Tras la batalla electoral, el presidente Luis Lacalle Pou sigue en el medio del ring: concreta la compra de seis aviones de combate a Brasil en un mano a mano con Lula Da Silva en Paraguay, defenderá la reforma de la seguridad social ante el plebiscito impulsado por el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio, su nombre se repite al final de ciertos discursos electorales para levantar el aplauso de la militancia nacionalista, senadores impulsan sus proyectos y ya se sabe que encabezará listas del Partido Nacional. Y hay, además, dirigentes que se preguntan quién coordinará la actividad parlamentaria en caso de que Álvaro Delgado sea electo presidente, si Valeria Ripoll desde la Presidencia de la Asamblea General o Lacalle Pou desde su banca.

El primero en ubicar al presidente en un lugar central de la campaña fue el propio Delgado, en la noche de las elecciones internas. Tras anunciar que Agustín Iturralde iba a coordinar los equipos técnicos que diseñen el programa partidario invitando a participar a los otros precandidatos, y que Ripoll iba a ser su candidata a vicepresidenta, Delgado jugó la carta más popular que tiene el Partido Nacional en el mazo: “Acabo de hablar con el presidente de la República y le pedí, porque en este momento especial todos los blancos necesitamos poner todo el alma en la cancha, que integre las listas al Senado, y se comprometió”.

Si el anuncio de Ripoll dividió aguas entre dirigentes y militantes que rodeaban el estrado, el de que Lacalle Pou encabezaría las listas reunió solo expresiones de algarabío.

Aunque falta mucho para armar las listas, hay un sector que ya comenzó a hablar del tema y que se ha erigido como claro defensor de la gestión presidencial, que es Espacio País, liderado por el exministro de Defensa, Javier García, quien este lunes durante el plenario de la lista 40 cerró su discurso de 17 minutos con el naipe más popular. “Hemos pedido a Luis que encabece nuestra lista al Senado de la república, así que la fórmula va a ser Delgado, Ripoll y Lacalle Pou, que es presidente, pero (es también) nuestro compañero, que tiene gran parte de (responsabilidad en) todo lo que construimos y que con él también vamos a llegar a la victoria”, dijo el senador, y agregó: “Dentro de cinco años le vamos a pedir que el orden sea diferente, pero tenemos tiempo para eso”.

Un intendente blanco del entorno de Delgado estima que si su candidato es electo presidente y Lacalle Pou asume su banca en el Senado, como algunos creen que hará, quien cumplirá la función de vicepresidente, la de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tiene por fuerza que ser Lacalle Pou. “¿Quién conducirá las negociaciones si está Lacalle en el Senado: Ripoll o Lacalle Pou? Lacalle Pou”, se preguntó y respondió el jefe departamental en diálogo con El País.

Porque ningún nacionalista duda de lo evidente: Lacalle Pou es el líder del Partido Nacional, y el principal activo político para Delgado. Y aquí es que los nacionalistas valoran especialmente algo que ya sabían que ocurriría pero que fue confirmado esta semana: el presidente saldrá a hacer campaña para defender la reforma de la seguridad social que parte de la izquierda quiere tirar abajo en las elecciones de octubre, como informó El País el lunes.

Lacalle Pou, según señalaron fuentes de Presidencia, ya tiene pensado cómo desplegar esa campaña, que lo hará cuidando de no caer en la prohibición constitucional que no le permite "intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral" como entiende que ha evitado que ocurra en su mandato como pocos presidentes lo hicieron.

"Se va a hacer una fiesta", comentó a El País un operador nacionalista, al reparar en los argumentos que apuntan al descalabro económico e institucional que supondría el triunfo de la propuesta del Pit-Cnt —que fija en 60 años la edad jubilatoria, ata las jubilaciones a los salarios mínimos y elimina las AFAP.

Además, Lacalle Pou no solamente se limitará a defender la ley, sino que apuntará a la falta de voluntad política de los gobiernos anteriores para proponer una reforma de un sistema que presentaba problemas desde hace años y sobre cuyo diagnóstico había consenso, y a que el candidato frenteamplista Yamandú Orsi y los principales actores de la oposición expresen con claridad su postura.

Foto: Leonardo Mainé

El presidente se comunicó telefónicamente con Ripoll en las últimas horas, como dijo este lunes a la prensa la candidata a vicepresidenta. Al ser consultada sobre si se reunirá con él, respondió que no lo tiene planteado, pero acotó que “seguramente se dé en el correr de la campaña”.

La gestión del presidente recibe la aprobación del 50% de los uruguayos, según la última encuesta de Opción Consultores, presentada el 12 de junio en canal 4, y del 46%, según una medición de Cifra difundida en canal 12 a comienzos de abril. Estos datos son referidos por los dirigentes blancos en los actos. “Nosotros vamos al último domingo de octubre y noviembre a plebiscitar una gestión de gobierno, de la cual nosotros—y la enorme mayoría de los uruguayos, así lo dicen las encuestas — no solo estamos conformes, estamos orgullosos, por haber integrado este gobierno, por haber obtenido los logros y los derechos que este gobierno logró para los uruguayos y por lo tanto estamos orgullosos del presidente que las mayorías populares eligieron en la pasada elección”, dijo este lunes García.

El mandatario, que ganó su primera elección interna del Partido Nacional siendo diputado y luego fue electo senador, incidió en la agenda legislativa de este año con al menos tres movimientos: envió un proyecto de reforma de la ley de género, pidió a su bancada que no vote la regulación de la eutanasia en medio de la campaña electoral e impulsa una iniciativa para que el Estado recupere el dinero que pierde en demandas por culpa grave o dolo de sus funcionarios.

En cuanto a este último punto, las senadoras nacionalistas Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, ambas del sector Aire Fresco (lista 404), el que fuera fundado por el mandatario en 2008 junto con el hoy candidato Delgado, presentaron un proyecto de reglamentación del artículo 25 de la Constitución de la República, el que estipula que “cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”. Repetir el gasto significa cobrarle al funcionario el monto que el Estado debió pagar por su accionar culposo o doloso.

Asiaín expondrá en la próxima sesión de la Comisión de Constitución y Legislación los motivos que justifican la iniciativa e informó a El País que “es de interés del presidente desde hace varias legislaturas”.

Foto: Andrés Ojeda.