Redacción El País
La Corte Electoral dispuso un sumario para dos funcionarios utilizar la base de datos del organismo con el objetivo de identificar a víctimas que denunciaron al exsenador Gustavo Penadés.

Por este caso, el ministro de la Corte Electoral Arturo Silvera dispuso el cese del pase en comisión de Graciela del Vecchio, una de las sumariadas junto a Horacio Tejera, informó el periodista Eduardo Preve y confirmó a El País José Garchitorena, ministro del organismo.

Tal como informara El País, el 9 de octubre, Silvera solicitó una reunión de carácter extraordinario de las autoridades del organismo. Al conformarse el cuerpo, el ministro de la Corte informó que Del Vecchio habría incurrido en una irregularidad al buscar identidades de víctimas vinculadas alcaso Penadés en el padrón de la Corte Electoral. Inmediatamente, y por unanimidad, el organismo aprobó realizar una investigación administrativa para saber qué ocurrió.

La indagatoria interna incluyó a Del Vecchio, que trabajaba en el despacho de Silvera y a Tejera -exsecretario del entonces senador Gustavo Penadés- que cumplía funciones en la “Sección Recursos”, una repartición que depende de la Secretaría de Corte y a la que el funcionario ingresó el 1° de setiembre. Su puesto era un lugar clave ya que se accede a información reservada de la institución.

La funcionaria de ANEP, en comisión en el despacho del ministro Silvera, buscó, a pedido del exsecretario de Penadés, identidades de las víctimas que declararon en la fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno, cuya titular es la fiscal Alicia Ghione. Mientras se sustanciaba la investigación, la Corte Electoral decidió que la funcionaria investigada saliera de licencia, mientras que el exsecretario de Penadés fue trasladado al Servicio Médico donde no maneja información clasificada.

Según supo El País de una fuente de la Corte Electoral, otros tres funcionarios fueron investigados porque habrían estado involucrados de alguna manera con las investigaciones irregulares a víctimas del caso Penadés.

Las fuentes expresaron que en la investigación administrativa la funcionaria del ministro Silvera reconoció haber buscado datos de los jóvenes denunciantes en la causa penal.