Cómo cayó la falsa médica que atendía en una mutualista de Rocha: listado de la Caja de Profesionales fue clave

Aunque el caso había conmocionado a la sociedad rochense meses atrás, la Fiscalía Departamental de 2.º Turno de Rocha finalmente imputó a una mujer por estafa, luego de que durante más de un año se hiciera pasar por doctora en medicina y atendiera a cientos de pacientes en una mutualista privada del departamento sin contar con el título habilitante. El caso salió a la luz en octubre de 2025 y provocó una conmoción a nivel social en la capital departamental.

El pasado lunes el Ministerio Público acusó a la joven de ser la “autora de una presunta comisión de un delito continuado de estafa en concurso formal con un delito continuado de usurpación de títulos, en régimen de reiteración real con un delito de hurto especialmente agravado en concurso fuera de la reiteración con tres delitos de falsificación de documento privado”.

El caso trata de una mujer de 32 años que desde abril de 2024 ejerció actos médicos en el Colectivo Médico Rochense (Comero) como profesional de la medicina cuando no tenía el título habilitante. Tenía sí, como antecedente, haber estudiado la carrera pero no la había finalizado (contaba con el título intermedio de Técnica en Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades —cuarto año completo de la carrera más 20 créditos en optativas y/o electivas—, pero no era egresada).

La ahora indagada por Fiscalía había ingresado a la Facultad de Medicina en febrero de 2013 y en abril de 2024 fue contratada en régimen de arrendamiento de servicios como doctora en medicina para realizar guardias domiciliarias por la mutualista local.

En ese entonces, presentó en la institución su Curriculum Vitae “así como una copia de su supuesto título expedido por la Facultad de Medicina en noviembre de 2023”, según surge de la imputación fiscal a la que accedió a El País.

La maniobra de la mujer —a quien, tras la formalización de la investigación, se le impusieron como medidas cautelares la fijación de domicilio, la obligación de presentarse periódicamente en una seccional policial, la prohibición de salir del país y arresto domiciliario nocturno por 120 días— fue detectada en primera instancia por Recursos Humanos del Hospital de Rocha, cuando se presentó a un concurso para prestar servicios en el centro dependiente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En diálogo con El País, la directora del Hospital, Laura Teti, comentó que las funcionarias de la institución fueron las que notaron que la documentación presentada tenía irregularidades: la fecha de emisión del título y el tiempo que lleva para que el Ministerio de Salud Pública (MSP) expida la habilitación eran discordantes. No cerraban.

“Habían cuestiones que no coincidían. Y cuando se fue constatar el número de afilada a la Caja de Profesionales Universitarios figuraba como que era de otra persona. Cuando se detectó eso se informó a ASSE central para que ellos hicieran la investigación. Había muchas inconsistencias”, comentó la jerarca, que aclaró que la indagada nunca llegó a trabajar en el prestador público y que hubo mucha documentación original que le fue solicitada y no presentó.

Según relató la doctora Teti en agosto fueron detectadas las irregularidades y en setiembre se envió la notificación a Jurídica de ASSE.

Sin embargo, la denuncia penal por la que fue imputada la mujer fue hecha por Comero, la mutualista rochense que la había contratado hacía más de un año y en la que la supuesta profesional se venía desempeñando como médica, particularmente haciendo visitas a domicilio.

A partir de la detección de algunas irregularidades —advertidas entre fines de setiembre y principios de octubre tanto en el Hospital de Rocha y Comero, dos centros de salud cuya plantilla comparten numerosos médicos y funcionarios por lo que la información fluye— comenzaron las investigaciones internas que terminarían por destapar la maniobra.

En la mutualista, a la mujer se le reclamó que presenté su título original y se la intimó a que haga constar sobre su inscripción en el Colegio Médico, así como la constancia de estar afiliada a la Caja de Profesionales. De la parte denunciada no hubo respuestas, sostuvo el fiscal Federico Pion.

