La Justicia falló contra Alberto Iglesias, exadministrador de Casa de Galicia, y lo inhabilitó para “administrar bienes propios y ajenos, así como representar a terceros, por un período de 20 años”.

La condena, firmada por el juez letrado Leonardo Méndez, también obliga a Iglesias a “cubrir la totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso”, es decir que se deberá hacer cargo de la deuda que tienen los exempleados de la institución.

En la sentencia —que no es definitiva—, con fecha del pasado lunes, se advierte que “corresponde admitir la calificación del concurso de Casa de Galicia como culpable, así como la condena al expresidente de la junta directiva (Iglesias)”, por haber llevado a la mutualista a la realización de este.

En la denuncia que fue presentada por la cartera a fines del año pasado —cuyos detalles dio a conocer El País en su momento—, se advierte sobre distintos “hechos de apariencia delictiva”, y así se señala que se podrían haber cometido los delitos de estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheques sin provisión de fondos y sin garantía, y además usura.

Por su parte, Iglesias dijo a El País que "el juez de concurso da por buena la información que le proporcionan desde el Ministerio de Salud Pública, cuando aún la Justicia penal y la Fiscalía no se expidieron".

El exadministrador de la ex mutualista afirmó que "Fiscalía tiene hace dos años las denuncias radicadas contra la dirección de Casa de Galicia" y "se ha venido demostrando que todas las denuncias carecieron de sentido y los testigos y la documentación ha sido contundente".

"Sorprende este apuro, esta situación precipitada, tal vez de querer disminuir el impacto cuando se conozcan los resultados de la Fiscalía y tengamos que realizar las denuncias que corresponden, porque se presentó documentación engañosa, falsa, para descalificar la documentación que nosotros habíamos presentado y que nos daba la razón de los hechos", agregó.

Las instituciones médicas que están en situaciones económico-financieras desfavorables tienen algunas opciones para salir a flote con la ayuda del Estado. La principal es un fondo de garantía, un respaldo al que las empresas pueden acceder para pedir préstamos. Para conseguir este aval las mutualistas deben presentar a las carteras de Salud y Economía un plan de reestructuración, detallando metas, que sirva para hacer que su situación sea más solvente. Casa de Galicia, recordó Martín Thomasset, el abogado que representó a la cartera, hizo esto en dos oportunidades. La primera fue en 2012 y la segunda en 2019, a instancias del entonces presidente Tabaré Vázquez. Esta última vez, la institución recibió US$ 20 millones.

En 2020 el MSP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluaron el cumplimiento de las metas que Casa de Galicia se había propuesto. Lo hicieron luego de que la institución pidiera una tercera garantía, alegando una vez más que su situación económica era crítica. La conclusión fue que “no era conveniente” librar esta ayuda, debido a que muchas de las metas no se habían cumplido.

Casa de Galicia, sin embargo, tenía otra opción, que era pedir financiamiento por las cápitas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Thomasset lo explicó así: “Cada institución tiene un ingreso de dinero por la cantidad de usuarios con los que cuenta. Las instituciones, muchas veces, cuando tienen problemas económicos, suelen ceder el crédito a futuro para así poder tener liquidez. El MSP no se podía oponer a esto y por eso en la Ley de Presupuesto introdujimos cambios normativos”. Esos cambios implican que cuando las sesiones de créditos solicitadas son superiores al 75% de lo que se suele cobrar en cápitas, el MSP no presta su autorización. Cuando Casa de Galicia pidió acceder a este recurso, “se comprometían fondos cercanos al 95%” de las cápitas que cobraría a futuro.

Ante estas dos situaciones, y debido a que Casa de Galicia presentó información para acceder a estos recursos que se entendieron “contradictorias”, fue que el gobierno decidió llevar adelante la intervención administrativa con remoción de autoridades. Esto se puede hacer cada vez que la situación económica de un centro de salud es tan desfavorable que implica un riesgo asistencial.

Cuando la intervención se hizo, se suspendieron las elecciones de autoridades, que estaban previstas para unos días después —algo que debió ser autorizado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), debido a que las mutualistas son asociaciones civiles— y se designó a dos interventoras, una contadora y una economista.

La intervención del MSP en Casa de Galicia duró, sin embargo, apenas 34 días. Esto fue así debido a que quien era el presidente de la institución, Iglesias, había presentado unas semanas antes una solicitud de concurso. Lo había hecho aduciendo que el MSP no le dejaba alternativas, porque no le permitía acceder a un fideicomiso ni a un adelanto de las cápitas Fonasa. La Justicia entendió en ese momento que la intervención administrativa era incompatible con la ley concursal y por eso resolvió cesarla. La cartera, entonces, decidió no recurrir este fallo. Thomasset dijo que esta “obviamente no compartía” la determinación, pero al mismo tiempo sostuvo que el tema estaba “tan mediatizado” que se optó por no enfrentar a los dos poderes del Estado “para no poner en riesgo lo más importante, lo asistencial”. Y añadió: “No queríamos tomar de rehenes a los usuarios”.

