Gustavo Olmos está en condiciones de reintegrarse a la actividad política partidaria y retornar a su banca de diputado. Así lo resolvió ayer Fuerza Renovadora (FR) que refrendó a su vez la decisión de Marea Frenteamplista, el sector al que pertenece el legislador cuestionado, durante una sesión en la que hubo un duro pase de facturas a ciertos correligionarios.

Su retorno dependerá de la voluntad del propio Olmos, que, según comentó un dirigente del sector a El País, “está atravesando un complejo proceso personal y familiar” y aseguró que será él quien defina “cómo seguirá adelante”.

El aval de Fuerza Renovadora se basa en lo resuelto el sábado pasado en el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) -haciendo suyo el dictamen del Tribunal de Conducta Política (TCP)- que dijo no haber encontrado elementos probatorios para llegar a una “conclusión fehaciente” del abuso por el que se denunció a Olmos.

Fuerza Renovadora, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay, entre otros, pugnaron por aprobar sin más esta conclusión. Otros grupos, como los partidos Comunista (PCU) y Socialista, plantearon esperar el dictamen de la Justicia tanto a nivel civil como penal por las denuncias que presentó su suplente, Martina Casás.

El jueves se reunieron dirigentes de Marea Frenteamplista para analizar la situación. Allí, el dirigente Ewe Vaz afirmó que “sería una sanción muy miserable” si se retirara a Olmos de la banca. Si así no fuera, expresó, Yamandú Orsi “debería despedirse” de su candidatura, al estar denunciado por agresión por una mujer trans. Otros ejemplos que puso fueron los de Carolina Cosse y la denuncia por sobrecostos en el Antel Arena, o la que enfrenta el senador Charles Carrera por irregularidades en el Hospital Policial.

El sector difundirá en las próximas horas un documento en el que dará su visión sobre un proceso en el que se mantuvo el “silencio” acordado por el protocolo establecido por el FA para estos casos, “sin que se alimentara una serie de acciones de prensa que tuvieron lugar durante estos meses” que, se aseguró, “apuntaron a hacer culpable a una de las partes sin respetar los lineamientos establecidos”.

En su plenario del jueves, Marea Frenteamplista criticó el “raid mediático organizado” por Casás, su entorno e incluso algunos integrantes de otros sectores de la oposición, que buscaron instalar un “relato” y la “condena social” a Olmos. Una “campaña”, dijo, de la que también fueron víctimas Mario Bergara y los demás precandidatos, del FA, acusados públicamente de “haber dejado sola a Casás”.

Al tope de los destinatarios del mensaje está la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del FA, Patricia González. En la reunión Vaz sostuvo a sus correligionarios que González, apenas un día después de que Casás le confiara el asunto, le exigió a FR la entrega inmediata de la “cabeza” de Olmos.

Según Vaz, González le transmitió un mensaje concreto a la coordinadora de FR, Liliam Kechichian: “El Partido Comunista entregó la cabeza de Gerardo Núñez, el MPP la de Jorge Meroni, esperamos que Fuerza Renovadora proceda de la misma manera”. Marea Frenteamplista la acusa de haber obviado los canales formales previstos en la fuerza política para procesar la denuncia.

El propio TCP en su fallo señaló a González “por haber desplegado un procedimiento informal, de comunicación inmediata a varios actores”, de un relato oral de los hechos que le hizo Casás “en el marco de una relación de confianza y amistad”.

Los señalamientos incluyeron a las diputadas Micaela Melgar (PCU), Margarita Libschitz (MPP) y Dayana Pérez (PST), integrantes del grupo informal “La Sindicata”, a las que se acusó de “pasarle datos” al entonces senador blanco Sebastián Da Silva para atacar a Olmos. “Esto fue un ajuste de cuentas contra Marea, que termina afectando a todo el FA”, expresó otro dirigente del sector que agregó: “Alguien deberá hacerse responsable de los daños”.

Alicia Esquivel, que ocupa hoy la banca de Olmos y que fue una de las redactoras del protocolo del FA sobre violencia política basada en género dijo que la herramienta “se volvió en su contra” y que “el TCP hizo justicia”.