El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit pidióla intervención del Parlamentoal asegurar que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) le niega el acceso a las historias clínicas de los reclusos. A su entender, esta negativa constituye una ilegalidad y contradice lo pautado en la ley vigente, que le otorga a su oficina un rol de asistencia a los privados de libertad en -entre otros temas- su derecho a contar con una salud de calidad.

"ASSE nos ha negado el acceso a las historias clínicas" advirtió ante la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados.

Petit dio cuenta de sucesivas reuniones por el tema en los últimos tres años con las autoridades de ASSE. Allí les expresó que su oficina tiene la necesidad de acceder a esa documentación cuando un preso o su familia lo indica, bajo el principio de que la historia clínica es propiedad personal del paciente. Allí reivindicó su rol como actor especializado en la promoción de los derechos humanos de estas personas, con un rol específico. "Entendemos absolutamente pertinente comprobar lo que señalan las historias clínicas de nuestros asistidos", afirmó.

Según Petit, un bosquejo de protocolo que se había comenzado a elaborar la administración planteó que las solicitudes de acceso a las historias fueran realizadas en forma manuscrita por los propios presos. Algo que, según planteó el comisionado, genera muchos problemas, ya que muchos reclusos no saben leer ni escribir, o ni siquiera cuentan con materiales para hacerlo. Otra alternativa fue que cada interesado concurriera personalmente a la clínica, lo que según su visión se traduciría, en casos como Santiago Vázquez, en la paralización de todo un sector de la cárcel.

La ley que en 2003 instituyó la figura y creó los cometidos del comisionado parlamentario establece que "el funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa a contestar los informes o no facilitara el acceso a expedientes o a documentación administrativa necesaria para la investigación", incurrirá en un delito de "omisión contumacial de los deberes del cargo", para lo que está prevista una pena de tres a 18 meses de suspensión.

"Negarnos esa posibilidad constituye una absoluta ilegalidad y, además, es una obstrucción a nuestra tarea de promoción de derechos", insistió el comisionado. "Me gustaría que ASSE me lo explicara", dijo. Allí planteó dos situaciones distintas: la de los presos que le piden consultar sus historias, y la de los fallecidos en prisión. En esos casos la dificultad radica en que, muchas veces, estas personas ni siquiera tienen familia que pida o autorice el acceso a su historia clínica.

"Cuando muere una persona, para nosotros es importante saber qué pasó", dijo.

El diputado frenteamplista Luis Gallo se mostró sorprendido por el anuncio de Petit, aunque aventuró una explicación. "Tengo la presunción de que no le dan las historias clínicas porque no existen", dijo. Y si existen, son muy precarias". En su visión, no puede haber otra explicación legal o racional para que ASSE niegue esa posibilidad a un privado de libertad y que este consulte el documento con quien quiera. "Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto se solucione", prometió.