La población en el sistema penitenciario uruguayo viene creciendo a un ritmo constante año tras año. El año pasado hubo en promedio 14.409 personas en alguna cárcel del territorio nacional, lo que denota un crecimiento de 20% con respecto al inicio de este gobierno. Se trata de un sistema "gigante", que ubica al país entre los diez primeros del mundo con más presos en relación a su población: 408 por cada 100.000 habitantes.

El año pasado hubo 5,2% más de personas encarceladas que en 2021. Pero, mientras que la población masculina creció 4,7% la de mujeres se incrementó 13%. Así, mientras que en 2021 hubo en promedio 907 mujeres presas, en 2022 fueron 1.022.

Y el número de plazas disponibles estuvo lejos de acompañar esta tendencia. Mientras que en 2021 el hacinamiento general en el sistema llegaba a 123%, el año pasado se ubicó en 129%. En este caso, las mujeres también son las que se llevan la peor parte: el hacinamiento masculino es de 128% y el femenino es de 158%. Los niveles de superpoblación carcelaria son variables entre las distintas unidades. En el Comcar es de 138%; en el Centro Femenino, 165%; en Maldonado, 199% y en Salto llega al 239%.

Así se señala en el informe preliminar que el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, elevó esta semana al Parlamento con las conclusiones de la situación que se vivió en el sistema penitenciario el año pasado.

Además, de allí se desprende que en 2022 hubo 42 fallecimientos en las cárceles uruguayas. Fueron 13 homicidios, diez suicidios, dos muertes accidentales, dos muertes violentas sin especificar y 15 decesos por enfermedad.

Más allá de algunas cuestiones "alentadoras", Petit marcó su preocupación por casos extremos de muy malas condiciones de convivencia y nula rehabilitación que se viven en varias unidades del sistema, con cuadros de privación de libertad sin accesos a los estándares mínimos de derechos humanos y elementales oportunidades de reinserción.

El informe se detiene en lo que sucede en módulo 2 de la Cárcel de Canelones. Allí se alojan 716 personas en "condiciones inaceptables" para un país con el desarrollo de Uruguay. Un lugar, relata, muy deteriorado, donde prácticamente no se accede al patio, sin equipos técnicos y con nulas actividades socioeducativas. Petit reparó en los "calabozos de tránsito" en el sector D del módulo 6. L

Los presos detenidos allí no salen al patio y permanecen hacinados en sus celdas por más de diez días. En una visita que realizó allí el pasado 24 de abril, el comisionado comprobó que en el sector B, con 201 internos, había 30 que no tenían celda y que debían dormir en el piso de la planchada interior. Además, en las 33 celdas que existen allí no había camas. A todo esto se suma, según señaló, el pésimo estado de las duchas, saneamiento e instalaciones eléctricas y el hacinamiento. "La conclusión es muy dolorosa y, en pocas palabras, solo cabe decir que el sector debe ser cerrado o reformado en forma urgente", afirmó.

El informe del comisionado sigue con el Centro Metropolitano Femenino que, aseguró, también presenta condiciones inaceptables de convivencia en muchos sectores. Uno de los principales problemas allí pasa por el deterioro edilicio, la falta de personal y serios problemas de cobertura y coordinación para la atención médica.

También existen condiciones preocupantes en los módulos 3, 4, 10 y 11 de la Cárcel de Santiago Vázquez. En conjunto alojan a 1.424 personas. Lo mismo sucede en ciertos sectores de la Cárcel de Maldonado.

El informe del comisario le recomendó al Poder Ejecutivo que declare una "situación de emergencia" en todos estos lugares y que conforme un grupo multisectorial que se encargue rápidamente de ejecutar con urgencia todas las medidas que permitan revertir esta situación.

Uno de los mayores problemas detectados por Petit a nivel general pasa por la dificultades de atención en salud, motivadas muchas veces por la imposibilidad de trasladar a los internos a un centro de asistencia por falta de personal o de transporte. También subraya carencias "muy llamativas", como la total ausencia de servicio ginecológico en el Centro Metropolitano Femenino, donde viven 750 mujeres. Allí, agrega, tampoco hay atención especializada en salud mental.

"Es desesperante la cantidad de actos sanitarios que no se pueden concretar o se demoran por la dificultad de actuar en forma coordinada" dice Petit, en referencia al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Lo mismo sucede, apuntó, con los problemas de adicción. El Programa sobre Uso Abusivo de Drogas en las cárceles tiene capacidad para atender apenas a 400 personas por año, cuando se sabe que es una problemática casi generalizada en el sistema.

El informe de Petit también relevó el tiempo que los presos pueden destinar al esparcimiento o la actividad física. Con datos de octubre de 2022, el comisionado señaló que el 56% de los reclusos en el sistema no accede a una salida al patio diaria todos los días de la semana.

Petit entiende de vital importancia que esta realidad se comprenda ante la inminente discusión de la Rendición de Cuentas, que será la última en este período en la que podrá haber incremento presupuestal.

"Nuestro sistema penitenciario sigue siendo parte central del problema de la violencia y la exclusión social que tenemos, y está lejos de ser parte de la solución" dijo Petit, que insistió en la necesidad de una reforma integral del sistema. De lo contrario, advirtió, el país seguirá sin solucionar sus problemas de seguridad pública, que según dijo son estructurales y están atados a situaciones de pobreza, con una tasa de 10,8 homicidios por cada cien mil habitantes y una tasa de encarcelamiento que está entre las más altas del mundo.

El comisionado celebró los pasos que ha dado el Ministerio de Educación y Cultura en cuanto a su nueva obligación de implementar un programa educativo en las cárceles. Su desarrollo permitió conocer que el 55% de las personas que hoy están presas en Uruguay son analfabetas.