Redacción El País
En el Parlamento se estudia obligar a supermercados a informar los precios por unidad de medida —sea en kilos, metros o litros— de los productos en el mismo cartel en el que aparece el precio de venta —es decir, si un envase contiene 300 gramos, también habría que poner allí el precio por kilo del mismo producto. El objetivo es que el cliente pueda comparar a simple vista los precios de, por ejemplo, mermeladas, que vienen en presentaciones de distinto tamaño.

El proyecto de ley, que tiene características similares a uno del Frente Amplio que fue presentado en el período pasado, es impulsado esta vez por el Partido Colorado y es resistido por la Asociación de Supermercados del Uruguay.

Justamente un representante de esta organización, Daniel Menéndez, indicó en la comisión de Hacienda de Diputados que tiene un “costo altísimo” instrumentar la medida en un comercio grande que puede llegar a tener unos 30.000 ítems, puesto que los carteles hay “modificarlos permanentemente, ya sea porque cambia una promoción o por otra razón”.

Menéndez apuntó que los supermercados son “quizás las empresas más controladas del Uruguay” y que se les “vive instrumentando regulaciones”.

En ese sentido, continuó: “Esta es una gota más para el vaso, que desborda por los costos. Digo esto porque ahora viene el Plan Vale —que implica la recolección de envases—, está esta iniciativa y están los controles bromatológicos a nivel municipal que, por ejemplo, nos piden a cada a rato que pongamos un contenedor acá o allá”.

También apuntó que, en un supermercado, la “última góndola está alta y las etiquetas tienen tres centímetros de ancho”, por lo que, si ahí se ponen “dos precios” —el de venta al público y el de venta por unidad de medida— “hay que ver si por el tamaño se puede leer o no”.

Además, Menéndez cree que se podría generar “confusiones” y que, cuando la persona llega a la caja, se podría “quejar” sobre el precio porque se confundió uno por otro.

A su vez, cuestionó la fiscalización que se pueda dar: “Todo eso beneficiaría muchísimo a la población, porque nosotros hacemos el proyecto de ley, estamos todos de acuerdo, se vota, pero ¿quién lo va a controlar? ¿Quién va a ir a Tranqueras a buscar un comercio que tenga una etiqueta que diga: "El producto vale 10 y el producto por unidad de venta, 8"? Esa gente también se va a confundir y tiene el mismo derecho de estar informada que la de Montevideo”.

A esto, la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra respondió que ya le consultaron al Ministerio de Economía y Finanzas y a Defensa del Consumidor cuánto puede hacerse cargo del control. Y añadió. “Una de las preocupaciones es que, cuando comience a reglamentarse, van a empezar a tener demandas desde cualquier punto del país en cuanto a que esto no se está cumpliendo. Por lo tanto, queremos saber qué capacidad se tiene para implementar esto realmente”.

La alternativa que planteó Menéndez —quien aclaró que no se oponen al “objetivo del proyecto” — es “poner en las cabeceras de góndolas terminales” para que la “gente pueda pasar el código de barras del producto y que salga toda la información”. Pero también puso arriba de la mesa la posibilidad de —tras hablar con la ONG mundial GS1— que se aplique una “solución más sui generis, a la uruguaya”. Puede ser que la persona, con un teléfono, “pueda escanear el código de barras y que en la pantalla del teléfono pueda obtener la información”, añadió en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley se “inspira” —según se desprende de la exposición de motivos— en una “necesidad de cualquier persona y consumidor que ha concurrido a los mercados y se ha encontrado con esta dificultad” en la búsqueda de “cuidar su economía doméstica y de bolsillo”. Donde se añade que “la falta de información clara impide que los consumidores tomen decisiones eficientes, lo que puede traducirse en precios más altos y menor competencia”.

La iniciativa —que presentó el diputado colorado Juan Martín Jorge— “se centra en la compra de artículos alimenticios, de higiene personal y de uso doméstico”. Además, se argumenta que, “desde hace décadas, se exige la inclusión del precio por unidad de medida en las etiquetas de los productos en países como Estados Unidos y diversas naciones europeas”; y que se “han adoptado regulaciones similares con resultados positivos” en países latinoamericanos como Colombia, Chile y Argentina.