Acuerdo de protección de inversiones

Acciona está molesta con descalificación y le envió una carta.

La empresa española Acciona, que fue descalificada de la licitación para las obras del denominado "Ferrocarril Central", entregó ayer una carta en Torre Ejecutiva destinada al presidente Tabaré Váz-quez, en la que advierte a Uruguay que si su oferta es descartada definitivamente entenderá que el país incumplió el acuerdo de protección de inversiones vigente con España y analizará un pedido de arbitraje internacional. Acciona sostiene que su oferta era mejor técnicamente que la única que sigue en carrera y un 8% más barata.

"Uruguay, sin embargo, ha elegido la oferta más costosa y peor valorada técnicamente perjudicando así el interés colectivo y el erario público", dice la carta a la que accedió El País. La carta, con copia al canciller Rodolfo Nin Novoa y al ministro de Transporte, Víctor Rossi, señala que la decisión del gobierno de solamente considerar la oferta elaborada por un consorcio que tiene como integrantes locales a las empresa Berkes y Saceem "infringe en varios artículos el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones" vigente con España "con actos y omisiones". Acciona agrega que se reserva el derecho de cuantificar los daños que entiende ha sufrido a los que considera "multimillonarios" y "significativos". Y reclama que se abra el sobre con su oferta económica.

En la carta Acciona recuerda que su oferta técnica recibió 7 puntos más que la de su competidora, por lo que reclama "la readmisión a la licitación" y reitera que no es admisible el argumento que dio el gobierno para descalificarla, que fue que no había acreditado el respaldo de su casa matriz a su oferta.

El proyecto del Ferrocarril Central tiene una inversión inicial estimada en US$ 825 millones y se ejecutará mediante la modalidad de participación público-privada (PPP), con un esquema de financiamiento, diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento por parte de un inversor privado durante un plazo de 18 años. Este proyecto supone la rehabilitación de las vías entre Paso de los Toros y Montevideo, algo que es fundamental para dar viabilidad a la construcción de la segunda planta de celulosa de UPM, en las cercanías de Centenario, Durazno. El gobierno le da gran prioridad al emprendimiento. La capacidad de procesamiento de la planta sería bastante más grande que la que UPM tiene en las cercanías de Fray Bentos y que la de Montes del Plata, en Colonia.

El ministro Rossi, comentó que la oferta de Vía Central, el único grupo que sigue en carrera, "está dentro de los topes previstos". Y aclaró que el recurso que Acciona presentó no tendrá efectos suspensivos sobre todo el proceso. De todas formas, la adjudicación formal a Vía Central aún no se ha concretado. Un consorcio conformado por empresas chinas había sido descartado en una etapa previa.

Las obras demandarán unos 36 meses y está previsto que comiencen en enero, una vez terminada la licencia de la construcción.

La vía férrea a mejorar tiene una longitud de 273 kilómetros e incluye un tramo de vía doble de 26 kilómetros entre Montevideo y Progreso (Canelones). También comprende una docena de vías secundarias para cruces de trenes, un tramo de vía para acceso industrial y más de 40 puentes ferroviarios, que se reforzarán o construirán. Ya se han expropiado padrones por los que se ha pagado a sus propietarios.

El trazado definido para las vías incluye el bypass de varios centros poblados y la rectificación de numerosas curvas. En la interacción con las tramas urbanas de diferentes ciudades de Durazno, Florida y Canelones se construirán pasajes a desnivel (ferrocarril soterrado "en trinchera") y en los cruces a nivel se colocarán sistemas de barreras con señalización luminosa y efectos sonoros.