El juez de Concursos, Méndez, el mismo que detuvo la intervención de la cartera, fue quien pocos días después decidió el cese de actividades de Casa de Galicia, y lo hizo teniendo en cuenta lo que las representantes del MSP habían descubierto durante esos 34 días. Todo este desenlace, esas últimas 30 páginas de una novela que cuenta los 104 años de esta mutualista, se basa en lo que pasó en ese mes. La pregunta es, ¿qué fue concretamente lo que se supo en este corto plazo de tiempo?

Foto: Archivo El Pais

El informe de las interventoras está dividido en nueve puntos, que van desde la compra de una clínica por tres millones y medio de dólares, a un retiro en efectivo por parte de Iglesias del equivalente en pesos a US$ 180.000, y a la emisión de cheques sin fondos. Los detalles de esto, que fue contado por El País en su momento, los dio ante fiscalía Gabriel Pais, el abogado de las interventoras del MSP, la contadora Alicia Rossi y la economista Nuria Santana.

Las profesionales contrataron a Pais luego del 28 de octubre, cuando empezó la intervención, y desde el momento que empezaron a encontrar —según declaró el abogado— “situaciones de apariencia irregular”. Lo primero con lo que se toparon fue con una falta de liquidez importante, que no permitía afrontar ni siquiera los gastos más inmediatos.

“Iglesias se había presentado a concurso, todos los proveedores lo sabían, entonces no entregaban medicamentos ni insumos médicos, a no ser que estos se hicieran con pagos al contado”, cosa que era imposible en ese momento, sostuvo Pais en Fiscalía. Y añadió que de inmediato se realizó “un flujo de fondos, para ver los ingresos posibles”, y se detectó que estos iban a ser “mínimos”.

Al mismo tiempo de que los proveedores se negaban a entregar medicamentos, y también insumos médicos, algunos —que ya eran acreedores— “empezaron a decir que tenían cheques liberados por sumas importantes” y que si Casa de Galicia no se los cambiaba iban a depositarlos. “Si no se podían pagar los gastos mínimos, mucho menos se podía cambiar cheques”, señaló Pais, quien valuó simplemente en “billones” el dinero de cheques que la mutualista no podía afrontar, entre otras cosas por préstamos que se habían pedido a costas de altísimos intereses.

“Decían que querían depositarlos y nosotros les decíamos a los acreedores que hicieran lo que entendían que tenían que hacer, porque la intervención no tenía dinero. No íbamos a firmar nuevos cheques comprometiendo plata que no existía (…) Así fue que los acreedores empezaron a presentarlos y se los empezaron a devolver por falta de fondos. Entonces, los acreedores dijeron que iban a empezar a presentar acciones legales”, explicó Pais.

Más allá de que el representante del MSP dijo en Fiscalía que decidieron detener la intervención para no generar un choque entre dos poderes del Estado y evitar perjudicar directamente a los usuarios de Casa de Galicia, Pais advirtió que las interventoras entendieron en un momento que era conveniente continuar con el concurso que había sido pedido por Iglesias. “Mantener el concurso significaba obtener la moratoria provisional que frenaría las acciones contra la institución, civiles y penales. Ese fue uno de los elementos decisivos para continuar con el concurso, frenar esas acciones”, develó.

De los hechos irregulares denunciados, el abogado de las interventoras se refirió sobre todo a uno: la compra por tres millones y medio de dólares de la Clínica Leborgne, puesto que “para una transacción de esta envergadura es razonable encontrar tasaciones, informes jurídicos, gente que pueda decir ‘yo participé y asesoré’”, pero en este caso no hay nada.

El negocio fue en 2020, entre el último fideicomiso que le fue otorgado a la mutualista y el pedido de otro que no le fue asignado. Los interventores pidieron documentación sobre la operación varias veces, puesto que no encontraron nada dentro de la institución. El 51% de las acciones de la Clínica Leborgne quedó en manos de Casa de Galicia, y el resto de dos particulares. Uno de ellos, que tenía el 39%, era el doctor Álvaro Galeano, a cargo del estudio que se había encargado de presentar a concurso la institución.

Pais también hizo hincapié en el alquiler de un local de la Clínica Leborgne en Punta Carretas: “Se alquiló en 2020 por 190.000 pesos por mes. Es un local nuevo, pero nunca se usó y Casa de Galicia era la que pagaba”.