EL SUMARIO AL EX JERARCA DEL FA

Miguel Ángel Toma, el exsecretario de Presidencia y actual fiscal de Gobierno, criticó ayer la apertura por parte del presidente Luis Lacalle Pou de un sumario sobre su actuación. Unas horas después también se defendió de las acusaciones en su contra la contadora Giuliana Pérez, que acompañó a Toma a cinco viajes oficiales, y reivindicó su cuestionada “idoneidad técnica”.

En abril de 2019, unos meses después de haber obtenido el título, Pérez fue contratada por Presidencia para trabajar en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y tres meses después fue convocada por Toma para viajar a Roma en el marco de la causa del Plan Cóndor. La presencia de Pérez en la comitivas oficiales levantaron sospechas en setiembre del año pasado, cuando el exdirector de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo a Búsqueda que esa secretaría “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”.

La resolución presidencial conocida el 9 de diciembre sostiene que “el instructor de la investigación administrativa concluyó que existe una clara contradicción entre el informe de fecha 30 de diciembre de 2019 dirigido” a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y “las declaraciones (de Toma) recabadas en oportunidad de la presente investigación”. Además, agrega que de la investigación “surgen hechos irregulares responsabilidad” del exjerarca “relacionadas con misiones oficiales a las que concurrió” entre 2015 y 2020.

El instructor de la investigación, Ariel Sánchez, subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), concluyó que no quedó “ni medianamente acreditada la idoneidad -desde el punto técnico- para el objeto de la misión de las integrantes de las comitivas”.

Por esta razón, el presidente Luis Lacalle Pou dispuso el 9 de diciembre la instrucción de un sumario administrativo sobre la actuación de Toma, que ayer respondió a los cuestionamientos.

Toma contestó a estas críticas en una carta difundida ayer por radio Sarandí. “El Ejecutivo me persigue como funcionario de carrera por acciones ocurridas mientras tenía ese cargo en situación legal de reserva y desempeñaba otro de confianza, la secretaría de la Presidencia”, sostiene Toma en la misiva.

El exsecretario de Presidencia estructura su defensa en base a una carta enviada por Paul S. Reichler, socio del estudio Foley Hoag, que defendió a Uruguay en los juicios con Philip Morris, Italba Corporation y Ritika Mehta (Aratirí). Toma le pidió a Reichler “información en relación a la idoneidad técnica” de los integrantes de las comitivas que lo acompañaron en los juicios. En su respuesta, el abogado asegura que “todas las personas, como miembros del equipo legal del Uruguay, actuaron con idoneidad técnica suficiente, acorde al nivel de exigencia y complejidad del arbitraje internacional de inversiones, contribuyendo a la defensa del caso, que se manifestó en los laudos obtenidos, todos ellos favorables a Uruguay”.

Toma se aferra a esa valoración y sostiene en su misiva que “todos quienes componían esos equipos debieron ser felicitados por el gobierno en representación de la comunidad y no destruidos en su buen nombre, expuestos a sospecha canallesca”.

Tras las palabras de Reichler y Toma, se pronunció la contadora. “Las únicas personas que pueden juzgar nuestra idoneidad técnica son las personas con las que trabajamos. Como son el Dr. (Toma) y el estudio de Estados Unidos. No una persona que ni siquiera nos conoce y nos hace cinco preguntas en una investigación”, publicó Pérez ayer en su cuenta de Twitter.

Ante el instructor de la investigación administrativa, la contadora aseguró que ella asistía a Toma en todo lo que le solicitara: “su agenda diaria, su mail, su teléfono, todas las comunicaciones con Uruguay, en las audiencias y en las reuniones con los fiscales tomaba nota de todo lo que se hablaba”, informó El Observador en base al expediente de la investigación.