POLÉMICA

Las acusaciones contra la falta de transparencia y presunta ausencia de controles en la administración volvieron a instalarse en Colonia y con foco en la gestión del intendente blanco Carlos Moreira. Es que la condena por corrupción para el alcalde blanco Alfredo Sánchez y su familia -sus hijos Pablo y María Sánchez, edil y suplente del alcalde, respectivamente- y la concejala Nancy López -esposa del edil-, generó una cadena de reacciones políticas que salpicaron al jefe comunal.

El departamento ya había sido escenario de enfrentamientos políticos entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, que acusaba al oficialismo, y particularmente a Moreira, de otorgar y renovar pasantías en forma irregular, historia que fue zanjada en mayo pasado, cuando la Fiscalía archivó la denuncia de la oposición.

Pero las aguas habitualmente tranquilas de Colonia volvieron a tener olas: las bancadas de los tres partidos que tienen representación en la Junta Departamental mantuvieron reuniones en las últimas horas, y algunas ya tomaron decisiones.

La del Frente Amplio, por ejemplo, resolvió impulsar un llamado a sala de “carácter grave y urgente” al intendente para que brinde explicaciones al respecto y exponga “las acciones que la intendencia llevará a cabo”, y los colorados pidieron medidas para terminar con el clientelismo. “Es una modalidad del Partido Nacional trabajar con discrecionalidad, como lo hizo el alcalde; nosotros sospechamos y no tenemos dudas de que esto puede ocurrir en otros municipios”, opinó en diálogo con El País Ariel Beltrán, edil y coordinador de bancada de la coalición de izquierda, que quiere así indagar sobre si los favores a cambio de votos, el uso personal de bienes comunales y las maniobras para quedarse con dinero público son elementos comunes a otras alcaldías.

“Esto lo sabíamos todos, por lo tanto Moreira debería haberse puesto como objetivo un mejor control político o administrativo”, agregó Beltrán.

En el Partido Nacional ya se puso en conocimiento a la comisión de ética y se espera que analice el caso con celeridad. “Les voy a pedir que actúen rápidamente”, dijo el presidente del directorio, Pablo Iturralde, quien no tiene dudas de que la colectividad debe “echar del partido” a la familia Sánchez.

También se pronunció la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien dijo en rueda de prensa que asume que el partido sancionará con “la medida más grave”, aunque aseguró que, a su entender, esto ocurre porque existen “aspectos de la condición humana que muchas veces saltan”.

En paralelo, la bancada de los blancos analizaba ayer por la tarde la posibilidad de promover una comisión pre investigadora para “establecer las responsabilidades” políticas, según contó a El País Claudia Maciel, presidenta de la departamental nacionalista. Sin embargo, esas responsabilidades involucrarían solamente a los ya condenados por la justicia penal, manifestó Maciel, que añadió que no veía ningún “drama” en la citación a Moreira a la junta, pues “la propia intendencia inició una inmediata investigación administrativa”.

Y en el Partido Colorado, representado por dos ediles, hubo una resolución que no escatimó en denuncias y pedidos. Exhortaron a Moreira a “la inmediata adopción de medidas que contribuyan a modificar radicalmente el modelo de gestión” de los últimos años, lo que a su criterio llevó a que se formara una “maquinaria político-electoral que han puesto a funcionar desde hace décadas dirigentes del Partido Nacional y que explica, en gran medida, su permanencia casi a perpetuidad al frente de la intendencia”. Por eso, solicitaron “impulsar una auditoría externa” y la “intervención del Tribunal de Cuentas de la República en todos los municipios del departamento”.