POLÉMICA OBRA

En la interpelación que llevó adelante el oficialismo el miércoles pasado por la construcción del Antel Arena -pese a que los senadores frenteamplistas no se presentaron en la sala- se habló mucho del millonario emprendimiento. Pero hubo algo que se dijo allí y que levantó especial polvareda.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo que nunca había existido un informe jurídico de la Facultad de Derecho que avalara la constitucionalidad de la inversión, carta que usó Carolina Cosse -impulsora de la construcción del estado cuando estuvo al frente de Antel (2010-2015)- para defender que la obra no contravenía el artículo 190 de la carta magna, que sostiene que las empresas públicas no pueden “realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.

La discusión se da en torno a un informe de 2013 elaborado por el catedrático Alberto Pérez Pérez -hoy fallecido y de destacada trayectoria como jurista internacional-, entonces director del Instituto de Derecho Constitucional, que Cosse citó en más de una oportunidad ese año como prueba de la presunta constitucionalidad del emprendimiento.

Pero la cronología y el detalle de los hechos en torno a ese informe, más el trasfondo de las declaraciones públicas de Cosse y la discusión que tuvo en ese año el consejo de la Facultad de Derecho a propósito del trabajo del prestigioso académico, dejan en evidencia, al menos, algunas contradicciones.

Durante la interpelación, Gurméndez dijo en el Senado que Antel había enviado recientemente un oficio a la Facultad de Derecho solicitando detalles del trabajo de Pérez Pérez, y que en respuesta la institución académica declaró que el informe en cuestión no contaba con “la firma del secretario de la época” y que no existían tampoco las “actas de que se haya analizado la constitucionalidad del Antel Arena”, según dijo el propio presidente de la estatal de telecomunicaciones, en respuesta a una de las preguntas del senador interpelante, Jorge Gandini.

Este informe había motivado ya la preocupación de Gandini en 2013, cuando por primera vez empezó a citarse el supuesto trabajo de la Facultad de Derecho. Como diputado, el 10 de julio de ese año escuchó en la Comisión de Industria de la Cámara Baja al entonces asesor letrado de Antel, Matías Rodríguez -citado junto con la propia Cosse y el entonces ministro Roberto Kreimerman para hablar del emprendimiento que estaba en proceso-, defender la legalidad del Antel Arena citando “los criterios de interpretación constitucional del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la República”. “Este apéndice -siguió diciendo Rodríguez ese 10 de julio- está suscrito por el director del instituto, el doctor Pérez Pérez”.

Cosse tomó luego la palabra para reafirmar que el trabajo citado por Rodríguez, a encargo de Antel, “se ha manifestado claramente a favor de la constitucionalidad de esta iniciativa”, tal como consta en la versión taquigráfica de esa sesión disponible online.

Cosse volvió a referirse al asunto, esta vez en declaraciones a En Perspectiva, en ese entonces en radio El Espectador, cinco semanas después. El 15 de agosto, luego de que el Tribunal de Cuentas objetara la construcción del estadio multifuncional precisamente por no respetar la Constitución, anunció que el proyecto seguiría adelante “como está pautado”, y mencionó las supuestas conclusiones de la Udelar: “Contamos con el respaldo de nuestros servicios jurídicos y hasta un estudio del tema elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República que respalda la constitucionalidad y la capacidad de hacer el emprendimiento”, dijo la actual intendenta de Montevideo.

Gandini reparó en la reiteración de esas declaraciones y solicitó un informe el Ministerio de Industria para conocer el “presunto informe elaborado” por la Udelar. Pero su reclamo no sería respondido sino hasta este año, con el cambio de gestión en la cartera.

Lo curioso es que para ese día -el 15 de agosto de 2013-, el informe de Pérez Pérez ni siquiera existía. O, mejor dicho, el trabajo del catedrático, al que accedió El País -y que concluye que el emprendimiento es “perfectamente acorde con la Constitución”- tiene fecha del 16 de agosto, un día después de la entrevista radial a Cosse y del pedido de informes de Gandini.

Cuatro días más tarde, el 19 de aquel mes, las referencias públicas al informe de Pérez Pérez llamaron la atención de los cinco consejeros de la Facultad de Derecho por la oposición -integrantes de la minoritaria CGU-, que elevaron una carta a la entonces decana de la facultad, Dora Bagdasarian, para saber de qué se estaba hablando. En concreto, pidieron “copias de la solicitud (del informe), de la decisión y de las actuaciones llevadas adelante”, saber la fecha en que “se puso en conocimiento del consejo la resolución respectiva”, así como “la copia del acta del o de los institutos que formularon el o los informes”.

De acuerdo a documentación de la Udelar a la que accedió El País, el consejo de la Facultad de Derecho tuvo que reiterar, el 10 de octubre de ese año -en una decisión adoptada por unanimidad de los integrantes- al instituto que conducía Pérez Pérez que enviaran el trabajo del catedrático.

Poco más de un mes después, el 14 de noviembre, fue que el consejo de la Facultad de Derecho votó la toma en conocimiento de un expediente sobre la constitucionalidad del Antel Arena, pero este no contenía el informe de Pérez Pérez. El 28 del mismo mes, algunos consejeros detectaron el error y pidieron que se reconsiderara la resolución de esa sesión, pues no habían tenido acceso al informe, pues no figuraba -como debía hacerlo- en el expediente que les habían enviado, y porque había sido votado sin discusión. Incluso allí se pidió la renuncia de la decana.

Guillermo Chiribao, uno de los cinco consejeros de esa época que pidió explicaciones, recordó este episodio en una columna publicada ayer en el portal Uypress. “Confieso que dado el ambiente reinante en las sesiones del consejo y la forma en la que la mayoría transitoriamente gobernante de la facultad llevaba adelante la gestión, dudábamos de tener éxito con nuestra solicitud. Y así fue”, escribió el abogado.

“Ese informe no contó jamás con nuestra aprobación”, además de que no se cumplió “con ninguna norma administrativa” de la facultad, dijo. Y añadió: “Lo dije en ese momento y está en el acta, me pareció y me sigue pareciendo inmoral”.