La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, presentó este jueves sus descargos sobre el inicio al juicio político que es impulsado por ediles de la oposición capitalina.

En un documento de 20 páginas, la jefa comunal aseguró que en 2020 y 2022 respondió todos los pedidos de informes solicitados a la comuna. La supuesta falta de respuestas había sido el argumento esgrimido por los ediles blancos y colorados que propusieron el juicio político en la sesión del viernes 7 de octubre del año pasado, cuando Cosse no asistió a un llamado a sala.

“Es claro que no existió una ‘sistemática falta de respuesta’ a los pedidos”, subrayó Cosse en el escrito.

La intendenta citó a varios juristas para explicar que, dado que todos los pedidos de informes habían sido respondidos, “carecía de objeto” el llamado a sala al que había sido convocada y que la obligaba a estar presente en esa instancia. “No se verifica el supuesto normativo que exige la comparecencia personal del intendente o la intendenta”, en virtud del artículo 285 de la Constitución, como reclamaban los ediles.

“Cabe preguntarse ¿de dónde surge que la fecha de aprobación del llamado a sala es la que deba tenerse en cuenta tal como afirman los ediles convocantes? No surge del análisis jurídico ni hay norma ni doctrina que sostenga la interpretación que pretenden imponer los ediles convocantes”, señaló Cosse.

La intendenta recordó que enla sesión del viernes 7 de octubre, como informó El País, la mayoría de los ediles no se quedó en sala para escuchar las explicaciones del prosecretario Daniel González y del director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Monchecchi, que ese día representaron a Cosse en la Junta Departamental de Montevideo.

Después de haber planteado este punto, la intendenta concluyó que “no existió ninguna falta” de su parte ni de la administración. “Y mucho menos una ‘violación grave de la Constitución’ como acusan los promotores de este juicio político”, subrayó.

Cosse hizo hincapié en que el uso de este instrumento constitucional, puntualmente en este caso, “es absolutamente improcedente y a la vez irresponsable”.

“La promoción de este juicio político no tiene ningún fundamento más que atacarme e intentar socavar la la gestión de esta administración”, subrayó.

Al presentar sus descargos por escrito a los senadores, la intendenta de Montevideo encabezó una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, rodeada de legisladores del Frente Amplio, su fuerza política. Allí Cosse agradeció a la bancada, a los alcaldes y a jerarcas de la comuna capitalina que la acompañaron. “Con esta convocatoria lo que se pretende hacer es un juicio político que termine con mi destitución”.

“Ni yo ni la Intendencia de Montevideo hemos violado la Constitución en ningún aspecto”, subrayó la ingeniera y describió, a grosso modo, el contenido del documento que le entregó en mano a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.

La intendenta cuestionó el uso de una herramienta constitucional de contralor con fines “político partidarios”.

Consultada por la prensa, dijo que está dispuesta a dar explicaciones en la Junta Departamental, pero indicó en qué ocasiones opta por no ir. “Voy a ir cuando sea necesario sin ningún problema. Nosotros somos cuidadosos con no generar los climas que nada tienen que ver con la urbanidad. Si el clima que se va a formar es uno que tiene más que ver con cuestiones histriónicas, yo no voy a acompañar eso”, afirmó.

“Lo que digo es que siempre voy a ir con un ánimo constructivo y de llevar toda la información. Cuando se lleva toda la información y ni siquiera se quedan a escucharla, “deja mucho que desear”, agregó, tras una repregunta.

Cosse criticó que se intente instalar la idea de que su administración es poco transparente, cuando lidera los rankings en esta materia de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), como se reseña en los descargos.

Al contrario de lo que plantea la oposición, según Cosse, la Intendencia de Montevideo “está comenzando a convertirse en un referente a nivel internacional”.

“Entiendo que (el juicio político) es un ataque que no tiene ningún sustento jurídico”, concluyó.