La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales del Uruguay, uno de los dos grandes conglomerados gremiales de policías del país, denunció ante el Parlamento que en el Ministerio del Interior existe un "déficit acuciante" de personal en casi todas las reparticiones y afirmó que ese déficit promedia los 500 efectivos por cada jefatura o dirección. Reclamaron además por la situación que viven en la Cárcel de Maldonado, donde dos funcionarios deben controlar a 1.000 reclusos y pidieron acceso a psicoterapia paga por la cartera.

La información fue presentada este martes ante la comisión especial que en el Senado viene analizando la reforma del sistema previsional. Según indicó el dirigente Rudeber Buela, las carencias son comunes a todos los escalafones y cometidos de la Policía: administrativo, de servicios, especializados y policía científica que, dijo, terminan cubriendo sus necesidades con personal ejecutivo, sacándolo así de su función de prevención del delito.

Ante los legisladores uno de los mayores ejemplos lo constituye la Dirección Nacional de Bomberos que, por lo menos, necesita entre 600 y 800 nuevos ingresos para paliar la carencia de personal que quedó al descubierto durante la reciente ola de incendios. Una repartición que, dijo Buela, si no hubiera tenido la asistencia de vecinos y de funcionarios de otras dependencias "no habrían podido dar batalla ante esa grave situación". La batalla "no fue ni cerca la mejor" y puso en riesgo tanto a los trabajadores como a los civiles que se acercaron a colaborar, agregó.

Otro ejemplo citado por el dirigente fue el de la Cárcel de Maldonado. Allí, afirmó, los fines de semana solo quedan dos funcionarios para custodiar a más de mil reclusos y, además, gestionar la llegada de las visitas. Si bien algunas veces se recibe asistencia de la Guardia Republicana o de alguna otra unidad, Buela advirtió que "atender a mil almas con dos almas no es posible, ni desde lo funcional ni desde lo humano".

Buela apuntó que la lista podría seguir: Policía Caminera, Migraciones o la Dirección Nacional de Identificación Civil padecen, afirmó, una "alarmante" falta de personal.

Su colega Carlos Michelena apuntó más datos y aseguró que existen jefaturas en las que la mitad y hasta las dos terceras partes de los policías ejecutivos fueron destinados a cumplir servicio administrativo y de atención al público. Además, lamentó que sacaran funcionarios de las comisarías para atender dependencias de violencia doméstica, cuando a su entender este servicio debería ser especializado, ya que el policía ejecutivo no está capacitado para atenderlo. En su visión, ese servicio no debería estar a cargo de la Policía.

A la falta de ingresos se le suman, según el sindicato, las vacantes que se van produciendo por jubilaciones, defunciones o bajas. El gremio afirma que las que han venido creando en las últimas rendiciones de cuentas no son suficientes, más si se tiene en cuenta que parte de ellas se suprimieron para otros fines. Al respecto, Buela puso como ejemplo lo que sucedió el año pasado, cuando 60 cargos de policías ejecutivos y bomberos fueron reasignados para así generar partidas que le permitieron al ministerio llegar a ofrecer a cada funcionario un salario de $ 50 mil nominales vigente a partir del pasado 1 de enero.

Todo eso lleva, apuntó Buela, a que la relación entre activos y pasivos en la Caja Policial se mantenga sustancialmente sin cambios desde 2019: un pasivo por cada 1,13 activos. Según las últimas cifras oficiales el déficit de este subsistema se ubica en US$ 160 millones anuales, agravado según el sindicato desde que los policías vieron reducidas las horas que podían realizar bajo el decreto 222.

Como paliativo, los policías plantearon que los trabajadores y las empresas de seguridad privada realicen aportes a la Caja Policial, tal y como se hizo en un momento con la Caja Bancaria y las instituciones de intermediación financiera.

La reforma del sistema previsional supondrá un desafíopara la actividad policial, según había admitido el mes pasado ante el Parlamento el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber. "Vamos a tener que ser muy severos", dijo, a la hora de considerar la edad de los postulantes para ingresar a la Policía. Según explicó, en la práctica la edad con la que ingresen determinará las posibilidades que tengan de llegar a una pasividad adecuada al final de su carrera funcional.

