El oficialismo y la oposición parlamentaria tendrán el próximo martes una rara ocasión de coincidir cuando la Comisión de Constitución y Legislación del Senado defina una recomendación para que el plenario de esa cámara decida el archivo del juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

Se trata de una decisión que supone un cierto desafío para la coalición de gobierno, desde el momento en que la solicitud de la acción contra la jefa comunal capitalina partió de sus propias filas. La acción fue emprendida por un grupo de ediles en Montevideo, que promovieron el pedido de juicio político por parte de la Junta Departamental. Las razones esgrimidas fueron que Cosse violó la Constitución argumentado la reiterada negativa a responder los pedidos de informes que se le efectuaron.

Fuentes parlamentarias señalaron a El País que ese argumento no se sostiene jurídicamente para fundamentar un juicio político, una herramienta que prevé la eventual destitución del jerarca involucrado.

Para solucionar el problema el informe en mayoría se preocupará de incluir un "tirón de orejas" a Cosse, cuestionándola en particular por ciertas "actitudes persistentes" de no presentarse ante la Junta Departamental cuando es convocada y hacerse representar por otros jerarcas, y que acto seguido recomendará el archivo de las actuaciones.

Más allá de cuestiones jurídicas, la posibilidad de una acción política contra la intendenta en el Parlamento nunca tuvo posibilidades reales. El inicio de un juicio político requería mayorías especiales para las que era indispensable el voto del Frente Amplio, que por obvias razones no iba a estar. Incluso había serías dudas de que pudiera tener el apoyo de todo el oficialismo.

Este martes la comisión dioingreso oficial al escrito que Cosse presentó a fin de evacuar la vista conferida en relación a la acusación formulada por los ediles. En esa sesión el Frente Amplio reclamó una rápida decisión del proceso. El senador Charles Carrera cuestionó a los ediles opositores de Montevideo por hacer un "uso desviado" de herramientas democráticas e institucionales y explicitó la postura de su partido: el proceso contra Cosse no corresponde ya que la intendenta jamás incurrió en una violación a la Constitución o un delito grave, las causales que prevé la Constitución para un eventual juicio político.

Carrera señaló que los ediles del Frente Amplio "a lo largo y ancho del país" le han hecho llegar una multitud de pedidos de informes que las intendencias blancas no le responden, y aprovechó para aludir a un caso personal. "Nosotros mismos, como legisladores, tenemos una serie de pedidos que no nos contestan los ministros", dijo.

En particular se refirió al Ministerio del Interior que, dijo, bajo la gestión de Luis Alberto Heber mantiene sin responder el 92% de los pedidos por parte de los senadores. "A mí no se me pasa por la cabeza promover un juicio político contra el ministro Heber por la no contestación de pedidos de informes", remarcó.

También por unanimidad la comisión definirá la semana próxima la destitución de María del Luján Sánchez y Nancy López. Se trata de dos concejalas del municipio de Florencio Sánchez, en Colonia, hija y nuera de Alfredo Sánchez, extitular de esa alcaldía, que debió cumplir una pena de prisión por reiterados delitos contra la administración pública efectuados mientras se desempeñaba en ese cargo, y que popularmente pasó a ser conocido como "el alcalde de las mil gauchadas".

Ambas mujeres habían sido condenadas en la misma causa. El Senado finalizará así otro largo proceso que culminará con la destitución de cuatro integrantes de un mismo núcleo familiar. La cámara alta viene de ratificar la semana pasada la destitución del exalcalde Sánchez y de su hijo Pablo, edil departamental.

Sánchez y su hijo habían previamente presentado renuncia a sus cargos al entender inevitable un juicio político en su contra luego que la Suprema Corte de Justicia decidiera rechazar el recurso de inconstitucionalidad que habían presentado contra la ley de Descentralización y Participación Ciudadana vigente desde 2014, en la que se basó la Junta Departamental de Colonia para solicitar el proceso parlamentario en su contra.