busca respaldo en otros sectores- es analizada con buenos ojos por algunos diputados cabildantes, como Elsa Capillera, Rafael Menéndez y Rodrigo Albernaz, que además decidieron no inmunizarse contra el COVID-19. Su buena disposición, y declaraciones al respecto sobre la receptividad a esta idea, generó como respuesta un comunicado de la agrupación Orientales Unidos, que fue clara en señalar que ese sector no apoyará “ningún tipo de iniciativa parlamentaria que busque cuestionar el trabajo serio y responsable” de las autoridades sanitarias.

La diputada Silvana Pérez, presidenta de Orientales Unidos y una de los firmantes, dijo a El País que su grupo ve hoy con “preocupación que todo este tema negacionista o antivacunas ronde en el Parlamento, que es lo más serio que tiene este país”. “Me parece realmente una falta de seriedad tremenda a nivel legislativo estar tomando posición a favor de estas iniciativas”, disparó la representante.

Por todo esto es que la discusión interna sobre este asunto “es evidente” que está instalada, y que, de acuerdo a la opinión de distintos dirigentes, deberá ser resuelta o en la próxima reunión de bancada o durante la sesión de la mesa política del partido.

“Esta polémica hay que zanjarla con tranquilidad y respetando la posibilidad de que haya diversos puntos de vista sobre distintos temas”, señaló por su parte a El País el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que igualmente aseguró que su posición es la de “tratar de mantener la unidad” partidaria.

En el caso del diputado Eduardo Lust, la polémica pasa por definir qué tipo de comisión legislativa -investigadora, permanente, especial o con fines legislativos- es la que puede crearse a solicitud de Vega. “No queda claro tampoco qué es lo que quiere buscar”, sostuvo.

Otra opinión, ya más definida, es la que tiene el diputado Sebastián Cal, para quien directamente “no hay lugar” para la propuesta del único representante de PERI. “El parlamento no tiene capacidad técnica para evaluar algunas cosas que están hoy arriba de la mesa, mucho menos la tiene para analizar el contenido de las vacunas”, apuntó.