Ante esta situación, fue que el prestador inició una investigación administrativa interna en la que se concluyó que la indagada no era médica y la institución suspendió de manera inmediata las guardias que realizaba. Esto ocurrió en octubre de 2025, cuando había sido contratada en abril de 2024.

Según surge de la acusación a la que accedió El País, la imputada atendió a alrededor de 600 pacientes en el lapso que trabajó en el prestador privado “ejerciendo la medicina de manera ilegal y usurpando el título de manera continuada”.

A su vez, en la denuncia formulada se acusó a la mujer de haber robado tres recetas verdes a un médico de la mutualista que posteriormente fueron utilizadas para extender la medicación controlada a una tercera persona, y constatarse que la firma del doctor —que deben suscribiri un formulario para hacer uso de esa herramienta de trabajo— al que pertenecían dichas prescripciones médicas fue falsificada.

Según pudo constatar El País, las sospechas sobre la autenticidad del título de la mujer y el posterior inicio de las investigaciones en Comero surgieron cuando el área de Recursos Humanos detectó que el número de afiliación a la Caja de Profesionales que había presentado correspondía, en realidad, a otra médica. La institución, a pedido de las empresas, envía a aquellas con muchos trabajadores independientes contratados —como el caso de los prestadores de salud privados— la lista de profesionales afiliados con la información de si están al día.

A partir de ese momento, la empresa comenzó a retenerle la facturación y a no asignarle guardias como medida preventiva. Posteriormente, ante el reclamo de la mujer para que se le abonaran los haberes adeudados, sin que aclarara su situación (se le pidió volviera a presentar el título original —que había sido falsificado—, la inscripción al Colegio Médico y a la Caja de Profesionales, entre otra documentación), el departamento jurídico de Comero inició las averiguaciones correspondientes.

Primero consultó a la Caja de Profesionales, donde no figuraba afiliada; luego al MSP y, finalmente, a la Facultad de Medicina. Las respuestas obtenidas permitieron concluir que la imputada se había presentado como profesional de la salud sin contar con la habilitación correspondiente e incluso había exhibido un título de doctora en Medicina adulterado: había modificado un documento original para sustituir el nombre de su verdadera titular por el suyo.

En el dictamen, el fiscal Pion justificó la imputación de los diversos delitos debido a que “mediante engaños y estratagemas artificiosos indujo en error a los funcionarios de Comero, quienes pensaron que la indagada se había recibido de la carrera de Medicina, procurándose para si un provecho injusto: el pago de los servicios prestados por las guardias”.

“A su vez dicha conducta continuada debe concurrir formalmente con un delito continuado de usurpación de títulos, ya que la indagada se arrogó un título académico y ejerció la profesión sin tener el que la habilita. También sustrajo con apoderamiento las recetas verdes de un doctor y las extendió a nombre de otra persona configurando así el delito de hurto especialmente agravado que debe concurrir con los delitos falsificación de documento privado, en calidad de autora”, finalizó el magistrado su petitorio.

De parte de Comero, en tanto, dijeron que el fiscal consideró 600 actuaciones en las que se hizo pasar por médica, pero que en realidad fueron algo más de 100 pacientes con los que interactuó la acusada. En esta dirección, sostuvieron que fue realizada una auditoría sobre esos casos y que no se encontraron casos de mala praxis o irregularidades. Indicaron, en este sentido, que la mujer “era cuidadosa” y normalmente derivaba los casos a los especialistas, al médico tratante del paciente o repetía la medicación.

En la denuncia presentada, a la que accedió El País, la mutualista señaló que “la denunciada percibió retribuciones propias de un profesional médico, induciéndonos en un error sobre su habilitación, en clara afectación patrimonial (estafa) y en riesgo para la salud pública".

“Pero lo peor claramente es que atendió y ejerció la profesión de medicina con usuarios de mi representada (la mutualista afectada). Nos encontramos con la afectación de un bien jurídico como es la salud pública, por lo que el riesgo potencial para la vida y la salud humana justifica sin duda una mayor valoración del dolo”, denunció Comero.