Redacción El País
La Comisión Permanente resolvió este viernes citar al canciller Omar Paganini en régimen de comisión general para que dé explicaciones sobre las decisiones de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande durante el período 2020-2023.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez y el legislador por el Frente Amplio Nicolás Viera se cruzaron durante la fundamentación del voto. El diputado por el Partido Nacional señaló que el ministro de Relaciones Exteriores fue a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados "hace un mes para hablar del tema".

"Esta convocatoria, seguramente, muy poco pueda aportar a lo que ya se indicó por parte del señor canciller, y demás autoridades", señaló Rodríguez, que recordó que en esa instancia participaron "varios integrantes" de la actual Comisión Permanente.

Viera expresó que la bancada del FA presentó la moción "porque en el medio de la interpelación, hasta hoy, ha pasado mucha agua debajo del puente. Entre ello la renuncia del canciller (Francisco Bustillo), las definiciones de la delegación uruguaya en CTM a aumentos salariales a la plantilla de funcionarios, que se dice a través de los medios de comunicación que se ha dejado sin efecto", aseguró.

En ese sentido, el legislador por el Movimiento de Participación Popular dijo que el Parlamento "no puede basarse en lo que se dice": "Necesitamos la opinión oficial del Poder Ejecutivo, que en este caso la da el ministro de Relaciones Exteriores".

Viera recordó que "el entonces canciller Francisco Bustillo en la interpelación no respondió a un número grande de preguntas que hicimos en esa ocasión". Por lo que el FA elevó cuatro pedidos de informes con más de 100 preguntas y "se vencieron para responder el 19 de diciembre".

"Le solicité en persona al canciller que podía tomarse los días que corresponden desde el 19 de diciembre para poder responder en tiempo y forma. Eso no ha ocurrido, entendemos que este es un ámbito para seguir esclareciendo estas y otras tantas situaciones a raíz de esa interpelación", añadió.

Fuentes de Cancillería aseguraron a El País que, a diferencia de lo que planteó Viera, el ministerio está aún en plazo para responder a los pedidos de informe que cursó el legislador, y precisaron que vence el 1º de febrero, puesto que el artículo 2 de la ley 17.673 estipula 30 días hábiles de prórroga a partir del vencimiento del plazo inicial, y no 20, como dice el diputado opositor.

Tal como informara El País, luego de que la CTM diera marcha atrás con un ajuste salarial para los 250 trabajadores que tiene la represa de Salto Grande, desde el gremio lamentaron la situación y criticaron la injerencia del sistema político en las decisiones que toman las autoridades.

Foto: Hugo Lemos

Consultado por El País, el presidente de la Asociación de Trabajadores Uruguayos de Salto Grande (Atusg), Walter Méndez, criticó la decisión de rever el acuerdo que aseguraba la recuperación salarial de todos los trabajadores del organismo. Además, fue categórico al señalar que “cualquier político dice algo contra Salto Grande y hay que dar marcha atrás”. Méndez aseguró que la decisión fue de Cancillería por temor al “costo político”, pero indicó que ellos seguirán negociando.

“Creo que esto es parte del juego político que viene sucediendo hace rato con Salto Grande, un manoseo. Porque se termina manejando Salto Grande de acuerdo a lo que dice cualquier político, y el costo político del gobierno es tan grande que va contra todos los trabajadores, van contra todos los acuerdos firmados", expresó Méndez.