El régimen jubilatorio de los policías se basa en una bonificación que les computa siete años por cada cinco trabajados. Algo que Heber considera vital, ya que hace a su capacidad física de actuar y evita que existan agentes operativos con edad elevada. Pero también es algo que tendrá un efecto directo a la hora de poner en vigencia la reforma.

El sistema implica que el funcionario tenga gracias a esta bonificación una edad "ficta" mayor que su edad real. El informe que dejó el ministro a los legisladores, al que accedió El País, plantea en ese sentido que, en lo posible, no se deberían aceptar ingresos con más de 25 años edad. El cálculo que se hace es: si comienza su carrera a los 30 años ya generaría una pérdida de 15% en la tasa de reemplazo. Si se ingresa con 35 años, la merma seria de 20%.

El mes pasado ante la misma comisión el ministro Heber admitió que la Policía no es un lugar en el que la gente exprese interés en ingresar. "Mucha gente no encuentra otro tipo de trabajo y recurrir a ser policía, pero no como una vocación", sostuvo. "Si tiene otra oportunidad, quizás no se presente".

El diagnóstico del ministro fue compartido esta semana por el sindicato policial. "Verdaderamente hay una desmotivación" reconoció Buela, que aventuró una explicación: la gente compara entre un trabajo y otro y hace su opción. "Capaz que en este no gano para el psicólogo, entonces me voy para otro que de última paga menos, pero no complica tanto", concluyó.

En lo que discrepan es en la situación de las certificaciones médicas, un tema al que Heber se refiere cada vez que tiene que exponer ante el Poder Legislativo. En febrero el jerarca se refirió a "abusos" en los que muchos policías incurren hacia un "sistema generoso", que determina que hoy unos 4.500 de los 33.000 funcionarios con los que cuenta el ministerio estén certificados. Las cifras de la cartera indican que se pierden unos 2.000 jornales por día por esta causa. Al respecto, el ministerio viene realizando desde el año pasado una auditoría para determinar la validez de todas las certificaciones.

"No estamos de acuerdo en que se trata de gente que está de viva", apuntó Buela y, si bien reconoció que pueden existir funcionarios que están utilizando al Estado en beneficio propio, no es el caso de la mayoría que "está en la trinchera" y que verdaderamente sufre desgastes psicológicos muy complejos.

Según dijo, mucha gente "se aguanta" no ir a certificarse porque sabe que le supondrá perjuicios económicos, por lo que "explota" por otro lado: alcohol, drogas, o violencia. No existe, dijo, la posiblidad de descarga con un compañero o con un superior. "Cuando ustedes se encuentren con un policía que, de golpe, no les habla tan bien como esperaban, no es porque sea un perro, sino porque seguramente viene de enfrentar un montón de problemas familiares y porque, además, tiene toda la carga de lo que la función le va dejando día a día en la espalda", dijo. "Antes de juzgar, necesitaríamos atender y abrazar".

Según los datos divulgados esta semana en Informativo Sarandí a partir de los resultados de un pedido de acceso a la información pública, el año pasado 21 policías se suicidaron, lo que representa una tasa de 63 casos por cada cien mil habitantes, el triple que en la población general. Los casos, además, vienen en aumento. En 2021 habían sido 16 casos, y en 2019 fueron 13.

Consultado, Buela dijo que la estructura generada por Sanidad Policial para atender la salud mental de los policías no tiene una real incidencia a la hora de solucionar la problemática.

El dirigente sostuvo que el impacto principal en las certificaciones médicas se da en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). "Todos los días recibimos mensajes de compañeros que piden traslados, que quieren irse, que quieren ver cómo pueden continuar su vida laboral o que se van al sector privado.

Por otra parte, Buela aludió a una nueva tarea que recientemente se le agregó a la responsabilidad de los policías, acrecentada por la creciente operativa de bandas criminales que "matan y dejan los cuerpos despedazados en los baldíos". Según dijo, "injustamente" la Intendencia de Montevideo ya no "los levanta" y es la Policía la que tiene que tomar cartas en el asunto.

La coordinadora planteó en el Parlamento que, por lo menos una vez al año y en forma similar a lo que hacen los psicólogos, los policías puedan tener la posibilidad de "romper el círculo", recibir terapia y hablar de sus problemas, además de abordar las situaciones que viven día a día en su labor. Una terapia que, a su juicio, debería debería ser pagada por el ministerio. "No debería salir de nuestros bolsillos", afirmó.