El próximo 27 de abril vencerá el plazo para que se presenten las firmas necesarias para realizar plebiscitos para cambiar algunos artículos de la Constitución en las próximas elecciones del 27 de octubre. Con un período de seis meses antes del acto electoral -como límite- será necesario llegar al 10% de las adhesiones con respecto al padrón electoral para que se habilite la realización de las consultas populares.

En ese marco, la Corte Electoral es la encargada de verificar que las firmas presentadas por los actores políticos y sociales que proponen las consultas coincidan con las de los inscriptos en el Registro Cívico Nacional, una tarea que se hace de forma manual.

Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, explicó a El País que una vez presentados los proyectos de reforma constitucional ante la Presidencia y la Asamblea General, estos se remiten a la Corte Electoral, donde las firmas presentadas se cotejan con las que figuran en la hoja electoral o en la hoja de filiación.

La hoja electoral es una copia de la credencial cívica, que está digitalizada y forma parte de los legajos con los que cuentan las comisiones receptoras de votos cuando se realizan las elecciones.

Mientras que la hoja de filiación es una de las piezas del expediente que se completa cuando se realiza la inscripción cívica, “es la pieza que contiene la mayor cantidad de datos del inscripto”, explicó Penco.

Según comentó el funcionario, en función de los tiempos disponibles, la cantidad de proyectos presentados y la etapa en la que se encuentre la Corte Electoral en la organización de las elecciones, se decidirá la cantidad de funcionarios que se abocarán a las tareas de verificación.

El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, detalló que para realizar los procesos de verificación de firmas se forman equipos, parejas de funcionarios “contrapartidarios” que se encargan de cotejar las firmas con el nombre, la firma y la credencial cívica de la persona firmante. Durante ese proceso, si hay dudas sobre si una firma es o no correspondiente a la persona, esta pasa a revisión de otro equipo.

Actualmente están activas dos campañas de recolección de firmas que impulsan proyectos de este estilo, con miras de generar cambios legislativos.

Por un lado Cabildo Abierto lleva adelante una campaña a la que llamó “Por una deuda justa”, con la que busca generar cambios en el sistema financiero. Mientras que el Pit-Cnt lidera una iniciativa llamada “Afirmá por tus derechos” para promover cambios en la reforma de la seguridad social aprobada por la coalición por el gobierno. En ambos casos es necesario llegar a un total de 270.000 firmas hábiles para habilitar los plebiscitos, aunque la intención de quienes impulsan ambas campañas es superar esa cantidad, para hacerle frente al descarte de firmas.

En el proceso de verificación se cuentan todas las adhesiones hasta verificar si el número alcanzado es o no el suficiente.

No obstantes, según comentó Garchitorena, “siempre hay un porcentaje de firmas que no se valida”, que es «muy relativo», y que por eso, quienes las presentan se encargan de recolectar entre un 10% y un 20% más de las firmas necesarias teniendo en cuenta ese margen.