A falta de datos oficiales, habida cuenta de que el reciente Censo dejó sin relevar al 10% de la población, en el Frente Amplio se estima que en Uruguay existe un déficit “cualitativo” de 70 mil viviendas, entre las que faltan y las que están en malas condiciones. Para resolver el problema, la izquierda pretende revisar todos los programas que se vienen aplicando y estudiar otro tipo de iniciativas que en su momento intentaron ponerse en práctica y no prosperaron.

Una de las líneas será explorar una solución al problema de las viviendas desocupadas. A los efectos, la bancada analizará el reimpulso a un proyecto que, el año pasado, presentó el senador Óscar Andrade (PCU) que, en líneas generales, plantea el incremento de la valuación de este tipo de viviendas, a los efectos del cálculo del Impuesto al Patrimonio (IP) que, en determinadas circunstancias, puede llegar a su triplicación. Este proyecto considera “inmueble vacío” a toda vivienda que esté desocupada por un plazo continuo de, al menos, dos años.

La iniciativa servirá de insumo para un plan de trabajo con el que la izquierda pretende afrontar una de sus máximas prioridades. “Es obvio que no se puede pensar en un bajo presupuesto si se quiere resolver el problema de la vivienda”, le dijo a El País el senador electo Gustavo González. “Parto de la base de que la vivienda es parte del desarrollo humano”, agregó.

Los últimos datos disponibles indican que, en la Ciudad Vieja, el 18% de los inmuebles se encuentran sin uso o, directamente, abandonados. Vale decir que, desde 2018, rige una ley -impulsada precisamente por el Frente Amplio desde el gobierno de José Mujica, aunque aprobada en el segundo de Tabaré Vázquez- que le permite al Estado, en determinadas circunstancias, hacer uso de este tipo de inmuebles. La norma le otorgó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial la potestad de llevar ante la Justicia este tipo de casos, obligando al propietario de la vivienda abandonada o degradada a recuperarla o, en caso de incumplimiento, a su remate.

Por otra parte, sobre la mesa estará otro proyecto presentado por Andrade en esta legislatura, y que implica una sobretasa del 25% en el Impuesto al Patrimonio, con el objetivo de “reconstituir” el Fondo Nacional de Vivienda.

Foto. Darwin Borrelli.

González, exsecretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), tiene la intención de explorar soluciones para un problema que afecta directamente al sistema: las 1.500 viviendas que, estima, están vacías hoy en distintas cooperativas, producto de que muchas personas no pudieron afrontar el incremento en la cotización de la unidad reajustable (UR). González explicó que el problema radica en que muchas cooperativas no cuentan con los fondos que les permitirían devolver a esos cooperativas el capital social aportado - que puede llegar a los US$ 80 mil -y permitir así el ingreso de nuevos socios. Principalmente, trabajadores jóvenes con hijos.

González apuntó que los plazos de devolución de ese dinero, previstos por la ley vigente, muchas veces resultan escasos para la cooperativa, pero demasiado extensos a la vez para el socio saliente, que necesita acceder a una nueva vivienda. La idea es que el Estado pueda, de alguna forma, facilitar ese pago para destrabar esta dificultad.

“Habría que estudiar la forma de apoyar a las cooperativas para que el que se va se lleve su capital social”, dijo al respecto González.

Foto: Archivo El País